Los puentes rotos de la adolescencia

En Monterrey, un muchacho cegó la vida de su exnovia disparándole a la tráquea al sentirse despechado. Se trató de un caso altamente difundido por los medios locales, pero el fondo de tal desgracia es peor. La violencia se cruza con la marginación y la pobreza, y en ese abandono institucional miles de niñas y adolescentes, dentro y fuera de Nuevo León, elevan las cifras de partos y perpetúan con ello el ciclo de la fatalidad. A este segmento le sigue otro, en un nivel todavía inferior: el de las menores en condición de calle. Nadie de entre ellos dispone de una estructura para acceder a otro mundo mejor.

MONTERREY N. L.— A comienzos de este año, Gerardo Palacios Pá-manes se propuso cruzar los datos sobre deserción escolar, riña, violencia intrafamiliar, robo a casa habitación, robo de vehículos y robo a personas en el municipio de Guadalupe, a donde fue llamado para dirigir el área de Prevención Social. Colocó los indicadores sobre un mapa y encontró que en nueve sectores convergían todos los fenómenos. Se trató de un ejercicio simple cuyo resultado, sin embargo, entraña una complejidad enorme para atacar el creciente número de embarazos y violencia entre adolescentes.
“Es un tema que importa para la prevención del delito, y no solo por salud”, dice Palacios, quien ha ocupado cargos directivos en centros penitenciarios, academias de policía y centros para adolescentes en Nuevo León y la Ciudad de México, desde que se graduó como licenciado en derecho y ciencias sociales en el año 2000.

Describe entonces el círculo vicioso en el que no solamente ese municipio, sino el resto del país, se encuentra atrapado: “Partiendo de que en México uno de cada cuatro embarazos es de adolescentes y que el INEGI marca ello como una de las principales causas de deserción escolar, y de que se cuentan también estudios del extranjero que indican que un predictor de violencia es haber sido criado bajo habilidades parentales insuficientes, se puede presumir el crecimiento del fenómeno como algo probable cuando hay padres adolescentes”.

No es que Nuevo León tenga un registro de casos mayor a la media nacional. Pero en 2012, los indicadores de embarazo entre menores de edad brindaron claridad sobre el impacto que tuvo en ello la violencia extraordinaria suscitada por la “guerra contra el narco”. En 1990, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 16 por ciento de los nacimientos correspondieron a madres adolescentes. La cifra se mantuvo sin alteraciones hasta el registro de 2012, en el que se alcanzó la cifra de 20.7 por ciento. Al año siguiente, pasado el clima de terror en las calles, descendió a 17.5 por ciento.

Esta es una generación de entre 12 y 19 años atravesada por el clima de esa estrategia federal, dice Marcela Valero Cervantes, de la asociación civil Arthemisas por la Equidad. “No solo se fijó con ello los códigos de la impunidad, lo que generó que la violencia se naturalizara en todos los niveles, sino que también impactó el tema del embarazo entre menores de edad”.

Registros similares existen en municipios que fueron epicentro de la “guerra”, como Torreón y Ciudad Juárez, en donde uno de cada cuatro partos corresponde a niñas y adolescentes. Pero, como señala Valero, las autoridades no solo han sido incapaces de atender el fenómeno, sino también, en la última década, quedaron rebasadas por el acceso a la información y manejo de redes sociales de las que disponen infantes y jóvenes.

La disfunción y retraso se junta con la cultura machista enquistada dentro del mismo sistema de gobierno y, por ende, de grandes porciones de la sociedad. La suma de todo ello, Valero la sintetiza en una frase: “Los tintes perversos del patriarcado”.

DE SU BRONCO PECHO

En 2011, Jaime Rodríguez Calderón, entonces alcalde de García, volvió obligatoria la asistencia de estudiantes de escuelas secundarias para sostener encuentros matutinos con él dentro del auditorio municipal. De lunes a viernes, el Bronco les hablaba de temas que juzgaba importantes. Entonces mantenía un virtual toque de queda para menores de edad, bajo el argumento de que nadie con menos de 18 años debía estar en la calle después de la medianoche.

Rodríguez era ya un personaje, tras sobrevivir a dos atentados y haber rescatado el municipio del yugo al que fue sometido durante años por una célula criminal. Fue el único alcalde en el país que no claudicó ante la amenaza del “narco”. Su popularidad era enorme, y en sus recorridos diarios por las colonias estableció una forma peculiar de gobernar con ayuda de la mayoría de los ciudadanos. Con esas bases, se autoerigió como el interlocutor de todo y para todos.

Un lunes de octubre de aquel año, con el auditorio colmado de alumnos, abordó un par de temas que inquietaban a la población y a él mismo. Uno era el consumo de drogas. Les advirtió entonces sobre el peligro de tomarlas o de venderlas. “Al que lo haga me lo chingo”, les dijo. El otro tema lo abordó con el mismo folclor. Ante el creciente registro de embarazos entre menores de edad, les sugirió abstenerse del sexo, y dirigiéndose a niñas y adolescentes, expresó: “Si quedan panzonas el cuerpo les va a quedar feo, y así nadie las va a querer”.

Se trataba de un mensaje totalmente efectivo, porque nada sirve mejor que atentar contra la vanidad femenina, dijo. “El condón no es opción, hombre: nadie lo usa. Así que, cuál Sico ni qué nada”.

Ahora como gobernador, persistió con la idea. Lo hizo durante la instalación de la Red de Universidades Promotoras de la Salud y la Red Neolonesa de Municipios por la Salud.

“Es mejor que nosotros como padres le digamos al hijo: ‘Mira, mi’jito, ven para acá: a una niña gorda no la quiere nadie’. Sí, es duro, pero los va a sorprender”, dijo como parte del discurso principal en el evento. “Imagínate: el chamaco de 15 años que embaraza a su novia de 14, ya cuando la ve que le empieza a crecer el estómago, ese chamaco busca a otra. Díganme si no. ¿Por qué no se los decimos así?”.

El gobernador argumentó, después de suscitarse un escándalo nacional, que sus palabras fueron sacadas de contexto y, por lo tanto, malinterpretadas. Yamilett Orduña, titular del Instituto Estatal de la Mujer, considera que si bien eso es cierto, “la forma en la que emplea la frase tampoco es la mejor”.
“Sí se tiene que moderar la forma coloquial en la que nuestro gobernador se expresa”, añade. “[…] Creo que nuestras palabras deben de ser precisas porque es un tema muy sensible y es grave para el estado; 

que además nos cuesta tanto en economía como en infraestructura, en prevención y en salud. Creo que la buena voluntad del gobernador, que realmente estaba participando en un tema de salud a favor de este proyecto, se desvirtuó en todo el embrollo nacional. Lo más importante es que nos involucremos en planes de acción con resultados”.

Orduña, quien ocupó previamente la dirección del Seguro Popular, se estrenó al frente del instituto justo en medio del escándalo provocado por esa frase. Dice que le ha pedido a Rodríguez “trabajar en este lenguaje no discriminatorio e incluyente a nivel trasversal en el gabinete”, porque es consciente del grado de insensibilidad verbal que anida en buena parte de la burocracia.

El mismo día del dislate del gobernador, Manuel de la O Cavazos, secretario estatal de Salud, informó que el porcentaje de embarazos entre adolescentes en los hospitales del sector alcanza el 32 por ciento.

“Tenemos que orientar a nuestra población”, precisó. “Estamos elaborando un mode-lo de prevención de embarazos en adolescentes, pues hemos detectado factores de riesgo”.

Orduña amplía la información esbozada por el secretario de Salud. “La realidad que se ha observado en las investigaciones realizadas a la fecha es que entre las mujeres que se embarazan hay una conexión con el consumo, primero de cigarro, de alcohol,  y luego de drogas. Además llegan hasta la instrucción secundaria y pertenecen a una familia numerosa”.

El área metropolitana de Monterrey concentra una decena de colonias en las que el grado de marginalidad es extraordinario. Se le conoce como Polígono 51. Cada secretaría de gobierno ubica ahí los mayores índices de violencia, crimen, pobreza, deserción escolar, desintegración familiar, deficiencias urbanas y de servicios, problemas de salud y embarazo entre menores de edad. La directora del Instituto de la Mujer dice conocer la zona bastante bien, y se forja conclusiones.

“Hay familias extensas en casas muy pequeñas, sin espacios divisorios. Ahí ocurre que los hijos observan las relaciones sexuales de sus papás, o el contacto con hermanos y hermanas en una misma cama puede generar otro tipo de acciones. ¿Qué tenemos que hacer y qué se ha hecho en Nuevo León? Se tiene que invertir en la prevención”, dice.

Orduña enumera tres acciones con las que, en ese instante, ima-gina que puede revertirse la realidad, aunque ya existan: campañas de información sobre el consumo de alcohol y drogas, generación de fuentes laborales y programas de seguridad social.

El punto es que, como refirió el Bronco en sus tiempos de alcalde, se tiene una población joven a la que ninguna estrategia fijada hasta hoy por el gobierno le ha influido. Y lo mismo pasa con el tema de la violencia, cuya existencia en el Código Penal del estado es también deficiente.

La violencia generada dentro de una relación de noviazgo no está tipificada como delito, informa Cecilia Reyes, encargada del de-partamento de estadística del Instituto de la Mujer. “La puedes inferir y la puedes medir a través de las edades y el tipo de relación que tienen ellas, pero si como mujer expones el maltrato de tu novio, al momento de presentar una denuncia, no está tipificada la violencia en el noviazgo”, explica.

Son los huecos, no solo en el ámbito judicial, sino en general, donde radica el desafío que ya no es tan simple modificar para bien, reconoce la misma directora del instituto.

“Yo creo que se tienen que hacer acciones. O sea, ahí es donde el instituto y las demás instancias gubernamentales nos tenemos que poner de acuerdo para generar políticas públicas a partir de estos cambios que hoy están surgiendo”, dice Yamilett Orduña.

VIOLENCIA QUE NO VENDE

El asesinato de Alexis Gabriela García, una estudiante de preparatoria de 17 años, fue material periodístico y de redes sociales durante días. Ocurrió el mediodía del domingo 17 de abril, a las afueras de su casa en la colonia Villa Las Fuentes, en el sur de Monterrey. Su exnovio y vecino de toda la vida, Sergio Arturo Alanís, de 23 años, la acechó desde temprano portando la pistola con la que terminó dándole un tiro en la tráquea. Al momento del ataque, Alexis salía junto con su madre y hermana menor. A las dos, Alanís las golpeó con la cacha hasta dejarlas inconscientes.

Lo sucedido tiene como fondo un cúmulo de condiciones que ofrecen uno de los retratos del México actual, pero, sobre todo, colocó en la agenda mediática el tema de la violencia de género y la fragi-lidad en cierta parte del tejido social que terminó por accionar varias dependencias del gobierno local.

“El caso particular de Alexis, bueno, era una chica que era clase media alta, bien comida, bien nutrida, con el ejercicio de muchas cosas favorables para su vida y la de su familia. Y cuando ocurren este tipo de casos tan violentos como que la sociedad en eso es también mucho muy perversa”, dice Marcela Valero Cervantes, de Arthemisas por la Equidad. “Este tipo de agresividad está muy normalizada. Están muy habituados, niños y niñas, a que la violencia es algo normal”.

La desgracia regional no se detiene en un solo caso. Existen miles que se suscitan de manera cotidiana y que en su invisibili-dad otorgan un estadio confortable a los funcionarios de gobierno que debieran contrarrestarlos.
Hace poco una maestra de kínder abrió la lonchera de uno de sus alumnos y se sobrecogió al descubrir que en la servilleta que envolvía el sándwich la madre pedía auxilio.

“Son casos que, como no hay un decapitado, los medios los ignoran y por lo tanto este tipo de temas se quedan en una escala menor, sin presión mediática, que es lo que muchas veces provoca movimientos en la agenda de gobierno. Sin embargo, cuando entras en temas como este, en campo, descubres que la realidad es muy terrible”, dice Gerardo Palacios Pámanes, director de Pre-vención Social de Guadalupe.

En el mismo mapa sobre el que cruzó registros de violencia y marginación, Palacios quiso saber si convergían casos de adolescentes y adultos privados de su libertad. La coincidencia fue total.

“Si ese mapa lo ves con base en los indicadores del Coneval o si le agregas al mapa las zonas con rojo incandescente, es decir, aquellos con la escala más alta de marginación social, encuentras que todos estos símbolos coinciden —señala—. Por esa razón Naciones Unidas ha dicho que deben ponerse los esfuerzos de prevención del delito en el contexto más amplio del desarrollo humano y social”.

En términos generales, la realidad del estado es compleja. Uno de cada cuatro menores tiene consumo problemático de alcohol, y de acuerdo con el INEGI, 57 000 jóvenes no estudian ni trabajan.

“Las causas sociales, la violencia estructural que genera con-diciones propicias para el crimen en Nuevo León, la desigualdad, todo eso sigue intacto”, dice Palacios. “Vemos que estos factores de riesgo siguen concentrándose en las mismas colonias porque no hemos hecho nada estructural en esas colonias y con las fami-lias que ahí viven. No hemos hecho nada ni con esta generación ni para la que viene”.

about ignacio alvarado álvarez

Journalist - Periodista

Ignacio Alvarado Álvarez was a member of the investigative-reporting units for El Diario de Juárez and El Universal in Mexico City. His work has appeared in numerous magazine and newspapers, and he has run workshops in the U.S., Europe and Mexico on covering organized crime and violence.

 Ignacio Alvarado Álvarez fue miembro de la unidad de reportaje e investigación para El Diario de Juárez y El Universal en Ciudad de México. Su trabajo ha aparecido en numerosas revistas y periodicos. Ha impartido talleres en Estados Unidos, Europa y México acerca del crimen organizado y violencia. 

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