Ignacio Alvarado Álvarez – Sígueme en X

La captura de Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, en Guasave el pasado jueves 20 de noviembre, muestra que el tablero del crimen organizado en México atraviesa su mayor sacudida en dos décadas. El operativo de las fuerzas especiales del Ejército, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea, ejecutado con inteligencia compartida con Estados Unidos, sumó al otrora líder de los Beltrán Leyva a la lista de blancos prioritarios neutralizados este año. La operación llega nueve meses después del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, en Tapalpa, y de la caída de otras figuras ensalsadas por los medios de información como El R5 en Michoacán, El Meny Carranza en Sonora, El Chuy en Sinaloa y Axel Alfredo Cárdenas en Tamaulipas. Pero detrás de esta ofensiva militar existe una lógica que rebasa el combate tradicional a las drogas: la disputa por el control territorial de los recursos estratégicos de Norteamérica, así como la urgencia fiscal del gobierno de Claudia Sheinbaum ante el cobro de piso, y la presión implacable de la Casa Blanca por sacudir al entramado mayor compuesto por buena parte de la clase política. Es decir, un proceso que abre la puerta a un nuevo escenario: el de una evolución estructural que dará nacimiento a un modelo de gobernanza criminal híbrida y corporativa, mucho más difícil de rastrear y combatir que los cárteles tradicionales.

Para entender por qué las Fuerzas Armadas golpean hoy con una contundencia ausente en años anteriores, es necesario elaborar un ejercicio simple: superponer el mapa de los operativos de 2026 con la geografía económica del país. Las detenciones y abatimientos en Guasave, Culiacán, Tocumbo, Tapalpa, Arizpe, Colima, Oaxaca y Matamoros ocurren en los puntos donde arrancan las cadenas agroalimentarias, industriales y mineras de Estados Unidos. Sinaloa, Michoacán y Jalisco concentran la producción de aguacate, hortalizas y frutos rojos que abastecen al mercado estadounidense; Sonora y Oaxaca resguardan yacimientos de cobre, litio y tierras raras indispensables para la transición tecnológica, mientras que Colima y Matamoros funcionan como nodos portuarios y fronterizos vitales para la manufactura. El crimen organizado abandonó hace tiempo su rol como mero transportista de estupefacientes para convertirse en un poder extractivista que grava, controla o se apropia de la economía formal.

El caso de Michoacán ilustra con claridad esta mutación y explica la intolerancia en Washington. Desde la época de Los Caballeros Templarios hasta las disputas actuales entre Cárteles Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Sierra-Costa michoacana y el puerto de Lázaro Cárdenas han servido para la extracción ilegal de mineral de hierro y su salida clandestina en embarcaciones hacia China. Mediante empresas fachada con concesiones legales o el trasiego en barcazas hacia buques fondeados en altamar, las redes criminales desvían materias primas fuera de los controles del tratado comercial que se tiene con Estados Unidos y Canadá, para colocarlos en las cadenas de procesamiento asiáticas, empleando esas mismas rutas marítimas para importar —de una vez— precursores químicos. A la administración de Donald Trump, este circuito le significa una amenaza directa a su seguridad nacional y a su estrategia de contención hemisférica.

 

EL MURO DE LA NARCOPOLÍTICA

De este diagnóstico nacen las dos fuerzas motrices que explican el viraje operativo del gobierno de México en 2026. La primera es geopolítica: frente a la presión extrema, las amenazas arancelarias y la doctrina de seguridad continental impulsada desde la Casa Blanca, la administración de Claudia Sheinbaum necesita demostrar que el Estado mexicano ejerce un monopolio efectivo sobre su territorio y sus corredores comerciales, lo que hasta ahora ha podido evitar escenarios de una intervención unilateral. La segunda causa es estrictamente fiscal y económica, y atañe al sofocamiento interno. Con una recaudación tributaria estancada en alrededor del quince por ciento del Producto Interno Bruto, sin margen para una reforma hacendaria y con el presupuesto comprometido en programas sociales, el gobierno federal enfrenta en la extorsión criminal a un competidor directo por la base tributaria. El cobro de piso en el campo, la minería, el transporte y el comercio opera como un impuesto paralelo que dispara la inflación de los alimentos, frena la relocalización de empresas y asfixia las finanzas públicas. Recuperar el territorio productivo es hoy una condición de supervivencia hacendaria.

Sin embargo, la estrategia oficial choca contra un muro político que Washington señala de manera obsesiva, y que por desgracia tiene sustento. Una maquinaria criminal capaz de extraer toneladas de mineral, controlar empaques agrícolas, operar aduanas y someter municipios enteros requiere, por fuerza, de una red de protección institucional integrada por alcaldes, gobernadores, mandos policiales, fiscales y hasta operadores electorales. Mientras las Fuerzas Armadas entregan trofeos operativos de alto impacto, la clase política regional permanece intacta. En Estados Unidos, la celebración por la captura de El Chapo Isidro —un integrante histórico del star system del narcotráfico buscado por el FBI— funciona apenas como un reconocimiento táctico. La DEA mantiene el dedo en la llaga sobre los vínculos entre políticos mexicanos y organizaciones delictivas, y figuras de línea dura como Stephen Miller, recientemente ascendido a jefe de Gabinete de la Casa Blanca, aprietan la soga sobre México para exigir el desmantelamiento de las estructuras financieras y de complicidad gubernamental que permiten que el negocio se recicle tras cada captura.

 

EL RELEVO DE LOS “CÁRTELES”

El límite más evidente del Estado mexicano radica en la brecha entre la incursión militar y la ocupación institucional. Me explico: el Ejército y la Marina demuestran capacidad para entrar a Guasave, Tapalpa o Tocumbo, abatir o detener a un objetivo y retirarse. Pero lo que sigue faltando es la llegada de policías municipales confiables, fiscalías limpias y jueces independientes capaces de sostener la ley en el territorio. Ese vacío institucional, sumado al descabezamiento de las grandes cúpulas, proyecta, a mediano plazo, una transformación profunda en el mapa delictivo del país.

Lo dijimos aquí mismo tras el abatimiento de Nemesio Oceguera: Pronto hablaremos de El Mencho, de El Chapo Isidro, del Cártel Jalisco Nueva Generación y de las viejas facciones del de Sinaloa como capítulos cerrados. El modelo de los cárteles, con líderes visibles, ejércitos paramilitares y marcas reconocibles como cualquier producto comercial, demostró ser vulnerable ante la inteligencia satelital y la persecución financiera cuando el gobierno se propone desactivarlos. En su lugar, emergerán organizaciones estructuradas como redes de células descentralizadas, sin cúpulas únicas ni sucesiones dinásticas, lo que hará justamente lo contrario, es decir, serán más difíciles de desarticular. Lo más probable es que abandonen la fascinación por retratarse con un fondo de convoyes artillados, las mantas firmadas y el exhibicionismo mediático para operar en sigilo con o detrás de sociedades mercantiles legalmente constituidas, en ramos como la construcción, la agroindustria, la minería, el transporte y los servicios financieros. La cadena del delito se fragmentará en grupos especializados para cada proceso, e intensificará la extracción de rentas en las comunidades mediante la extorsión, el control de precios de productos básicos y el acaparamiento de recursos naturales como el agua y la madera, porque no se atacará a las redes de protección política.

La caída de El Chapo Isidro, en todo caso, marca el cierre simbólico de la vieja guardia del narcotráfico y el inicio de un escenario de mayor complejidad. No debe verse como éxito de nada. El gobierno de Sheinbaum, si bien logra contener temporalmente la presión de Estados Unidos con golpes de alto perfil y busca al mismo tiempo liberar a la economía del lastre de la extorsión, difícilmente obtendrá el control real del territorio ni una pacificación mayor sin trastocar los intereses regionales de la política. El crimen organizado simplemente cambiará de rostro, de nombre y de métodos para seguir gobernando desde las sombras.