Cuatro voces expertas analizan el colapso del pacto federal ante la entrega de soberanía en Chihuahua, las acusaciones en contra del gobernador de Sinaloa, el avance del control militar sobre la vida pública, el asedio judicial de Washington y una cultura electoral que comienza a mirar más hacia Texas que hacia la capital.
Ignacio Alvarado Álvarez – Sígueme en X
Tras meses de escudriñar las estrategias de seguridad pública y las crisis violentas en los estados del norte —donde el PRI y el PAN han mantenido una alternancia histórica, o donde las nuevas figuras de Morena suelen provenir de esas mismas canteras—, Guillermo Garduño, uno de los más respetados especialistas en Seguridad Nacional, Fuerzas Armadas y Narcotráfico, ha decantado una conclusión que no admite matices: México camina hacia una balcanización irreversible.
En su análisis, el término no es una exageración retórica, sino la advertencia de una fragmentación territorial y política en la que un Estado se disgrega en unidades más pequeñas y a menudo enfrentadas. Para el investigador de la Universidad Autónoma de México (UAM), el norte del país ha iniciado un proceso de desprendimiento gradual del modelo de gobernanza que impulsa la llamada Cuarta Transformación.
Esta ruptura no responde únicamente a la lógica partidista o al refugio de la oposición en las franjas fronterizas, sino a un rediseño del interés geoestratégico de Estados Unidos sobre una región que considera vital para su propia estabilidad. Bajo esta óptica, el mapa nacional se agrieta por la presión de fuerzas externas y la erosión de un centro político que parece haber perdido el control sobre sus márgenes.
Este escenario de fractura encuentra sus síntomas más agudos en las crisis que hoy sacuden a Chihuahua y Sinaloa. Ambos estados se han convertido en el epicentro de una tormenta donde convergen el espionaje, las estructuras del crimen organizado, inversiones tecnológicas y la intervención judicial extranjera.
Más que incidentes aislados, dice Garduño, lo que exhiben ambos casos confirman la crisis diplomática más profunda entre México y Washington en décadas. Un choque de soberanías en las que las acusaciones del Departamento de Justicia y la presencia de agentes de inteligencia en suelo chihuahuense han dejado al descubierto la fragilidad de los acuerdos binacionales.
El gobierno mexicano tiene muy pocas opciones para hacer frente a los intereses de la Casa Blanca, hoy matizados por su urgencia de ejercer el dominio absoluto sobre el continente. La primera de ellas es la que mantiene hasta hoy: exigir al gobierno de Estados Unidos el envío de pruebas irrefutables para arrestar al gobernador Rubén Rocha Moya y procesarlo aquí, y a un mismo tiempo presionar con una investigación en contra de la gobernadora Maru Campos, bajo la sombra de una traición a la patria.
Con ello, la probabilidad de una incursión estadounidense para apresarlo —tal y como hicieron con el presidente venezolano Nicolás Maduro— es altamente probable, y se pondría en duda la continuidad del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), lo que fracturaría de golpe la columna económica del país. La otra opción que ve Garduño conduciría al peor de los escenarios, el de la división real de la República.
“Aquí tendríamos que observar cuántos de los gobernadores que no sean de Morena —actuales y a futuro— pudieran en un momento determinado sumarse al proyecto norteamericano y desintegrar la Nación Mexicana—dice. Eso puede pasar. Así de grave es lo que sucede”.
En Chihuahua, las repercusiones de este choque de trenes anticipan un reordenamiento institucional de pronóstico reservado. El analista político y académico Víctor Quintana observa un fenómeno de aislamiento en el que las decisiones locales quedan supeditadas a la seguridad fronteriza y a la urgencia de Washington por blindar sus intereses energéticos y logísticos.
Este proceso de “colaboracionismo” —como él mismo lo define— se ha gestado a la vista de todos: desde la firma en 2022 de los memorándums de entendimiento con Greg Abbott para poner la Plataforma Centinela al servicio de Texas, hasta el anuncio de que un piso entero de dicha torre estará cedido a agencias como el ICE, la DEA y por consiguiente a la CIA.
Frente a esta entrega de infraestructura y datos, el Gobierno Federal ha mantenido un silencio que raya en la negligencia. “Siento que los gobiernos de las 4T no le han dado suficiente importancia a algunos hechos que luego se les convierten en grandes”, señala Quintana. En el actual contexto, Chihuahua se percibe como una pieza de sacrificio en un tablero donde las reglas se dictan lejos de la capital mexicana y las consecuencias se pagan en el territorio.
La comprensión de este fenómeno exige mirar debajo de la superficie del discurso institucional. Para desentrañar la complejidad de este momento histórico, es necesario profundizar en las voces de quienes han seguido el rastro de la militarización, el derecho constitucional en jaque y las mutaciones de la cultura electoral.
EL MITO DE LA SOBERANÍA
La narrativa oficial del gobierno mexicano se aferra a un clavo ardiendo: la tesis de una posible “traición a la patria” que busca encubrir la pérdida de control territorial, mientras que la administración local en Chihuahua se apresura a sostener la versión de un simple “accidente” en la sierra que cobró la vida de dos agentes de la CIA. Sin embargo, en los pasillos de la inteligencia estratégica, el evento se lee bajo una luz distinta. Más que una claudicación táctica, el suceso revela la consolidación de un eje operativo que ignora por completo el pacto federal: una estructura de acuerdos establecidos directamente entre el gobierno de Chihuahua, el estado de Texas y agencias como el ICE, la DEA y la propia CIA.
Pero esto no se trata de una confianza absoluta de Washington hacia el poder local, sino de un entendimiento resquebrajado que exhibe además al gobierno de Claudia Sheinbaum como un espectador de sus propios márgenes, obligándola a ordenar una investigación para determinar el alcance de la violación a los tratados binacionales, que son competencia exclusiva de la Federación.
Este despliegue de agencias extranjeras en territorio chihuahuense es la culminación de un proceso de colaboracionismo que el centro del país permitió germinar, tal y como observa Víctor Quintana. Pero lo que inició como una cooperación tecnológica escaló sin resistencia hasta la cesión de espacios físicos para la inteligencia estadounidense, una entrega de soberanía que Guillermo Garduño, el especialista en Seguridad Nacional, identifica como el origen de la crisis actual.
Para entender la presencia de agentes extranjeros, hay que abandonar las premisas del régimen actual, propone Garduño. Desde la Nueva España con Alexander von Humboldt, la inteligencia extranjera ha sido una constante en la vida de México. Estados Unidos ha operado desde siempre bajo una lógica de seguridad nacional pragmática, que en la actualidad no puede permitir laboratorios de fentanilo a menos de 500 kilómetros de su frontera.
El operativo en la sierra, que —de acuerdo con el especialista—el gobierno intenta minimizar, no fue un paseo de observación. Se trató de una misión para destruir una planta de fentanilo, una tarea que requiere comandos, apoyo de helicópteros y logística terrestre. “Lo que el discurso oficial omite es que estas incursiones cuentan con la anuencia de sectores del Ejército Mexicano vinculados al Comando Norte. Mientras la diplomacia se desgarra las vestiduras, el territorio mexicano ya está integrado en las prioridades de seguridad de Estados Unidos”, explica.
LA HERENCIA DEL ESPIONAJE
La indignación por la presencia de la CIA en México ignora ciertamente la historia profunda. El primer gran espía, Alexander von Humboldt, inventarió los recursos mineros y militares de la Nueva España para terminar entregando esa información al presidente Thomas Jefferson en 1810. Esos datos fueron la hoja de ruta para la expansión estadounidense y las posteriores intervenciones, incluidas las de la actualidad.
La soberanía ha sido, históricamente, una moneda de cambio. Desde el apoyo de Washington a Benito Juárez contra el Imperio de Maximiliano —proveyendo armas y logística— hasta la formación de la Dirección Federal de Seguridad y el CISEN, la relación ha sido de dependencia, observa Garduño, obligando a la revisión acuciosa del pasado. “Incluso presidentes como Adolfo Ruiz Cortines, López Mateos, Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo, han sido señalados en archivos desclasificados como activos de inteligencia”.
La crisis actual en Chihuahua es, en todo caso, la continuación de un pacto de élites que hoy se encuentra bajo fuego por las acusaciones del Departamento de Justicia contra la cúpula política de Sinaloa.
CAPITAL Y CONTROL TERRITORIAL
Más allá del fentanilo subyace la protección del capital y el control del territorio. En 2025, las inversiones directas en el país —cuyo corazón estratégico lo integran las entidades del norte— superaron los 327 mil millones de dólares. Los estados del norte no son, en consecuencia, solo una ruta de trasiego de drogas, sino el origen de la reserva minera, de hidrocarburos y agrícola para el eje de competitividad de Norteamérica. “Como decía Henry Kissinger en la era de Nixon, esta región, que incluye el centro de California, es vital para la subsistencia estadounidense”, recuerda Garduño apelando a uno solo de estros rubros, el de la alimentación.
El problema es que el modelo ha cambiado. En Sinaloa ya no se produce únicamente alimento, se produce fentanilo y se captura el territorio por el que se desplaza el resto de los componentes indispensable para preservar la hegemonía de Estados Unidos. Washington ha instrumentado, por tanto, leyes antinarcóticos que chocan frontalmente con un régimen mexicano que insiste en usar la “soberanía” como escudo para proteger —en este caso concreto— a políticos señalados por corrupción y alianza con el crimen organizado.
CALLEJÓN SIN SALIDA
El gobierno mexicano se encuentra atrapado, tal y como advierte Garduño, el especialista en Seguridad Nacional, y parece no tener salida. “Toma en cuenta la frase que se le atribuye a Rocha Moya: ‘si caigo yo, caemos todos’. Así que en este momento la presidenta debe estarse planteando cerrar Dos Bocas —dice con sarcasmo—: la de Ovidio Guzmán, y la de Ismael El Mayo Zambada”.
En su vasta trayectoria analizando los temas de seguridad, fuerzas armadas y narcotráfico, ubica el problema en la evolución misma del negocio de las drogas, que se ha transformado en un eje de carácter político del país. Garduño explica que de una casta política acostumbrada a recibir maletas con dinero, cambió a una que decidió integrarse a las dinámicas criminales, creyendo que podía quedarse con el negocio en su totalidad.
“Olvidaron que esa facultad le corresponde a un poder superior—dice. Más de 200 mil millones de dólares anuales que seguramente deben ser producto del narcotráfico a nivel global, solo puede manejarlos el sistema financiero. Wall Street sería uno de esos puntos. Y tienes a figuras como Ovidio Guzmán o Ismael Zambada como los poseedores del mapa interno de la narcopolítica. Eso es un factor que preocupa al gobierno, porque parte del capital que se genera se volvió en combustible para las campañas y el control estatal”.
¿Y qué pasa con las fuerzas armadas? Como uno de los referentes en el tema, el investigador de la UAM no duda en afirmar que el Ejército Mexicano mantiene un pacto de silencio con sus contrapartes estadounidenses. Un acuerdo que, por supuesto, excluye a la política civil. Sobre todo en momentos actuales, cuando el dominio del territorio ha quedado comprometido porque los mandos civiles perdieron control sobre la información y desmantelaron el sistema legal.
“La alternativa del gobierno federal es bastante limitada—concluye Garduño: Intentar juzgar a los señalados en México para evitar que vomiten lo que saben en una corte de Nueva York. O se resiste y enfrenta las consecuencias que serían devastadoras (la suspensión del T-MEC, una vigilancia asfixiante en la frontera o, en el escenario más extremo, una intervención directa que podría desintegrar la cohesión nacional). La gravedad del caso Chihuahua y Sinaloa no es policial. Hablamos de una amenaza existencial para el Estado mexicano, tal y como lo conocemos”.
EL DILEMA ESTATAL
La crisis, como sea, no ha sido consecuencia de la casualidad. Víctor Quintana, el analista político, describe una combustión lenta que el gobierno de la 4T decidió ignorar.
El génesis de este desplazamiento institucional tiene para él una fecha precisa: abril de 2022. En aquel momento, la administración de María Eugenia Campos Galván formalizó un vínculo directo con el gobierno de Greg Abbott mediante un memorándum de entendimiento que, en los hechos, subordinó la infraestructura de seguridad estatal a las prioridades políticas de Texas. Bajo el pretexto de la modernización, Chihuahua entregó las llaves de la Plataforma Centinela —un complejo ecosistema de vigilancia tecnológica— para que fuera operado como una extensión del control migratorio estadounidense.
Ese acuerdo puede verse hoy como el primer eslabón de una cadena de colaboracionismo que permitió a las agencias extranjeras asentar sus reales en la entidad. Lo que comenzó como un intercambio de datos para frenar el flujo de indocumentados, pronto mutó en la cesión de espacios físicos y operativos, creando un enclave de inteligencia que operó durante meses en una zona gris, fuera del radar del Gobierno Federal.
La ahora senadora Andrea Chávez denunció los hechos en el Congreso, cuando fue diputada federal, pero el gobierno central optó por el silencio. Esa omisión permitió que el colaboracionismo estatal con agencias extranjeras creciera en la sombra. Poco antes del incidente en El Pinar —donde la presencia de agentes estadounidenses se hizo innegable—, figuras del panismo local como Gilberto Loya, actual Secretario de Seguridad en la entidad, ya anunciaba que el piso 18 de la Torre Centinela estaría cedido a agencias como el ICE y la DEA. La soberanía, en Chihuahua, se estaba entregando oficina por oficina.
LA DIPLOMACIA DE LA SELFIE
¿Por qué el Gobierno Federal no reaccionó a tiempo? La respuesta de Quintana parece hallarse en una mezcla de negligencia y una apuesta fallida por la política de “abrazos, no balazos”. Pese a que la gobernadora faltaba sistemáticamente a las mesas de seguridad semanales donde convergen el Ejército y la Guardia Nacional, en el plano público mantenía un doble lenguaje: sonrisas y fotografías con la presidenta Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, y un discurso de abierto distanciamiento y confrontación al regresar a su estado. Una trivialidad en la que jamás se fijó la vista.
Esta falta de relación institucional fue de lo estrictamente político a lo operativo. Washington decidió saltarse la burocracia federal para negociar directamente con los estados fronterizos. Y esto no se trata solo de cárteles, sino de una medida de control sobre los territorios por donde transitan las mercancías legales que sostienen la economía estadounidense. El “accidente” de los agentes de la CIA —cuya naturaleza fortuita aún se pone en duda— desnudó una arrogancia compartida, de acuerdo con Quintana: la creencia de que esta cooperación paralela nunca saldría a la luz.
ALIANZAS IMPRESENTABLES
El régimen actual se enfrenta ahora a su propio espejo. Bajo la inercia de la narrativa del “no somos iguales”, se han evitado las depuraciones éticas necesarias. Las alianzas pragmáticas tejidas para asegurar el triunfo electoral de la 4T —incluyendo pactos con figuras provenientes del viejo régimen— hoy pasan factura. El caso de Rubén Rocha Moya en Sinaloa es, para Quintana, el ejemplo más claro. Y si el Estado no investiga y juzga a sus propios cuadros, Estados Unidos lo hará por ellos.
De cara a los procesos electorales de 2027, el panorama es sombrío. Morena se ve obligado a una selección de candidaturas bajo la vigilancia externa de Washington. Ya no basta con ganar elecciones. La sombra del dinero sucio y el control territorial de los “cárteles” sobre los procesos electorales —como se denunció en Sinaloa, donde el crimen organizado operó contra la oposición— ha puesto en alerta al Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
MARU COMO CORINA MACHADO
El escenario que se dibuja para Chihuahua en los próximos meses es de una polarización extrema. Existe una convergencia de intereses entre la estrategia del PAN y la administración de Donald Trump, que para Quintana pudiera terminar incluso en una narrativa impensable hasta hace muy poco tiempo: proyectar a Maru Campos como una suerte de María Corina Machado mexicana. Una figura “heroica” que, supuestamente sola y con el Gobierno Federal en contra, se planta frente a los cárteles de la droga.
Sin embargo, esta construcción mediática choca con una realidad social efervescente. El blindaje que la gobernadora mantiene sobre los medios locales no ha impedido que el descontento ciudadano se filtre por las redes sociales, donde las convocatorias de protesta alcanzan audiencias masivas, inconcebibles hace apenas unos meses.
Pero el dilema para la oposición y para el partido oficial es el mismo: encontrar perfiles libres de sospecha. En Chihuahua, los nombres que baraja Morena, como Cruz Pérez Cuéllar o Andrea Chávez, cargan con sus propios señalamientos de corrupción o vínculos con grupos de dudosa reputación, como el “Cártel de la Barredora”, endosado al senador Adán Augusto López, padrino político de Chávez.
Mientras tanto, añade el analista, el PAN mantiene una “machosfera” de precampañas financiadas con recursos públicos, tapizando el estado con grandes espectaculares. Con Trump en la Casa Blanca y las listas del Departamento de Justicia actualizándose, la política en la entidad ha dejado de ser un juego interno para convertirse en un asunto de supervivencia internacional.
LAS CAPTURAS DEL PASADO
La estrategia de Washington para el norte de México parece haber desempolvado un manual de finales de los ochenta. Así es como analiza los hechos Héctor Tejera, un doctor en antropología social que ha documentado por décadas procesos políticos y campañas electorales. En el imaginario político actual—dice— la oposición y el gobierno de Donald Trump buscan internalizar la narrativa del “narco-estado” en la conciencia ciudadana, una táctica que evoca el proceso contra Manuel Antonio Noriega en Panamá o las acusaciones actuales contra Nicolás Maduro.
Para Tejera, lo que plantean los casos de Chihuahua y Sinaloa puede constituir la justificación necesaria para una intervención de mayor calado.
“Desde el análisis geopolítico, no es casualidad que, mientras Estados Unidos se empantana en el conflicto con Irán, el Departamento de Justicia lance una ofensiva judicial desde Nueva York. La acusación contra diez personajes clave, encabezados por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza, funciona como una válvula de escape y una herramienta de cohesión interna para Trump. En este escenario, la distinción entre un político puesto para controlar el conflicto y uno que forma parte de él, se vuelve peligrosamente borrosa”, explica.
BLINDAJE POLÉMICO
La situación de Rocha Moya es el epicentro de esta crisis. Hoy, el gobernador sinaloense se encuentra bajo la protección de la Guardia Nacional, una medida que admite dos lecturas opuestas pero igualmente críticas: o es un blindaje estatal para proteger a un aliado, o es una custodia cautelar para evitar una fuga al estilo de los viejos capos, dice Tejera. “Es, en términos llanos, una detención tácita, bajo el lenguaje diplomático de la seguridad”.
Si bien el Gobierno Federal ha respondido exigiendo pruebas contundentes a Washington, calificando las acusaciones de insuficientes, esta defensa de la legalidad es un arma de doble filo. Tejera dice que es racional exigir evidencia en un proceso judicial, a pesar de que desde la perspectiva norteamericana se lea como una negativa sistémica a castigar a quienes ellos ya han etiquetado como criminales. Pero este choque abre la puerta a lo que antes parecía impensable: acciones unilaterales que podrían pasar por encima de cualquier concepto tradicional de soberanía.
EL FISCAL COMO FUSIBLE
En Chihuahua, la respuesta a la muerte de los agentes de la CIA siguió un guion distinto. Mientras el gobierno de la Ciudad de México pide explicaciones sobre la presencia no autorizada de inteligencia extranjera, la gobernadora Maru Campos optó por una salida pragmática: el cese del Fiscal General del Estado. Al convertir al fiscal en un fusible, la administración estatal intentó encapsular la crisis y deslindarse así de la responsabilidad política de haber permitido operaciones de la CIA en territorio.
Este movimiento, aunque drástico, parece no hacer mella en el panismo ortodoxo de Chihuahua, que tiende a priorizar la seguridad —incluso si viene de manos extranjeras— sobre el discurso nacionalista.
Sin embargo, el asedio estadounidense está condicionando irremediablemente el tablero electoral. “La reciente llegada de Ariadna Montiel a la dirigencia de Morena, sustituyendo el perfil ya desgastado de Luisa María Alcalde —menciona Tejera como ejemplo— responde a la necesidad de una negociadora capaz de filtrar candidaturas. El objetivo es claro: evitar perfiles que puedan ser blanco fácil de las cortes de Nueva York, aunque en estados como Sinaloa o Chihuahua, donde la política está históricamente permeada por el crimen, garantizar la pureza de un candidato será una tarea casi imposible”.
EL FIN DE LA INMUNIDAD
Como uno de los más respetados constitucionalistas del país, el académico de la UNAM Raymundo Espinoza cree que el conflicto en Chihuahua ha dejado de ser una disputa de retórica nacionalista para convertirse en un expediente judicial de alto calado.
Tras la muerte de los agentes de la CIA y los funcionarios locales, la Fiscalía General de la República ha tomado el control, bajo la premisa de que la seguridad nacional fue vulnerada. El operativo, que derivó en la destrucción de un narcolaboratorio, ha puesto bajo la lupa no solo la presencia de inteligencia extranjera, sino la cadena de mando que permitió tal incursión sin el aval de la Federación.
Desde la perspectiva constitucional, explica Espinoza, el Estado de Chihuahua se rige por su propia soberanía, pero encuentra su límite infranqueable en las facultades exclusivas de la Unión en materia de relaciones exteriores y seguridad nacional. La intervención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no es por tanto una intrusión política, sino una competencia directa cuando se trata de aclarar cómo y bajo qué marco legal operaban agentes extranjeros en suelo mexicano.
LA ESTRATEGIA DEL DESLINDE
La gobernadora Mru Campos ha desplegado una defensa basada en el desconocimiento y la delegación de culpas, observa el constitucionalista. Ante el secretario de seguridad federal, Omar García Harfuch, la mandataria sostuvo que “no tenía conocimiento” de que los agentes de la CIA estuvieran en el terreno, atribuyendo la responsabilidad total al fallecido director de la Agencia Estatal de Investigación.
Sin embargo, para el Senado de la República y la bancada de Morena, esta explicación es insuficiente. Las acusaciones de traición a la patria y violación a la soberanía nacional han escalado hasta propuestas de juicio político.
El “desacato político” cometido por la gobernadora al declinar su comparecencia ante el Senado el pasado 28 de abril —argumentando una confidencialidad que los legisladores calificaron de pretexto— ha tensado la cuerda al máximo. Aunque la renuncia de César Jáuregui a la Fiscalía General del Estado operó como un primer cortafuegos, las omisiones admitidas en el operativo siguen apuntando hacia la cabeza del Ejecutivo estatal.
¿LICENCIA O DESAFUERO?
De momento, el futuro político de la mandataria se bifurca en dos vías legales, ambas con precedentes recientes que marcan un camino sin retorno, dice Raymundo Espinoza:
- La Vía de la licencia (voluntaria): separarse del cargo mediante una licencia es una decisión política que la gobernadora Maru Campos podría tomar para facilitar las investigaciones.
Efecto jurídico: al solicitar licencia, la funcionaria deja de ejercer el cargo y, según criterios recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tribunales federales, pierde la inmunidad procesal (fuero). Esto significa que la Fiscalía General de la República (FGR) podría proceder penalmente en su contra sin necesidad de un juicio previo.
Existe una petición ciudadana en Change.org que le exige separarse del cargo, similar a lo ocurrido recientemente con el gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, quien pidió licencia para enfrentar indagatorias federales.
B. La declaración de procedencia (obligatoria/desafuero): si la gobernadora decide mantenerse en su puesto, la autoridad federal debe seguir el proceso de declaración de procedencia (desafuero) establecido en el artículo 111 de la Constitución Federal.
Procedimiento: la FGR debe presentar una solicitud ante la Cámara de Diputados. Si ésta se aprueba, se notifica a la Legislatura de Chihuahua para que proceda como corresponda (aunque este punto ha sido objeto de disputas legales sobre si el estado puede o no frenar el desafuero).
Acusaciones: Senadores de Morena han planteado incluso acusaciones de traición a la patria debido a la presunta violación de la soberanía nacional al permitir operativos de la CIA sin autorización federal.
MUROS INSTITUCIONALES
Como reacción tardía para contener el daño, el gobierno estatal emitió un acuerdo que prohíbe explícitamente a cualquier funcionario local establecer mecanismos de cooperación con agentes extranjeros fuera de los cauces institucionales. Esto, para el constitucionalista, se trata de un reconocimiento implícito de que, hasta antes del incidente, Chihuahua operaba bajo una diplomacia paralela y extralegal.
“El caso de Chihuahua es hoy un laboratorio de derecho constitucional donde se mide el peso de la soberanía estatal frente a los compromisos de seguridad nacional. Con una unidad especializada investigando las muertes y una gobernadora bajo el asedio de investigaciones federales, el desenlace de este capítulo determinará si el fuero constitucional sigue siendo un escudo infranqueable o si, ante la presión de Washington y el rigor de la federación, se ha convertido en un velo demasiado delgado para ocultar las omisiones de la cúpula política”, concluye Ezpinoza.
