¿SOBERANÍA O IMPUNIDAD?: EL PACTO SECRETO DETRÁS DEL DISCURSO DE SHEINBAUM

Ignacio Alvarado Álvarez – Sígueme en X

El Monumento a la Revolución de la Ciudad de México volvió a convertirse en el epicentro de la movilización oficialista. La concentración masiva para conmemorar el segundo aniversario del triunfo electoral de Claudia Sheinbaum operó esta vez bajo una doble lógica de confrontación: una demostración de músculo político dirigida tanto a las mermadas fuerzas opositoras internas, como al ala más radical de las principales figuras políticas en Washington. Pero esta coreografía del poder popular se desplegó bajo la sombra de un sismo institucional sin precedentes. El festejo coincidió con el peor escenario para el régimen: la acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y nueve de sus aliados por narcotráfico, así como la inminencia de un listado mayor que tocaría a pilares fundamentales de Morena.

Desde el templete, la presidenta Sheinbaum endureció la línea discursiva y viró hacia un nacionalismo cerrado. Calificó las acciones judiciales norteamericanas como un “hecho sin precedentes” de claro tinte injerencista, cuestionando si la verdadera intención es descarrilar el proceso electoral intermedio de 2027. Y en este repliegue identitario, la crítica o el disenso frente a la postura oficial, quedan tácitamente catalogados como traición a la patria. Lejos de prometer una investigación interna sobre los cuadros señalados en los expedientes de Nueva York, la mandataria optó por el cobijo institucional. La lógica oficial dictó que ceder ante Washington en el caso sinaloense abriría una vía de agua que permitiría a los fiscales estadounidenses avanzar figura tras figura, erosionando la estructura del Estado hasta alcanzar la cúpula misma del régimen.

El repliegue soberanista no es, sin embargo, una mera proclama de orgullo. Responde a un asedio político real coordinado desde el Capitolio y las agencias de inteligencia, que ven en la debilidad de los gobiernos estatales la justificación para intervenir. Al blindar a su militancia bajo el manto de la soberanía, la presidenta intenta cohesionar a su base social y contener el impacto de las pruebas que comienzan a ventilarse en los tribunales del norte.

LA PERTINENCIA DEL ECO EPISTOLAR

Con este marco, la irrupción de Andrés Manuel López Obrador a través de una carta pública en la que alude de manera directa a Donald Trump, añade una capa de complejidad al conflicto binacional. Escrita desde Palenque tras las tensiones de mayo, la misiva apela al pragmatismo que caracterizó la relación cupular durante sus mandatos simultáneos. López Obrador recurre a una memoria selectiva: detalla los logros del Tratado Comercial y el respeto mutuo, pero omite el costo real de aquel entendimiento. El exmandatario calla la subordinación que implicó desplegar masivamente a la Guardia Nacional en la frontera sur para contener los flujos migratorios, una concesión obligada bajo la amenaza arancelaria de la primera administración de Trump.

La pertinencia de este documento y su impacto real van más allá del consumo interno para la militancia de Morena. El texto busca trazar una línea de flotación diplomática en un momento donde los canales institucionales están rotos. Al pedir de manera explícita “que regrese el otro Trump”, López Obrador intenta recordarle al magnate que la estabilidad de la frontera depende de la complicidad entre los liderazgos y no del asedio de las agencias de seguridad. Pero el valor político de la carta se desgasta ante la nueva realidad operativa en Washington, donde funcionarios en activo de la DEA y el Departamento de Justicia ya procesan expedientes penales que involucran a servidores públicos mexicanos.

El impacto de la misiva es limitado frente a un aparato judicial estadounidense que ha institucionalizado la narrativa del “narcoestado” mexicano. Mientras el texto busca reactivar los1códigos del viejo pacto personal para frenar la embestida, la realidad en las cortes federales avanza de forma autónoma. El recurso epistolar funciona como un bálsamo de dignidad para el consumo de la base social del movimiento, pero en la mesa de la alta política exterior, los márgenes de maniobra para el gobierno mexicano se estrechan frente a las exigencias de capturas y extradiciones que llegan desde Estados Unidos.

EL LIBRETO DEL ASEDIO Y LA GUERRA DE LOS VISADOS

La beligerancia de la administración de Donald Trump hacia México ha dejado de ser un asunto de mítines para convertirse en una política de Estado coordinada desde sus agencias de seguridad. El amago constante de catalogar formalmente a México como un narcoestado se complementa con una estrategia bien conocida en el manual de Washington: el uso de filtraciones a través de grandes medios de comunicación para erosionar la legitimidad de un gobierno no alineado con sus intereses. El episodio más reciente, publicado por Los Angeles Times, aseguraba que el Departamento de Estado había revocado las visas a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, ambos pilares regionales de Morena. Si bien este viernes el propio Villarreal compareció ante los medios mostrando físicamente su documento vigente para desmentir la cancelación, el golpe mediático ya había cumplido su propósito geopolítico. Como sea, la nota del diario habla de revocación, no de retiro físico de la visa.

Este manejo de mensajes no es inocente. Al sembrar la idea de que más políticos mexicanos en funciones están bajo la lupa de los fiscales, Estados Unidos moldea la percepción pública a su favor, aislando a las figuras clave del régimen. En el caso de Durazo, el señalamiento adquiere un peso simbólico destructivo, al tratarse del primer secretario de Seguridad del sexenio anterior. Esta táctica de asfixia reputacional opera en paralelo a un doble discurso muy característico de Estados Unidos. Aunque en los reportes de la Oficina Nacional Antidrogas se reconoce la cooperación mexicana y los decomisos recientes, la Casa Blanca no desactiva la narrativa de la intervención unilateral. El reconocimiento técnico coexiste con la amenaza latente de la fuerza letal o el uso de estatutos de antiterrorismo, dejando claro que para Washington la seguridad binacional ya no se pacta, se impone bajo sus propias reglas y condiciones.

LA SOBERANÍA COMO TRINCHERA PARTIDISTA

Al final del día, el repliegue nacionalista ensayado desde el Monumento por la presidenta Sheinbaum y respaldado —veámoslo así— por la carta del expresidente López Obrador revela su verdadera naturaleza: una estrategia de control de daños para el consumo interno. La bandera de la soberanía no se enarbola para cohesionar al país frente a una amenaza exterior, sino para construir un blindaje alrededor de la estructura de Morena. La narrativa oficial busca trazar una línea divisoria de cara a los procesos electorales del año que viene, partiendo en dos al electorado mediante un dilema artificial. Bajo esta retórica, el ciudadano queda atrapado entre apoyar la defensa de la patria —algo que, por lo demás, nos es absolutamente emocional— o alinearse con los intereses del intervencionismo extranjero, anulando cualquier matiz crítico intermedio. El nacionalismo se convierte así en una herramienta de cohesión electoral que convierte la disidencia en traición.

Este diseño discursivo permite al oficialismo evadir los temas más urgentes y profundos de la realidad nacional, los cuales quedan deliberadamente fuera de la plaza pública y de las cartas diplomáticas. Ni en la arenga de la presidenta ni en la memoria epistolar de su antecesor, existe una sola alusión a la corrupción interna que carcome al movimiento, ni mucho menos la intención real de abrir investigaciones independientes sobre los cuadros políticos señalados desde el norte. Al equiparar la supervivencia judicial de sus gobernadores con la dignidad de la República, el régimen elude su responsabilidad fiscalizadora. El uso faccioso del concepto de soberanía funciona como un eficaz distractor político: mientras la atención pública se concentra en rechazar los amagos de Washington, el aparato gubernamental se exime de limpiar su propia casa, dejando la impunidad intacta bajo el cobijo de la patria.

Y eso alimenta, a querer o no, el cerebro carroñero de una derecha sin propuesta alternativa.