Ignacio Alvarado Álvarez – Sígueme en X
Durante más de quince años, Guillermo Arturo Zuany aprendió el arte de sobrevivir en las entrañas policiales de Chihuahua sin importar qué partido político administraba la entidad. Comenzó como agente investigador en 2009, escaló a coordinador antisecuestros durante el priismo de César Duarte, sorteó el quinquenio panista de Javier Corral desde mandos regionales y terminó convertido en pieza central del aparato de seguridad de María Eugenia Campos y del exfiscal César Jáuregui, primero al frente de la Agencia Estatal de Investigación y después como fiscal especializado en Operaciones Estratégicas.
A lo largo de ese recorrido transexenal se acumularon expedientes internos, cartas anónimas dentro de las corporaciones y sospechas de inteligencia sobre su cercanía con La Línea, el grupo criminal nacido en el seno mismo de la estructura policial del Estado, que convirtió el tránsito y el secuestro de migrantes de la última gran crisis en una industria multimillonaria. Ese historial llevó al gobierno de Estados Unidos a retirarle la visa, lo que meses después se revertiría cuando la Agencia Central de Inteligencia decidió emplearlo como enlace operativo en territorio mexicano.
La alianza —si cabe el término— estalló en abril de 2026, tras la operación en la Sierra Tarahumara, donde murieron los dos oficiales de la CIA que operaban sin conocimiento del gobierno federal, al desbarrancar el vehículo oficial en el que viajaban junto con dos mandos de la policía estatal. Luego del arresto del exfiscal César Jáuregui y las órdenes de aprehensión en su contra, Zuany cruzó hacia el norte. De acuerdo con un artículo publicado por The New York Times, Zuany se encuentra bajo protección de ese país. La presidenta Sheinbaum resumió tal condición con parquedad, pero sin ambigüedades: “Está hablando con Estados Unidos”.
Es preciso, sin embargo, mirar el episodio sin ingenuidad. Las redes criminales que operan en Chihuahua y en el resto de la República son conocidas al detalle por las agencias de Estados Unidos, y muchas de esas organizaciones adquirieron músculo financiero, armamento de alto poder y capacidad logística gracias a décadas de operaciones encubiertas, entregas vigiladas, tolerancias selectivas y cálculos geopolíticos impulsados desde Washington en función de sus propios intereses estratégicos.
De este lado, el gobierno mexicano, sus órganos de inteligencia y las Fuerzas Armadas poseen también conocimiento pleno de esa historia compartida, así como de los pactos locales que sostienen a los grupos delictivos en las entidades federativas. El caso Zuany se inscribe por ello en un duelo mental entre dos Estados que se mienten mutuamente y mienten de manera sistemática a sus respectivas sociedades. La Casa Blanca finge escandalizarse ante la podredumbre de las fiscalías mexicanas al mismo tiempo que administra archivos sobre redes que sus propias agencias toleraron o instrumentalizaron, y el poder político en México se envuelve en la bandera de la soberanía ultrajada mientras intenta presentar una complicidad estructural como si fuera la desviación aislada de un mando medio.
La factura electoral
En un plano más doméstico, el expediente se ha convertido en una carga altamente explosiva rumbo a la sucesión gubernamental de 2027. Zuany ha ventilado que Maru Campos tenía conocimiento de las incursiones de la CIA, y con ello coloca al grupo gobernante en una posición de vulnerabilidad narrativa, justo cuando la detención de Jáuregui ha generado una fractura insalvable en el PAN local. Aunque Campos insista en que fue engañada por sus propios mandos operativos, el desgaste golpea al resto de los cuadros políticos de ese partido, incluido al alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, quien habrá de enfrentar una campaña sometida al goteo de filtraciones judiciales provenientes del norte, o de los mismos centros de inteligencia nacionales.
Con tal escenario, Morena intenta capitalizar la crisis mediante movilizaciones y exigencias de desafuero contra la mandataria, aunque desde Palacio Nacional la estrategia apunta hacia la contención. La presidenta Sheinbaum ha optado por deslindarse de las campañas locales de destitución, consciente de que convertir a una gobernadora de oposición en víctima política, resultaría contraproducente cuando el propio peso del escándalo basta para erosionar al bloque panista en las urnas. O quizá, también, porque sabe que su virtual candidato no está exento de un escrutinio similar desde Estados Unidos.
El factor Miller
En el espectro binacional, las revelaciones de Zuany caen sobre un mapa político recién transformado por las elecciones intermedias del pasado 3 de noviembre. La recuperación de la Cámara de Representantes por parte del Partido Demócrata, sumada a su barrida en los diez distritos congresionales colindantes con México y a triunfos estatales como el de Gina Hinojosa en Texas, mete un contrapeso real frente al intervencionismo unilateral deseado y promovido por Stephen Miller.
Para los nuevos comités legislativos de inteligencia y supervisión que tendrá Washington, el hecho de que la CIA haya rehabilitado a un funcionario como Zuany, señalado por nexos con el narcotráfico, para conducir operaciones clandestinas en suelo mexicano abre la puerta a audiencias sobre los límites legales que tienen sus agencias.
Como sea, el relevo parlamentario dejará intacto el acervo de información proporcionado por el exfuncionario chihuahuense, un insumo que conserva enorme valor como palanca de presión ejecutiva, sobre todo con el nombramiento de Miller como jefe de gabinete de la Casa Blanca. Eventualmente, replegado ante una Cámara Baja que le será adversa, el gobierno de Donald Trump empleará la coerción administrativa, el uso discrecional de la inteligencia y la presión bilateral para imponer su voluntad en México.
En la visión de Miller —el cerebro detrás de los bombardeos de lanchas zarpadas de Venezuela y el asedio sin tregua del ICE en contra de mexicanos con y sin documentos migratorios—, el testimonio de un exfiscal vinculado con el narco y empleado luego por agentes de inteligencia, confirma la tesis de la captura institucional en México y le da mejores argumentos para exigir la entrega de objetivos políticos y criminales, imponer sanciones financieras o cancelar visas sin pedir permiso al Capitolio.
En ese cruce de intereses, el nombre de Guillermo Zuany ha salido de la crónica policíaca de Chihuahua para convertirse en ficha de cambio dentro de una relación en la que ambos gobiernos saben demasiado, pero ninguno está dispuesto a contar la verdad completa.




