El espejo roto del Escudo de las Américas

Ignacio Alvarado Álvarez

La reciente cumbre en Washington para presentar el “Escudo de las Américas” ha dejado una postal incompleta del continente. Al excluir a México (además de Colombia y Brasil) de este nuevo pacto de seguridad hemisférica, la administración estadounidense pretende trazar una línea divisoria entre los aliados y aquel al que considera el epicentro de sus males. Esta exclusión representa un mecanismo de evasión política que permite al gobierno de Estados Unidos ignorar el complejo entramado de complicidades que opera dentro de sus propias fronteras.

La narrativa oficial ha convencido a la audiencia de que el peligro viste bota vaquera y carga un fusil en las sierras mexicanas. Esa imagen resulta útil por ser ajena, pero omite la logística de guante blanco que toma el relevo una vez que la mercancía toca suelo estadounidense. En ese punto, el negocio deja de pertenecer a los grupos extranjeros para caer en manos de una red de ciudadanos locales que operan con la precisión de una empresa de servicios. Hablamos de brókers de transporte que utilizan flotas legales de camiones, contadores que manejan sistemas de compensación de saldos para que el efectivo no tenga que viajar físicamente, y de especialistas financieros que mueven capitales en los distritos bursátiles de Nueva York o Chicago.

Mientras México ha puesto los muertos y ha visto su tejido social desgarrarse en una guerra frontal contra clanes y estructuras paramilitares (esto al margen del señalamiento a gobiernos responsables en concreto) la respuesta interna en Estados Unidos se ha limitado a una gestión administrativa que, por decir lo menos, no pasa de tibia.

Por principio, la crisis de los opioides fue sembrada por corporaciones farmacéuticas nacionales que inundaron el mercado con dosis letales bajo el amparo de la ley. Estas empresas funcionaron como maquinarias de adicción masiva: crearon la demanda, ocultaron los riesgos y obtuvieron beneficios multimillonarios. La justicia estadounidense ha respondido con multas que estas corporaciones pagan como un simple costo operativo, lo que permite que sus altos ejecutivos eviten las celdas que sí esperan a cualquier eslabón de la cadena en América Latina.

La paradoja del Escudo de las Américas reside en su deliberada ceguera financiera. Washington exige a México que detenga el flujo de precursores y militarice sus fronteras, mientras mantiene en su propio territorio paraísos fiscales domésticos como Delaware o Nevada. Estos estados permiten la creación de empresas fantasma que ocultan la identidad de sus dueños reales, convirtiéndose en el refugio perfecto para el dinero de la droga. El capital generado en las esquinas de los suburbios estadounidenses rara vez regresa íntegramente a los países productores. La gran parte permanece en el sistema bancario local, y sostiene la liquidez de sectores inmobiliarios y de consumo, que las autoridades prefieren no auditar con rigor.

Incluso en la operatividad más básica, el mito del invasor extranjero se desmorona frente a las estadísticas oficiales de las propias agencias estadounidenses.  Basta decir que el noventa por ciento del fentanilo incautado en los puentes internacionales es transportado por ciudadanos de Estados Unidos.     Estos individuos son contratados por su bajo perfil y su capacidad para cruzar sin levantar sospechas. Es algo que se puede ver de manera rutinaria en las garitas de cualquier punto común entre ambos países. Una vez dentro, lo he visto acompañando en sus recorridos a elementos del ICE, Oficinas del Sheriff o jefes de Policía en cada condado fronterizo, la distribución se atomiza a través de redes locales, pero también del Servicio Postal y de aplicaciones de mensajería cifrada.

Solo por centrarnos en uno de estos puntos, el Estado que hoy señala a México permite que su sistema de correos sea el vehículo de entrega a domicilio más eficiente para el mercado de narcóticos, protegido por leyes de privacidad que resultan sagradas cuando se trata de correspondencia interna.

La estatura moral de Washington para liderar un bloque de seguridad contra el tráfico se desvanece al analizar el papel de sus propias instituciones de control. Los casos de corrupción documentados en la Patrulla Fronteriza y en unidades de la DEA demuestran que el dinero de este mercado corrompe estructuras en ambos lados. Existen redes silenciosas de agentes y facilitadores profesionales que operan bajo el radar, garantizando que el flujo de droga sea lo suficientemente estable para mantener la rentabilidad del negocio sin generar el escándalo de la violencia callejera que incomoda a la clase política.

Resulta imposible señalar el origen de una calamidad cuando se es el principal mercado, el principal lavador de dinero y el proveedor de la logística tecnológica que permite que la droga llegue a la población. Mientras Washington evite perseguir a sus propios banqueros, a sus brókers de transporte y a sus empresas tecnológicas con la misma ferocidad con la que persigue o pretende perseguir a los grupos extranjeros, cualquier cumbre de seguridad será apenas un ejercicio de relaciones públicas para una audiencia que prefiere culpar al extraño antes que revisar su propio sistema de justicia.

Hablamos de un sistema de justicia que opera bajo una lógica mercantil que garantiza la supervivencia de las redes más sofisticadas: me refiero al acuerdo de culpabilidad. Este mecanismo permite que los cerebros financieros y los facilitadores legales de las redes de narcotráfico negocien su libertad a cambio de información. Así, el Departamento de Justicia prioriza la captura de figuras mediáticas para alimentar la narrativa del éxito contra “el mal extranjero”, permitiendo que los arquitectos del sistema de lavado en suelo estadounidense entreguen nombres de operadores de bajo rango para conservar gran parte de sus fortunas y reintegrarse a la sociedad en pocos años.

Esta práctica crea un reciclaje criminal permanente. Si uno busca en informes y reportes públicos, puede hallar ejemplos sin mayor problema. De esta forma, mientras un sicario o un transportista en México enfrenta décadas de prisión o probablemente la muerte, el contador en Miami o el abogado en Nueva York que diseñaron el mecanismo para mover los millones de dólares, utiliza su conocimiento del sistema para comprar una salida elegante. La justicia se convierte entonces en una transacción donde la verdad se sacrifica en favor de un titular de prensa. Al final, las estructuras técnicas, las rutas financieras y los contactos en los puertos estadounidenses permanecen intactos, listos para ser utilizados por el siguiente “narco mexicano” que llene el vacío dejado por su antecesor, arrestado o dado de baja según convenga.

En síntesis, el Escudo de las Américas representa el punto máximo de esta hipocresía institucional. Washington convoca a la región para blindarse contra una amenaza que ellos mismos financian, distribuyen y legalizan a través de sus vacíos normativos. Exigen sangre y fuego en las calles de México mientras en sus tribunales se firman acuerdos que protegen a los verdaderos dueños del capital.

No hay escudo posible contra una crisis que nace de la propia entraña. Al excluir a los países inyectados de violencia, Estados Unidos solo confirma que su prioridad no es erradicar el tráfico, sino perfeccionar el arte de culpar a otros por el negocio que sostiene sus propios bancos y consume su propia gente. Más que una solución, busca un culpable que le permita avanzar en objetivos que van más allá del negocio de las drogas.