STEPHEN MILLER: EL IDEÓLOGO RACISTA ASUME EL CONTROL DE LA CASA BLANCA

Ignacio Alvarado Álvarez – Sígueme en X

El nombramiento de Stephen Miller como nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca es altamente probable que imprima un sello irascible al tramo final del mandato de Donald Trump. La decisión llega inmediatamente después del severo descalabro electoral sufrido por el Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato, en el que los demócratas recuperaron el control de ambas cámaras del Congreso. Lejos de apostar por la moderación para alcanzar acuerdos legislativos con la nueva mayoría opositora, el relevo envía una señal contraria: Trump refuerza su círculo de máxima lealtad operativa para gobernar de forma exclusiva y unilateral. Y eso desde luego tendrá un impacto en México y los mexicanos radicados en la Unión Americana.

Los analistas en Washington identifican un triple impacto derivado de este relevo burocrático. En primer lugar, la relación bilateral con México buscará la completa subordinación a la doctrina de seguridad nacional. Miller concibe las herramientas del comercio internacional, incluidos los flujos del T-MEC, como instrumentos de presión directa. Cabe entonces esperar el uso recurrente de amenazas sobre aranceles o revisiones exhaustivas en los puertos de entrada comerciales para forzar concesiones operativas en materia de —por ejemplo— combate al narcotráfico.

En segundo lugar, el enfoque contra estas organizaciones delictivas seguramente pasará del modelo de procuración de justicia empleado hasta hoy a un marco de defensa y contraterrorismo. Es predecible un uso agresivo de las facultades de emergencia internacional y estatutos antiterroristas por parte del Departamento del Tesoro para congelar activos de empresas mexicanas bajo sospecha de financiamiento a cárteles. También ganará terreno la doctrina de soberanía condicionada, impulsando operaciones unilaterales de inteligencia militar y vigilancia con drones sobre zonas de producción de narcóticos en suelo mexicano.

Finalmente, para la comunidad de origen mexicano radicada en suelo estadounidense, el asedio probablemente se traslade del control migratorio a un escrutinio institucional, legal y financiero. Se anticipa un estrechamiento de las normas bancarias para el envío de remesas, multiplicando requisitos y bloqueos preventivos sobre giros internacionales dirigidos a zonas clasificadas de riesgo. Paralelamente, la unificación de bases de datos policiales con registros de contraterrorismo eleva el riesgo de perfilamiento racial y de investigaciones federales bajo la Ley RICO contra pequeños comerciantes y comunidades hispanas de primera, segunda y hasta tercera generación.

BREVE PERFIL

Stephen Miller ha sido el ideólogo central del ala más dura del movimiento Make America Great Again. Antes de incorporarse a la Casa Blanca en el primer mandato de Trump, trabajó como asesor del exsenador Jeff Sessions. Desde esa posición promovió una agenda de restricción absoluta a la inmigración y un nacionalismo populista muy agresivo. Durante la primera presidencia de Trump, como asesor senior de política, Miller fue el arquitecto intelectual de las medidas de mayor confrontación, como el veto migratorio a países de mayoría musulmana, la política de tolerancia cero que derivó en la separación de familias en la frontera sur y la suspensión drástica de las solicitudes de asilo.

En esta segunda administración, operó como subjefe de gabinete de política hasta su designación actual. A él se debe la asfixiante persecución de mexicanos con agentes del ICE y el bombardeo de lanchas en las costas venezolanas, bajo pretexto de combatir a un cártel de la droga que nunca ha existido, Los Soles. Miller no se distingue por la gestión administrativa que norma a otras figuras de gabinete, sino por una determinación ideológica e inflexible para utilizar la maquinaria del Estado federal en la ejecución de la agenda presidencial.

Su ascenso no debe, por tanto, interpretarse únicamente como una reacción visceral de venganza tras la derrota en las urnas, sino como lo que realmente es: una reafirmación doctrinaria. Frente al contrapeso de un Congreso opositor, la moderación institucional resulta inútil para la estrategia de Trump. Así lo ha dejado en claro él mismo. Colocar a un ideólogo leal al frente de la Jefatura de Gabinete busca, por lo tanto, garantizar que las agencias federales como Seguridad Nacional, Justicia, Tesoro y Pentágono ejecuten órdenes ejecutivas de manera expedita.

Los dos últimos años del mandato de Trump se encaminan hacia un esquema de parálisis legislativa y enfrentamiento institucional permanente. Sin la mayoría en el Capitolio, la administración buscará centrar todo su peso en la emisión de decretos, la desregulación ejecutiva y el uso del aparato de seguridad nacional. Lo que se avecina es un periodo de alta polarización política y de constantes litigios judiciales promovidos por los demócratas y las organizaciones civiles.

MÉXICO COMO OBJETIVO

En este punto, el gobierno mexicano persiste en su postura de aparente protección ante las investigaciones estadounidenses sobre varias figuras políticas de Morena. El gobierno de Trump mantiene fija la atención en perfiles a quienes ha retirado la visa o son señalados en expedientes de inteligencia, entre los que destacan el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros cuadros relevantes, incluido Andrés Manuel López Beltrán.

Con este nuevo encargo, Miller debe preocupar a la administración por razones puramente prácticas. El ahora jefe de gabinete no concibe los expedientes de corrupción o vínculos con el crimen organizado como asuntos de justicia aislados, sino como herramientas de coerción política directa. Por un lado, el Departamento del Tesoro —ahora bajo su supervisión— puede reactivar o hacer públicas listas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros contra funcionarios mexicanos o sus redes de prestanombres, bloquear sus activos financieros y forzar al Gobierno de México a tomar decisiones de deslinde político bajo la amenaza de sancionar a sus instituciones financieras.

Por otro lado, Miller puede utilizar investigaciones que salpiquen a personajes del grupo en el poder para condicionar la agenda de seguridad. Podría exigir la entrega inmediata de personajes requeridos por cortes federales, como al ya mencionado Rocha Moya, y suspender para ello los canales de cooperación económica o endureciendo las revisiones aduaneras en la frontera.

Ante una Casa Blanca dirigida por Stephen Miller, México no podrá defenderse con discursos soberanistas ni con choques ideológicos: tendrá que activar sus verdaderos frenos económicos y estratégicos.

A la luz de lo predecible, la primera de ellas es la interdependencia de las cadenas de suministro, dado que México sigue siendo el principal socio comercial de Estados Unidos. La imposición arbitraria de aranceles o cierres fronterizos genera un impacto inflacionario inmediato sobre la industria automotriz, tecnológica y alimentaria al norte de la frontera, y esta es la única forma de involucrar al sector empresarial norteamericano como un contrapeso interno contra medidas de ese nivel.

La segunda defensa estará en la capacidad del gobierno mexicano para mantener el control sobre la frontera sur y los canales de inteligencia operativa. Ambas pueden ofrecer un margen de negociación práctico frente a las exigencias de la versión más endurecida que habrá de mostrar el gobierno de Trump. Por último, México conserva la vía de los tribunales federales estadounidenses y la coordinación directa con gobernadores de estados fronterizos como California, Nuevo México y, en el corto plazo, de Texas, para desafiar las medidas ejecutivas que violen tratados internacionales o causen afectaciones económicas directas a la región transfronteriza. En cualquier caso, no hay nada bueno que pueda predecir el ascenso de Stephen Miller.