Asesinato y represión: la 4T no es lo que presume en Guerrero y Zacatecas

Ignacio Alvarado Álvarez.

Mientras la policía estatal de Guerrero operaba para encubrir el asesinato de un estudiante de la escuela rural de Ayotzinapa, otro cuerpo de policía arremetía en contra de mujeres que formaron parte de las protestas del 8M en Zacatecas. En el primero de los casos, los agentes ejecutaron con un disparo en la cabeza a Yanqui Rothan Gómez Peralta, de 23 años, y manipularon la escena del crimen antes de emitir una primera versión oficial: los elementos no hicieron sino responder al fuego abierto por los estudiantes, que andaban drogados y borrachos a bordo de una camioneta robada. En Zacatecas, las autoridades demoraron un día para anunciar la apertura de una investigación en contra de los elementos que sometieron a golpes, arresto y tortura a las manifestantes. Solo lo hicieron después de difundirse imágenes del abuso, que volvieron imposible cualquier argumentación a favor, aunque han desoído las voces que exigen la renuncia del secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, un funcionario cercano al senador Ricardo Monreal, que los días previos advirtió sobre el uso del cuerpo especial de policía para actuar en caso de amenaza.

Los gobiernos de una y otra entidad son parte de la Cuarta Transformación. David Monreal y Evelyn Salgado arribaron al poder en medio de fuertes controversias, pero con un decidido respaldo presidencial. El ejercicio de cada gobierno ha dado muestras de fracaso. Más allá de si se les demuestra o no actos de corrupción, la evidencia habla por sí misma. Los dos estados viven índices de violencia y sometimiento de grupos criminales que lo mismo asesinan, desaparecen, extorsionan y destierran en completa impunidad. El hecho de que los cuerpos de seguridad tanto en Zacatecas como en Guerrero se hayan excedido en fuerza hasta caer en la violación de derechos humanos, más que debilidad institucional ofrecen idea del grado de descomposición que priva en ellos. Pero en momentos políticos como los que corren, lo que se ve también es el descontrol que tienen tanto Monreal como Salgado sobre sus cuerpos de seguridad. Hasta ahora, ninguno ha salido ha ofrecer declaraciones públicas sobre lo sucedido, pero aún si lo hicieran, basta preguntarse si serían convincentes. En campaña, David Monreal fue captado mientras tocaba obscenamente a una compañera política. En el caso de Evelyn Salgado, ella llegó después de anularse la candidatura de su padre, Félix Salgado Macedonio, acusado de violación sexual. Y por si fuera poco, la alcaldesa de la capital del estado, Norma Otilia Hernández, fue videograbada mientras negociaba con el líder de uno de los grupos criminales de la región. 

El asesinato del estudiante y la brutal represión contra mujeres el 8M significan un revés en un momento sensible de la propia narrativa que de manera obsesiva busca imponer el presidente Andrés Manuel López Obrador. El día previo al ataque de los agentes en Chilpancingo, los normalistas derribaron una de las puertas principales de Palacio de Gobierno, para culminar una semana de agresivas protestas en las sedes de otros recintos federales, con bombas molotov, petardos y vehículos como ariete. El presidente, que tomó la decisión de descalificar el movimiento por los 43 de Ayotzinapa, al que señala como un grupo manipulado por la derecha hemisférica para complotar su gobierno, ha tenido que salir a sancionar los hechos, lo que seguramente debe haberle molestado sobremanera. La represión en Zacatecas, si bien no fue tema en su conferencia mañanera, contraviene su discurso de que la 4T no comulga con la represión ni la censura de movimiento alguno ni de la libre expresión.

Sobre los hechos, la candidata de Fuerza y Corazón por México ha guardado una distancia prudente, aunque crítica. Ambos casos le permitieron robustecer su narrativa de generar cuerpos de policía más preparados, que cumplan una función de confrontar a grupos criminales y no a la sociedad civil. Pero hasta ahí. Claudia Sheinbaum ofreció una declaración breve y contundente tras el 8M: “No a la represión”. Fue igualmente puntual al referir el asesinato del estudiante: que se haga justicia, dijo. Jorge Álvarez Máynez, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, nacido en Zacatecas, simplemente subió uno de los videos que registran la brutalidad policial en contra de las participantes de la marcha. “Es inadmisible, @DavidMonrealA. Deben liberar a todas y los responsables irse y ser sancionados”, escribe. Más que evitar la politización de lo sucedido, parece que el tacto obedece a un mero cálculo electorero. El compromiso, si existe en realidad, vendrá en otro momento.