“En las candidaturas presidenciales no tienen capacidades ni diagnósticos para resolver la violencia criminal”: Arturo Alvarado, experto en seguridad y gobernanza

Ignacio Alvarado Álvarez

En 2010, Arturo Alvarado Mendoza se propuso convocar a un grupo de estudiosos sobre la violencia y la justicia en México. Lo hizo acompañado de otra reconocida especialista, Mónica Serrano. El propósito fue analizar las condiciones inéditas de violencia desatadas por la “guerra contra el narco” emprendida por el gobierno de Felipe Calderón. Así nació Seguridad Nacional y Seguridad Interior, parte de la saga Los grandes problemas de México, editados por el Colegio de México (Colmex). “Los nuevos retos de una gobernanza democrática obligan a reformular las estrategias [de seguridad]”, escribía Alvarado, anticipándose al relevo sexenal. “El primer reto de la seguridad es reducir la violencia y la violación persistente de los derechos humanos de la población, causada por las autoridades gubernamentales, el narcotráfico y crimen organizado”. En el prólogo del libro, el profesor del Centro de Estudios Sociológicos -área que él mismo dirigió entre 2012 y 2018- proponía las grandes interrogantes que, en una decena de ensayos, buscaban responderse figuras como Carlos Montemayor, Jorge Chabat o José Luis Piñeyro. Una de ellas versaba sobre qué hacer con las fuerzas armadas, cómo reubicar sus funciones dentro del marco democrático. A 14 años de distancia, es una pregunta que se mantiene vigente, y de ella nacen otras tantas dirigidas para quien suceda a Andrés Manuel López Obrador: ¿Cuál va a ser la nueva relación que va a enfrentar la Presidencia de la República con un actor dentro de su mismo territorio de dominio, que es preponderante frente a los demás? En particular, ¿qué va a hacer con la Guardia Nacional, qué tipo de política pública va a implementar? ¿Se va a mantener en lo mismo, a sabiendas de que ya tenemos varios problemas con esa política, o va a haber algunos intentos de mejoría? ¿Se va a hacer algo con relación al desmantelamiento de las capacidades de las entidades federativas y de los municipios? ¿Se va a crear una nueva política de orientación de la Seguridad Pública estatal y municipal? ¿Se les va a responsabilizar a los gobernadores y a los presidentes municipales de la seguridad pública en sus entidades, a sabiendas de que muchos no son capaces y otros están involucrados en el crimen?

“Ahí hay varios dilemas que se tendrán que enfrentar”, dice. “Uno es, digamos, el dilema de la continuidad. Es un problema de altos costos en el largo plazo, para la Presidencia, para la administración pública, para las finanzas públicas, y por supuesto para el combate a la delincuencia y para la gobernanza, en general, del país”.

–En el prólogo de Seguridad Nacional y Seguridad Interior plantea tres interrogantes. La primera, sobre la manera de reorientar las políticas de seguridad nacional y la seguridad interior; la segunda, sobre la noción de enemigo y amenaza, interna y externa, herencia de un régimen autoritario; la tercera, sobre cómo reorientar la función de las fuerzas armadas en la democracia. ¿Persisten todas ellas?

-Digamos que es un debate importante en la literatura y es un debate parcialmente importante para los Estados nacionales, pero que ha tenido una evolución muy diversa para los países. En algunos casos la seguridad nacional está completamente transfigurada por el problema criminal y en otros casos en realidad por este rebase que hay de los problemas de organizaciones criminales. En algunos estados nacionales ya no se vuelven un problema de seguridad nacional sino en un problema de sobrevivencia, y de problemas de gobernanza regional. Entonces, el tema es parte de una literatura un poco vetusta sobre estos problemas.

La vieja manera de entender esta diferencia entre seguridad nacional y seguridad interior que viene tanto de la literatura, de relaciones internacionales, y parcialmente algunas cosas de Defensa y Seguridad. Yo pienso que está cambiando de una manera importante, porque el papel de las fuerzas de seguridad, la doctrina que se usaba de seguridad nacional, y las nuevas funciones que han ido asumiendo las Fuerzas Armadas, obligan a repensar estas ideas.

El problema más claro lo tenemos justo en que las Fuerzas Armadas hacen mucho trabajo en seguridad y de combate a la delincuencia, porque no hay prevención. Es un tema que no existe en México. Pero por el otro lado, hacen muchas otras tareas. Hoy día tienen tareas administrativas, tienen tareas políticas.

–¿Cómo encaja esa realidad dentro de un proceso democrático?

-Hay una nueva función de las Fuerzas Armadas, no en la democracia, sino en el funcionamiento de los regímenes políticos y de los Estados nacionales. Las Fuerzas Armadas no promueven la democracia, esa vinculación no existe. Funcionan tanto en regímenes democráticos como en regímenes totalitarios o dictatoriales. O también, si usted quiere verlos como autocracias, que son varios de los fenómenos emergentes de gobiernos que tenemos en América Latina.

–El actual presidente mantiene dos líneas discursivas inamovibles, la que señala a Felipe Calderón como generador de las condiciones actuales de la violencia criminal, y la que insiste en que, bajo su gobierno, las Fuerzas Armadas no masacran ni secuestran civiles. Ahora se “atienden las causas” y se instala el lema “abrazos no balazos”. ¿Hay congruencia y consistencia práctica en todo ello?

-Bueno, ese es el discurso del gobierno. Comparativamente lo que se hizo en los otros dos gobiernos, y lo que ha hecho AMLO, o que ya hizo AMLO, hay mucho más similaridades que diferencias. No obstante los discursos y las narrativas. Obviamente en los discursos hay grandes diferencias entre, digamos, declarar una guerra como lo hace Calderón, o hablar de Abrazos y no balazos. Entre hacer una propuesta de política pública de confrontación abierta contra las organizaciones criminales, a otra política pública de resolver el problema por otra mecánica. Ni siquiera condicionando la situación de las Fuerzas Armadas ni de los actores criminales, pero sí replanteando las funciones que tienen las Fuerzas Armadas. No obstante lo anterior, vale la pena tomar en cuenta algunos temas. Vamos a decirlo así: la tendencia de militarización que se observa con muchísimo más nitidez desde el gobierno de Calderón, hasta ahora no solo se mantiene sino que se refuerza.

–¿Entonces, cuál es la diferencia real en la que tanto insiste el presidente?

-Es una primera pregunta que hay que hacerse más allá de la narrativa. Es un poco la idea de comparar y ver qué es lo nuevo y qué es lo diferente. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que, derivado de esto, podemos hablar otra vez de la primera pregunta, pero con una variante muy particular, que se refiere a la relación con los Estados Unidos de Norteamérica, no tanto por los tratados comerciales, sino particularmente por la política de seguridad que tanto los Estados Unidos como México han seguido en los últimos 12 años. O tal vez usted lo quiere ver desde el 11 de septiembre, que sería la marca más importante para entender estas nuevas dinámicas internacionales. ¿Cuáles son las diferencias? Sí hay un cambio en los discursos, pero la cooperación en materia de seguridad ha tenido diferencias, ha tenido confrontación. Hay dos o tres eventos de confrontaciones claras. Pero hay muchos otros eventos en los cuales la política de seguridad se ha mantenido, y estamos alineados en muchos aspectos respecto de la Política de los Estados Unidos.  

–¿Cuál sería el tema de confrontación más claro que surgido en el sexenio?

–La detención de un general, en la cual el gobierno mexicano demandó la liberación inmediata. Esto explica muchos de los temas que están cruzados en sus preguntas. Pero otros temas de cooperación en seguridad, mal que bien se han ido llevando adelante, no obstante los discursos y la negativa del gobierno mexicano a cooperar, que si es diferente a las anteriores [administraciones]. Antes sí se cooperaba abierta y hasta vilmente. Ahora se coopera, pero es como: copero pero pero me enojo, pero hago berrinche. Y aquí hay dos temas muy simples: uno es el tema migratorio, y el otro tema es más contemporáneo: el combate al fentanilo.

El otro elemento que podría usted decir, es una parte de un cambio de narrativa, tiene que ver con las demandas que estableció el gobierno mexicano ante los juzgados norteamericanos sobre la compraventa de armas, porque ni siquiera es el tráfico lo que está en debate. Y eso es una diferencia respecto a lo que habían emprendido los gobiernos anteriores, de consentir muchas situaciones y no hacer nada.

–¿Ha tenido consecuencias el cambio de narrativa?

-Hay un problema con el aparato de Seguridad Nacional y con la persecución de justicia mexicano. No se ha logrado, no tenemos avances sustantivos en los últimos 25 años. Por el contrario, lo que se ve con más claridad es un deterioro, tanto a nivel federal y ya no digamos a nivel estatal y municipal. A nivel estatal ha habido un desmantelamiento sistemático de las fuerzas policiales, cosa que de alguna manera, desde Calderón y durante el gobierno de Peña, se trató de mantener mediante mecanismos de política pública y gasto.

–¿Cuál es la diferencia entre el gobierno de Calderón, el gobierno de Peña y el gobierno de AMLO en términos de violencia delictiva reflejada por dos grandes factores: las tasas de homicidios y las tasas generales del delitos, no tanto los delitos federales que tienen una evolución relativamente a la baja, sino el volumen de delitos del orden común?

-N obstante los grandes discursos, hay una tendencia, digamos creciente, de la violencia homicida. La política pública de la narrativa no sólo no cambió esto. La tasa de homicidio, la acumulación del proceso y la densificación del proceso es mucho mayor en esta administración que en las anteriores.  Entonces tenemos un problema, que además lleva a una segunda cuestión importante: muchos de los problemas que enfrentaron las tres administraciones han sido las confrontaciones abiertas del crimen organizado, no solo por la declaración de Calderón, sino que ellos mismos, las organizaciones criminales, han decidido tener un cambio en sus actitudes frente al poder coercitivo del Estado y hacia otros poderes. Es decir, una competencia entre ellos.

Lo que estamos viendo es que hay una especie de revueltas políticas, de conflictos políticos, que antes eran relativamente localizados -y aquí ya no hablo solo de Calderón, hablo de todos- en la que hubo ya manifestaciones muy claras en las cuales las organizaciones criminales empezaron a controlar ciertos territorios, empezaron a haber combates entre ellos, particularmente en la frontera, pero en las rutas ya de narcotráfico, y esto no sólo ha cambiado sino que hay un fenómeno de incremento sistemático. Entonces de pronto tenemos conflictos que antes eran localizados en una ciudad o en una región, y que con Calderón se volvieron el michoacanazo, y el regreso de michoacanazo, además con un matiz político-partidario-electoral muy peculiar y esto también hay que tomarlo en cuenta, porque eso se vuelve a producir en esta administración.

Otros aspectos que son estructurales, que podrían haber dicho en este gobierno que están cambiando  por las nuevas políticas implementadas de prevención, de atención a las causas que producen los delitos, el financiamiento y las políticas sociales, no está claro hoy día que estén funcionando o que tengan resultados efectivos en la reducción de la delincuencia. Una de las manifestaciones más claras de todo esto es la cifra de impunidad y la cifra negra de delitos en el país. Se mantiene alta, incluso subió mucho durante el gobierno de AMLO, y se mantiene arriba del promedio histórico, desde el inicio del gobierno de Calderón.

–Las candidatas y el candidato presidenciales han expuesto su proyecto de seguridad, así sea parcialmente. ¿Cuáles son sus consideraciones de cara al desafío que significa la seguridad?

-Bueno, son muy pobres. Más bien diría cuál es la continuidad de los casos. El gran cambio de AMLO es importante: la creación de una Guardia Nacional que es totalmente militarizada. ¿Por qué razón? Hay muchas razones, la primera es obvia, es una paradoja que una persona de izquierda que haya sistemáticamente teniendo este discurso contra las Fuerzas Armadas, sea quien más se haya involucrado con ellas en la historia mexicana. Pero no está aislado de la historia latinoamericana. Las izquierdas latinoamericana son muy proclives al acercamiento militar. El extremo que podríamos tomar de un estado autocrático, paramilitar, sería el de Venezuela. Pero hemos tenido otros fenómenos muy especiales, como en Ecuador.

Hay una política pública muy clara de promover la intervención de las Fuerzas Armadas, no solo en la formación de un nuevo cuerpo de seguridad federal, sino que junto con esto -y este es el otro fenómeno de la política pública que se generó en México- es el desmantelamiento de otras políticas públicas a nivel estatal y municipal que eran, con todos los bemoles y los problemas, un esfuerzo por construir capacidades de prevención y combate a la delincuencia en las entidades federativas y en los municipios.  Todo eso termina con AMLO en la creación de esta guardia, y un desmantelamiento o desaparición de los programas de apoyo de la federación a los estados y a los municipios. Y es ese gran problema que está atrás y que no lo vemos manifestado en ninguno de los discursos de las candidatas ni del candidato. El discurso de los candidatos o se mantiene en la linealidad de la política de AMLO, o se habla de la desmilitarización del país sin ningún argumento. Es una posición ideológica, no es un argumento, porque no hay un análisis de la situación de las policías, de la situación de la criminalidad en el país. El discurso de [Claudia] Sheinbaum no tiene eso, y no lo va a presentar como problemática durante su campaña. Pero los otros candidatos de la oposición no tienen un diagnóstico, y eso es un problema serio.

Por lo tanto no hay un análisis de la política pública que se ha desarrollado, no solo dentro de AMLO, sino lo que funcionó y lo que no funcionó desde hace ya más 12 años. Como tampoco lo hay del comportamiento de todo el sector público federal, estatal y  municipal, en la que ha habido enormes problemas desde la captura de las policías que han ocurrido sistemáticamente en varios municipios y entidades, hasta situaciones de involucramiento o de negociación directa, o de colusión de autoridades políticas, mexicanas, municipales o hasta estatales con organizaciones criminales.  Y esto no está atendido por la política pública y es un problema profundo que no aparece en ninguno de los discursos de campaña.

–Hay otros temas que se podrían hablar en el desarrollo de capacidades. ¿Realmente qué es lo que hizo AMLO en esta materia, en la concentración del gasto público, en la redistribución del gasto público sobre todo hacia el sector militar, pero indirecta y directamente también hacia sus grandes proyectos y obras?

-Los efectos institucionales y de capacidades que esto generó en esta administración tendrán muchas consecuencias para el futuro, no me refiero nada más a la concentración enorme de gasto público en las Fuerzas Armadas, sobre todo en la Sedena y parcialmente en la Guardia Nacional, sino a otra series de aspectos en materia de la política práctica de combate a los delitos. Hoy día tenemos un desequilibrio entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas federales y las policías civiles muy claro en el país. Es un desequilibrio político, no es nada más una cuestión de seguridad.

Otro tema que no está claramente descrito, debatido al día de hoy, es ¿Cuál es el papel de la Guardia Nacional? ¿Qué tipo de actividad realiza? ¿En dónde está presente? ¿Cuáles son las prácticas? ¿Qué es lo que habría que hacer con la Guardia Nacional y con la presencia de las Fuerzas Armadas en general? Me referiría a La Sedena, por supuesto, a la Fuerza Aérea y la fuerza del Ejército como también a la Marina, para tratar de entender más toda esa dinámica tan compleja que generó el gobierno contemporáneo, no muchos de los casos o muchas de las cosas venían desde Calderón.

–Entonces, ¿hacia dónde debe irse?

-Esa es la pregunta. Los dilemas están muy claros. Es muy claro que lo que ha logrado AMLO y todo lo que hizo al revertir políticas, concentrar recursos, y no sólo eso, sino crear esta narrativa y discurso de la inoperatividad de las instituciones judiciales y electorales, y combatirlas y acusarlas de manera sistemática. Con ello ha logrado crear una nueva plataforma política electoral para que su política y su persona sobrevivan, con lo cual le garantiza, también a los militares, una posición en este ámbito, y a su vez los corresponsabiliza de algunos aspectos. Entonces tenemos a una candidata que tiene toda la fuerza del Estado que la acompaña, y otros candidatos que no la tienen, pero que además no tienen las capacidades y los diagnósticos claros para ver estos problemas. Y los resultados son evidentes.

¿Cuál es la propuesta de seguridad que efectivamente proponen las dos candidatas a la presidencia? ¿Cuál es la política de seguridad que está promoviendo la candidata al gobierno de la Ciudad de México? Y ya no digamos los otros ocho gobernadores. No he visto todavía cuáles son sus propuestas. Es más, se está haciendo una especie de desplazamiento del tema de seguridad hacia el discurso anticorrupción. O sea, los gobiernos anteriores eran corruptos, mientras que ellos no lo son. Se están creando estas narrativas que fueron forjadas durante el gobierno de AMLO por el mismo presidente, que se utilizan como mantras para reproducir buena parte de las candidaturas actuales.