LA DERROTA DE LA NARRATIVA ANTE EL TRIBUNAL DEL MUNDO

Ignacio Alvarado Álvarez – Sígueme en X

En el estrado de la Organización de las Naciones Unidas, México y Estados Unidos escenificaron algo más que un desencuentro diplomático. Presentaron dos formas de interpretación contrapuestas sobre el colapso de la seguridad en el hemisferio. Mientras la administración de Donald Trump articuló una doctrina de coerción unilateral calificando a los cárteles como «el ISIS del hemisferio occidental» y situando a México en el centro de esa crisis, el gobierno mexicano respondió invocando la libre determinación, la pacificación mediante programas sociales y la consolidación de la Guardia Nacional.

Analizado como un careo político, el balance arroja un saldo adverso para la posición mexicana: la pérdida del control de la narrativa sobre el fenómeno criminal y la corrupción institucional.

El fallo estratégico de México radica en la fragilidad de sus premisas frente a la realidad operativa. Washington logró imponer su marco analítico al definir la crisis en términos de gobernabilidad territorial. Cuando una potencia califica la frontera compartida de «territorio bajo control de los cárteles», la respuesta no puede limitarse a declarar que la paz se construye con justicia social.

El modelo de «soberanía defensiva» implementado por la diplomacia mexicana funciona para consumo del electorado interno —lo mismo que el otro, claro—, pero resulta insuficiente en las mesas de negociación internacional. México pierde la narrativa porque no ofrece una explicación plausible a la expansión del crimen organizado, sino un catálogo de intenciones. Al eludir la discusión sobre la penetración estructural del narcotráfico en las instituciones estatales, la postura oficial deja el diagnóstico entero en manos de las agencias de inteligencia estadounidenses, justo lo que no se quiere ni se acepta.

El estandarte del discurso oficial mexicano fue el fortalecimiento de las capacidades institucionales, personificado en la Guardia Nacional. Pero la brecha entre la narrativa diplomática y los hechos debilita la defensa gubernamental.

Las pifias operativas y legales en torno al combate al «huachicol fiscal» —donde espectaculares decomisos de combustible en Guanajuato han derivado en disputas sobre la trazabilidad y legalidad de las incautaciones— exhiben la falta de solidez en las investigaciones. A esto se suman los constantes señalamientos de colusión y omisión en las redes de contrabando de hidrocarburos, así como las crecientes sospechas sobre los nexos entre mandos políticos locales, gobernadores y estructuras de la delincuencia organizada.

Por otro lado, cuando la percepción ciudadana documenta niveles persistentes de inseguridad e impunidad, el argumento de los resultados consolidados pierde sustento. Las denuncias de la Casa Blanca encuentran eco no por la elocuencia de sus voceros —en este caso Trump—, sino porque se alinean con las evidencias diarias del deterioro del tejido social e institucional en amplias zonas del país.
La debilidad de los argumentos del gobierno mexicano alcanza un punto de mayor vulnerabilidad cuando se aborda la corrupción institucional. Ante las Naciones Unidas, la narrativa oficial dio a entender que la corrupción ha quedado erradicada por decreto político de las cúpulas de gobierno. Esta afirmación entra en colisión directa con la dinámica de la delincuencia organizada, cuya existencia y expansión exigen la complicidad sistemática de estructuras policiales, judiciales y aduaneras.

El discurso diplomático evitó abordar los mecanismos que permiten el lavado de dinero y la protección política a nivel subnacional. Es cierto que tampoco lo hizo Trump, pero hablamos de un duelo de narrativas en el marco de una asimetría rotunda.

Al negar la persistencia del problema, la diplomacia mexicana anuló su propia capacidad de respuesta. Washington aprovecha, por tanto, este vacío para asumir el rol de fiscal internacional, imponiendo sanciones unilaterales a funcionarios sospechosos. La falta de autocrítica convierte la defensa de la soberanía en algo mucho más cercano a una coartada que protege la impunidad local.

El espejo de la censura

Existe, sin embargo, un elemento de convergencia en el comportamiento de ambos regímenes que desmantela cualquier pretensión de autoridad moral en el plano de los derechos fundamentales: el acoso sistemático a la libertad de prensa y el ahogamiento de la crítica.
Tanto en Washington como en Ciudad de México se han consolidado aparatos de comunicación dedicados a estigmatizar el trabajo periodístico que se percibe como adverso. Hay periodistas y medios que operan con vileza, sin duda. Pero también existe el ejercicio de periodistas y medios independientes que escapan a ello. La agresión verbal desde las plataformas oficiales, la descalificación facilona de las investigaciones sobre corrupción, las presiones presupuestales a medios incómodos y la censura previa o velada forman parte del repertorio político en las dos capitales.

Esta coincidencia degrada el debate. Por un lado, el régimen estadounidense utiliza la libertad de expresión de manera selectiva, criminalizando a reporteros que revelan abusos de sus agencias o cuestionan operaciones militares. Por otro lado, el régimen mexicano tolera la impunidad en los crímenes contra periodistas mientras encubre, mediante la opacidad gubernamental, los expedientes de corrupción de sus propios funcionarios.

Un Estado que restringe el flujo informativo dentro de sus fronteras carece de moral para defender la integridad de su imagen pública, sobre todo frente a un foro global.

Las narrativas no se ganan con proclamas ideológicas, sino con la legitimidad de los hechos. México perdió el control del relato porque intentó combatir un diagnóstico de fuerza y corrupción con un discurso de autodeterminación vacío de garantías operativas.

Mientras Estados Unidos prepara el terreno jurídico y mediático para justificar acciones unilaterales en nombre de su seguridad nacional, México permanece atrapado en una retórica de resistencia que resulta ineficaz frente a los índices de violencia, el colapso del estado de derecho en varias regiones y el deterioro del debate público. La soberanía invocada en la ONU no alcanzó para ocultar la crisis de gobernabilidad en el territorio nacional.