GUADALUPE TADDEI: LOS POLÍTICOS DISCUTEN, LA CORRUPCIÓN SE MANTIENE

Ignacio Alvarado Álvarez – Sígueme en X

La salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del Instituto Nacional Electoral deja al desnudo el comportamiento habitual de la clase política. El escándalo suscitado por la entrega directa de contratos millonarios y el conflicto de interés que ello supone sirvió de pretexto para que los partidos de oposición se pusieran la camiseta de la pureza moral. Quienes en sus gobiernos usaron el dinero de los órganos autónomos para pagar favores, colocar a sus amigos y controlar a los árbitros del juego, hoy pretenden convencer al público de que descubrieron la corrupción, como si antes no la hubiera.

En contraparte, el grupo en el poder responde con el mismo guion de siempre. Justifica la salida de la funcionaria como un paso necesario para proteger la marcha de la institución, asegurando que cualquier falla en sus filas es un detalle menor o el reflejo de mañas viejas que todavía cuesta trabajo limpiar. No anuncia ninguna investigación judicial y de paso niega a Taddei como hechura dentro del Movimiento. Con ese discurso pretenden marcar una raya ética que presumen impenetrable. Bajo esa lógica, el pasado representa el origen de todos los males y el presente una lucha diaria para combatirle sin aceptar que persiste entre sus filas.

Esta pelea mediática demuestra que a los partidos no les importa ajustar las reglas de la fiscalización ni asegurar un arbitraje parejo. Su único objetivo es medir fuerzas y repartir culpas para vender votos. Mientras la oposición aprovecha cualquier tropiezo para sacudirse su propia historia, el gobierno decreta el fin de la corrupción desde la tribuna presidencial. En medio de ese ruido, nadie revisa los controles administrativos ni busca detener el uso personal del dinero público.

Los grupos políticos de antes —es decir, PRI y PAN— sentaron las bases para emplear el dinero del Estado en beneficio propio mediante el reparto de obras, facturas infladas y favores pendientes. De todo ello hay registro abundante, con nombres y apellidos. Pero, cinismo por delante, hoy quieren sacar ventaja de los escándalos del presente hablando como si el desorden hubiera empezado ayer, pretendiendo borrar la huella de todo lo que construyeron durante años. Es ridículo, por su puesto. Y vergonzoso, debiera serlo, para quien, animados por su odio partidista, convergen en ello.

Por desgracia no están solos en esta guerra de narrativas. El discurso oficial se empeña en proclamar que el dinero y la política ya no se mezclan y que las malas prácticas pertenecen a quienes ellos mismos califican como “neoliberales”. Pero la realidad diaria se empeña en mostrar otra cosa: contratos directos sin concurso, falta de revisiones a las cuentas, y protección para los amigos. La bandera de tolerancia cero, funciona en todo caso como un escudo para frenar cualquier crítica y calificar de enemigo a quien incomode con sus preguntas.

Al final, ambos lados convierten la corrupción en una herramienta de ataque. El problema real, sin embargo, empieza cuando la gente compra esa lógica y elige un bando para defenderlo a ciegas. Un gran sector de la sociedad termina entonces justificando los descuidos de su partido favorito como tropiezos sin importancia, mientras califica las tropelías del adversario como faltas imperdonables. Al engancharse en esa discusión, la gente deja de exigir cuentas claras a los funcionarios y acepta las trampas de la diatriba como algo normal.

La pelea entre políticos termina así por encubrir las pérdidas que sufre la población. Al tiempo que las figuras de la televisión y las redes sociales cruzan insultos, los platos rotos los paga quien depende al cien por ciento del trabajo de los servicios públicos. Para las familias con menos ingresos, el mal manejo de las instituciones no es un tema de debate ni de leyes abstractas, sino un golpe directo que se siente en el bolsillo y en el cuerpo. Basta salir a las calles para atestiguarlo de primera mano. ¿Es nuevo? Desde luego que no. Pero aquí no se discute el origen, sino la frivolidad de este remedo de debate entre los actores de regímenes viejos y actuales.

En los hospitales públicos, la promesa de cambiar la forma en que se compraban las medicinas se vendió como un golpe maestro contra los intermediarios que se enriquecían en los sexenios anteriores. La práctica real dejó anaqueles vacíos y miles de pacientes esperando recetas que nunca llegan, y la vieja red de corrupción ahora tiene otros nombres afines al poder. Para las personas sin dinero —y en temas de salud esto devasta hasta las clases medias—, implica suspender tratamientos graves, contemplar el desvanecimiento de su salud o vender sus pocas pertenencias para comprar los insumos fuera del sistema público. La discusión de los políticos se queda atrapada solamente en números publicitarios y en acusaciones por la vigencia de la podredumbre, nunca en resolver el futuro de los pacientes.

Con el transporte de carga —citemos otro ejemplo— sucede algo muy parecido. Durante más de dos décadas, los camioneros han salido a bloquear carreteras para exigir algo tan básico como trabajar sin temor a que los maten. Es una queja ancestral: asaltos a mano armada, secuestros de choferes y robo de mercancías a plena luz del día en las mismas autopistas de cuota. El negocio de la impunidad sigue operando en esas rutas bajo las mismas fallas de siempre: la falta de patrullaje real y la complicidad de las autoridades, sean estas de uno o de otro origen partidista.

A la par que el gobierno y los opositores se echan la culpa por las pérdidas económicas que causan las protestas, el problema de fondo sigue sin atenderse. El costo más elevado de esta omisión lo pagan los choferes que arriesgan la vida en cada viaje y las familias que terminan comprando productos más caros para compensar las mermas que deja el entramado criminal.

El camino para buscar justicia muestra por igual el mismo nivel de desgaste, trátese del PRIAN o de la 4T. Las dependencias del Ministerio Público y las corporaciones de policía siguen extorsionando a las víctimas para mover los expedientes o mandar agentes a investigar. Quien sufre la desaparición de un ser querido, un robo o una agresión, descubre al instante que la atención tiene un precio a pagar. Por lo tanto, las discusiones parlamentarias sobre las leyes o la independencia de los jueces ignoran por completo este cobro de cuotas en las oficinas y las calles, donde la ley solo funciona para quien puede pagarla o tiene palancas.

Esta dinámica acostumbró a la sociedad a convivir con la deshonestidad. Cuando se dedica el tiempo a defender las siglas de un gobierno o de sus opositores, las personas dejan de exigir que los funcionarios públicos hagan su trabajo. De ello se aprovechan gobernantes y políticos en general. El debate diario se agota en señalar quién robó más en el pasado o quién miente más en el presente, lo que permite que la administración de los recursos, la revisión de las obras y los trámites ciudadanos continúen sin cambios reales.

La corrupción dentro de las instituciones no se detendrá mientras se omitan revisiones independientes, concursos transparentes para conseguir contratos y castigo parejo para quienes cometan un delito. Mientras la conversación pública se reduzca en ver qué grupo político le avienta más lodo al otro, la burocracia seguirá funcionando como una caja sin fondo y los costos de la ineficacia pública los pagará por completo la gente común. Así estamos con el escándalo por el caso Taddei, y la guerra de acusaciones que ha suscitado en aras de la democracia.