EL CASO ANDY LÓPEZ BELTRÁN Y LA TRAMPA DEL NARCOESTADO

Ignacio Alvarado Álvarez – Sígueme en X

El mito más persistente sobre el narcotráfico en México sostiene que el crimen organizado siempre operó como un feroz contrapoder frente a la autoridad. La evidencia histórica, sin embargo, apunta a lo contrario: durante las décadas de hegemonía del PRI, el narcotráfico nunca desafió al Estado porque era, en los hechos, una actividad regulada por él. A través de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y el monopolio político del partido de Estado, el gobierno fijaba las reglas, administraba las “plazas” y contenía la violencia dentro de límites tolerables para el sistema.

Sin embargo, entre las presidencias de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, este modelo mutó de forma irreversible. La fragmentación del poder hegemónico priista y la apertura económica comercial reconfiguraron las reglas del juego. Desde luego, no se trató de una genialidad empresarial o táctica de las organizaciones criminales, sino de una adaptación sistémica: cuando el Estado comenzó a replegarse de su rol interventor en la economía formal, también perdió el monopolio sobre el control de las redes delictivas. Esto parece olvidarse ahora que, tanto el PRI como el PAN, se llenan la boca con acusaciones de narcopartido y narcogobierno en contra del régimen actual.

La firma e instrumentación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) desencadenó fenómenos inéditos. La infraestructura logística diseñada para agilizar el intercambio continental —el flujo masivo de transporte terrestre, la flexibilización aduanera y el volumen exponencial de mercancías en las fronteras— fue aprovechada de manera orgánica por las redes del tráfico de drogas, a merced aún del gobierno. México no solo se consolidó como el puente para el mercado norteamericano, sino que la propia logística del libre comercio diluyó la capacidad de fiscalización, transformando el negocio criminal en un componente indisoluble de la integración económica regional.

A pesar de esta mutación estructural, la relación con Estados Unidos sumó una tensión determinante. El asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en 1985 marcó un punto de inflexión que Washington utilizó para ampliar su margen de intervención directa en la política de seguridad mexicana. Recordemos que durante años, la retórica del combate a las drogas se administró mediante el mecanismo unilateral de la “certificación antidrogas”, un esquema anual con el que la Casa Blanca evaluaba el desempeño de los países de la región. Pero este instrumento funcionó más como una palanca de presión política y de negociación geopolítica —otorgando o retirando prebendas económicas y diplomáticas— que como una estrategia real de salud pública o de desarticulación del mercado de sustancias, sobre todo en ese país.

De este modo, el tránsito hacia el fin del siglo XX generó un sistema político local golpeado por la corrupción y la pérdida de sus viejos mecanismos de contención centralizada, así como un intervencionismo sesgado e interesado, que históricamente ha omitido la masiva corrupción dentro de sus propias aduanas y agencias antidrogas, así como su propia crisis interna de consumo. La mutación del narcotráfico moderno en México surgió de la intersección entre esta reconversión neoliberal del Estado y la geopolítica impuesta desde el norte.

II

La transición económica iniciada en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y consolidada durante las administraciones del PAN, transformó la estructura productiva del país y alteró de raíz la relación entre el Estado, la sociedad y los aparatos de control territorial. La narrativa oficial impulsada por esta nueva élite de tecnócratas proyectaba a México como una potencia emergente plenamente integrada a la globalización. Pero detrás del discurso de modernización y estabilidad macroeconómica, se gestó un paulatino sacrificio de la agenda social que desmanteló los contrapesos institucionales y convirtió a las fuerzas de seguridad en franquicias al servicio del mejor postor.

Al subordinar la política interna a las exigencias de los mercados internacionales y la certidumbre financiera, el Estado renunció a la mediación que, durante décadas, había mantenido bajo cierto cauce los conflictos locales y el crimen organizado. La contención de las bases populares cedió entonces su lugar a la precarización. La pobreza no disminuyó estructuralmente, sino que se administró mediante programas asistenciales focalizados que jamás compensaron la pérdida del poder adquisitivo, la expulsión masiva de mano de obra rural ni la falta de oportunidades formales para las periferias urbanas. En ese vacío social y económico, las economías criminales encontraron la cantera perfecta para reclutar a grandes sectores despojados de futuro.

Esta misma lógica provocó una profunda fractura dentro de las propias instituciones de seguridad. Bajo el pretexto de la descentralización y la modernización policial, las administraciones del PRI y del PAN permitieron la privatización de facto de las corporaciones policíacas locales, estatales y federales. Ya no sirvieron a la ciudadanía, sino a los nacientes corporativos criminales. Sin controles de confianza efectivos, con salarios miserables y frente a la inmensa capacidad financiera de esta nueva amalgama de políticos, empresarios y criminales, las estructuras de seguridad perdieron sentido social.

Para cuando la alternancia llegó al Poder Ejecutivo en el año 2000 con Vicente Fox, el diagnóstico de la élite gobernante permaneció intacto. En lugar de reestructurar el tejido social o depurar a fondo las instituciones golpeadas por la descomposición, se optó por encubrir la falta de legitimidad política con una narrativa de combate frontal que tocó su punto más crítico en el gobierno de Felipe Calderón. La estrategia de seguridad calderonista, lejos de contener el fenómeno, profundizó la captura del Estado al colocar la estrategia de seguridad pública en manos de redes corruptas coordinadas desde el más alto nivel gubernamental.

III

El retorno de la retórica agresiva de Washington —articulada con fuerza renovada en la agenda del presidente Donald Trump— debe entenderse como el episodio más reciente de un método histórico que busca la subordinación. A lo largo de las últimas décadas, la Casa Blanca ha utilizado el argumento del “combate al narcotráfico” y el control fronterizo como una herramienta de extorsión diplomática para disciplinar al Estado mexicano. Mediante el uso del terror de la persecución migratoria —que abarca desde operaciones de deportación masiva hasta castigos fulminantes contra mexicanos en zonas fronterizas, cuyos hijos son ciudadanos estadounidenses—, Washington ejerce una coacción constante sobre la soberanía nacional.

El aspecto central de esta estrategia radica en la reactivación del discurso inquisitorial del “narcoestado”. Las agencias de inteligencia estadounidense y el Departamento de Estado han emprendido una aparente cacería de brujas, abriendo investigaciones judiciales y filtrando cancelaciones masivas de visas a políticos y funcionarios clave del partido en el poder. La selectividad de esta embestida resulta evidente, porque las acusaciones y las sanciones administrativas recaen prioritariamente sobre cuadros de Morena, y se omite el escrutinio profundo a las estructuras de partidos de oposición que administraron la seguridad del país durante los periodos de mayor violencia y descomposición institucional. El caso de García Luna es tan solo un acto que funciona en la alegoría simbólica que tanto fascina a los norteamericanos.

Ante esta nueva ofensiva, el comportamiento de las cúpulas del PRI y del PAN entraña desvergüenza y mezquindad. Habiendo encabezado administraciones en las que el narcotráfico penetró los más altos niveles de la seguridad nacional —con secretarios federales, gobernadores encarcelados o prófugos, y masacres civiles impunes—, las dirigencias de uno y otro partido operan hoy como la caja de resonancia de los señalamientos de Washington. Lo hacen sin inteligencia, con vulgaridad, pero sobre todo con total entreguismo.

Esta conducta plantea un dilema fundamental sobre la subordinación política y la seguridad nacional:

¿A quién sirve esta estrategia de desestabilización e injerencia, sino a los intereses geoeconómicos y de control político de Estados Unidos?

Porque no sirve a la pacificación de las comunidades acosadas por la violencia criminal ni a las familias de las víctimas. Responde estrictamente a un interés por mantener a México en una posición de vulnerabilidad y sometimiento estratégico, y para ello cuenta con la complicidad de élites locales dispuestas a empeñar la soberanía nacional a cambio de recuperar el poder político.