En eso de hacerle al pendejo, la gobernadora
de Chihuahua se muerde la lengua

En abril de 2022, los dos funcionarios de más alto nivel en materia de seguridad dentro del Gobierno de Chihuahua sostuvieron un encuentro con mujeres y hombres cuyas hijas e hijos fueron desaparecidos en los últimos 15 años. Por más de cuatro horas escucharon relatos pormenorizados de la forma y circunstancia que rodeaba cada uno de los casos. Si algo quedó en claro, fue la manera en la que grupos criminales han operado bajo la mirada expectante o la colusión de agentes estatales, así como del abandono institucional, sea local o federal. César Jáuregui Moreno y Roberto Fierro Duarte, para entones secretario general de Gobierno y fiscal general del estado, tomaron nota y ofrecieron declaraciones que les hicieron ver no solamente comprometidos en la búsqueda efectiva de las víctimas, sino francamente conmovidos ante tanto dolor. Ambos se hallaban en el centro geográfico con mayor concentración de jóvenes desaparecidos, Cuauhtémoc, el municipio que da entrada a la Sierra Tarahumara. Nueve meses más tarde, Jáuregui sustituyó a Fierro como fiscal general, luego de suscitarse una fuga masiva del penal de Ciudad Juárez, el 1 de enero, otro acto que puso en evidencia la enorme podredumbre gubernamental que mantiene a la entidad entre las cuatro con mayor índice homicida del país, y una turbulencia delictiva en la que converge el alto consumo y tráfico de drogas.

La desaparición sistemática de personas ocurre a lo largo del corredor que atraviesa Chihuahua de sur a norte, en sus linderos con Sonora. En uno de esos puntos, conocido como El Maderal, es donde privaron de su libertad a cuatro miembros de la familia LeBaron en días pasados, un hecho que la gobernadora María Eugenia Campos aprovechó para responsabilizar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de la inseguridad regional. “Exigimos que ponga atención a través de su Secretaría de Seguridad Pública Federal en el Estado de Chihuahua y que deje de ser omiso, si no es que decir pendejo, de lo que está sucediendo”, fueron sus palabras. La estrategia presidencial para contrarrestar la ola de violencia y crimen es indefendible, por más que López Obrador y su gabinete de seguridad persistan en la discreta disminución de los indicadores para concluir que están en lo correcto. Lo que se vive en las zonas rurales y las ciudades de Chihuahua encuentra réplica por casi todo México, pero en ello no solo priva la omisión sino el diseño institucional del Estado mismo, que falla en su obligación para restablecer el amparo social, y en esto desde luego la responsabilidad es compartida por cada entidad federativa. Para el caso concreto de Chihuahua, la gobernadora, sus mandos corporativos y el fiscal general conocen de sobra la enorme red criminal que se cierne sobre el territorio, y cómo ha sido y se mantiene el comportamiento de funcionarios y agentes policiales tocados por esos mismos hilos.

Las instancias del poder público local han dado forma a la estructura criminal por más de cuatro décadas. Pero si en un momento se hizo notable fue a finales de 1990. Chihuahua se convirtió entonces en una entidad en la que las corporaciones de seguridad y los ministerios públicos operaron en función de intereses extrajudiciales, y la magnitud de todo ello quedaría expuesta con la supuesta guerra contra el narco de Felipe Calderón, que derivó en el exterminio masivo de efectivos en cada uno de los municipios. El Chihuahua de los años posteriores no ha visto control institucional en buena parte del territorio. En ciudades como Juárez, el fracaso de una y otra figura de gobierno es hiriente.
El tráfico y consumo de drogas sintéticas atrapa a cinturones inmensos. El asesinato es solo una parte del brutal ascendente delictivo. Ahí, parte de las becas del Bienestar son utilizadas por adolescentes y jóvenes para comprar mentanfetaminas y fentanilo, que consumen y venden. Es donde “atacar las causas” se vuelve utopía y no hace sino alimentar un entorno en el que la Seguridad Pública se somete a los intereses del mercado, y cada crimen cometido, cuando lleva un sello distintivo, se deja pasar sin mayor consecuencia. Hacerle al pendejo es entonces cosa de tres órdenes de gobierno, y a Campos no le queda hablar de omisiones con tales remanentes. O quizá deba preguntarle a las madres y padres de Cuauhtémoc, que siguen en espera de hijas e hijos ausentes.