Lecciones de sangre

Antes del ataque perpetrado por un alumno de 15 años dentro de un aula de un colegio privado, en Monterrey, ocurrieron muchos otros atentados que involucran a menores de edad. El marco referencial de la violencia ha estado presente en la vida cotidiana de los mexicanos desde hace una década, y ahora el país es dueño de una generación que creció sobreexpuesta a ella. El gobierno responde con los mismos símbolos de fuerza y acciones represivas de los años recientes, mientras la sociedad pretende ceñirse a valores que corresponden a una época en la que internet no estaba presente. El episodio puede abrir otra puerta al infierno, y nadie atina a hurgar en el fondo de lo sucedido.

Parece una mañana cualquiera.

En el aula las mesas se encuentran dispuestas en cuatro islas. Una veintena de alumnos convive al comienzo de la jornada de miércoles, mientras la maestra se desplaza de un lado a otro para recoger las hojas de tarea. Sentado en un pupitre al lado de la puerta, el único estudiante solitario permanece atento. De pronto sustrae una pistola calibre .22 y, sin demora, realiza el primero de los disparos en contra del compañero que tiene frente a él, a unos dos metros de distancia. Este cae fulminado. Antes de que nadie reaccione se pone de pie y dispara a la maestra, que se derrumba sobre la espalda de una alumna. Tras ello vienen otros cinco tiros en distinta dirección.

Tres de ellos pegan en la cabeza y el brazo de otros tres estudiantes. El atacante de 15 años se lleva entonces el arma a la sien derecha y la acciona en un par de ocasiones. No hay balas. Acude a su lugar para recargarla. En ese instante uno de los alumnos huye mientras el resto se encuentra agazapado. Algo debe decirles, porque incluso antes de que vuelva a intentar el suicidio, algunos comienzan a dirigirse titubeantes hacia la salida. Esta vez el proyectil sale, y el cuerpo desconectado impacta el piso mientras se genera la estampida.

La escena, capturada por una de las cámaras de circuito cerrado del Colegio Americano del Noreste, dejó helado a medio país. Si algo faltaba de ver al final de una década en la que la sociedad atestiguó una diversidad de formas violentas era un atentado de este nivel, inédito hasta hoy. Además del video, las fotografías enfocadas en los rostros sobre lagunas de sangre inundaron las redes sociales.

Algunos medios de información las publicaron sin filtros, y todo ello reventó conciencias. Por primera vez, también, parte de la sociedad se indignó y exigió frenar su difusión. Los reclamos fueron acogidos por el mismo encargado de la política interna, Miguel Ángel Osorio Chong, y el presidente Enrique Peña Nieto, quien ofreció sus condolencias. En el lado opuesto, miles de jóvenes contemporáneos al perpetrador del ataque tomaron las redes sociales para proclamarlo héroe y alentar nuevas réplicas. El motor que los mueve está lejos de ser comprendido a cabalidad por un sistema al que poco le importó la sobreexposición de actos brutales y el impacto emocional que ello dejó en una generación.

“Esto de pensar que los niños olvidan todo, que olvidan pronto, es un error que estamos pagando como sociedad”, dice Nashieli Ramírez, la especialista en investigación educativa que dirige Ririki Intervención Social, una organización abocada a programas para el desarrollo humano. “Lo que hemos visto nos habla de grandes omisiones. Hemos venido documentado, desde comenzada la guerra, la manera en cómo se aborda sin protocolos de protección a niños, niñas y adolescentes. Cuando un gobierno cuenta con protocolos sabe que si de pronto persigues a alguien y cruzas por una zona de niños o civiles, abortas esa misión. Pero no: durante un buen periodo tuvimos esto que llamaban ‘daños colaterales’, en el que quienes más sufrieron fueron los infantes. Nunca reparamos en la manera en que los menores absorben los efec-tos de esta violencia social. ¿Qué pasa con los niños que sufrieron, antes del atentado en el colegio, la balacera en Cancún? ¿Cómo se impacta a quienes no recibieron balazos dentro del aula? Nadie los ve. Pero los heridos son todos, y si no lo ponemos así, estamos negando un elemen-to fundamental de protección”.

En ocho años, Nuevo León, la entidad en cuya capital se ubica el Colegio Americano del Noreste, ha triplicado los casos por desaparición forzada. Desde 2009 una racha de violencia extrema comenzó a la vista de todos. Las calles fueron escenario de enfrentamientos y la muerte encontró en ellas el marco para disponer de cuerpos mancillados. El secuestro, la extorsión y la tortura fueron sucediéndose sin contrapesos. De todo ello fueron parte activa las fuerzas de seguridad del estado, que atribuyó hasta estos días la desgracia a organizaciones de narcotraficantes en una supuesta confrontación por el control territorial. Una realidad como esta parece anestesiar a sociedades enteras. “Se desarrolla un mecanismo de defensa que vuelve insensibles tanto a los menores como a los adultos”, explica Marisela Escamilla, psicóloga de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Hu-manos (Cadhac), la organización insigne que lleva el recuento de los daños en la entidad. “Lo que se tiene ahora es a individuos que actúan bajo efectos de brotes sicóticos, que anulan la voluntad. No tienen conciencia de lo que está bien o de lo que está mal. Y esto tiene que ver con la sobreexposición a la violencia. Sin embargo, el gobierno no ha instalado ningún tipo de programa orientado a la atención de la salud mental”.
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Otro video de una escuela regiomontana se hizo viral. Ocurrió en mayo de 2011, en la parte más álgida de la “guerra entre cárteles”. Una maestra instruye a sus alumnos de kínder para que permanezcan tendidos, con las cabezas pegadas al piso, mientras se escuchan disparos de armas de alto calibre. Para relajarlos, les pide cantar con ella: “Si las gotas de lluvia fueran de chocolate”… Martha Rivera, la profesora de 33 años, fue la heroína no solo en la ciudad, sino en buena parte de México. El entonces gobernador, Rodrigo Medina, que prefirió aislarse de la escena pública durante ese periodo, renunció brevemente al ostracismo para entregarle un diploma en reconocimiento a su profesionalismo. Ella había hecho bueno un
“protocolo de seguridad” impartido por la Secretaría de Educación, que no era otra cosa que saber reaccionar dentro de las aulas en caso de balaceras. Pero los alumnos de cinco y seis años quedaron a su suerte, sin que se haya vuelto a saber sobre su salud emocional. Se trata de menores que hoy tienen entre cuatro y tres años menos que el alumno atacante del Colegio Americano del Noreste.

La manera en la que una sociedad y su gobierno desatienden de este modo la salud de sus infantes tiene un costo elevado, dice Enrique Mercadillo, maestro en desarrollo humano y terapeuta Gestalt en Monterrey. “Cuando ocurren este tipo de sucesos es necesario dar espacio a las emociones porque esto genera dolor, tristeza, rabia. Si no se atienden estas emociones lo que ocurre es una problemática mayor. Esto podemos observarlo cada día más”.

El atacante de 15 años era, en apariencia, un menor a salvo de tales afecciones. De acuerdo con Aldo Fasci, el vocero del sistema estatal de seguridad, el adolescente era parte de una familia “normal, que no tiene problemas y que no tiene ninguna relación con incidencias delictivas”. La pistola que utilizó pertenece a su padre, descrito por Fasci como un profesionista sin conflictos jurídicos, aficionado a la caza, que fue quien enseñó a su hijo mayor a dis-parar. De ahí la destreza exhibida durante el atentado. El día de los hechos, Fasci hizo referencia a la salud emocional del menor. Sufría de depresión y, por tal motivo, se le trataba profesionalmente. La investigación continúa para conocer las razones detrás, y mientras ello sigue se ha pedido a la ciudadanía no caer en psicosis. Algo imposible sin programas específicos para contenerla.

“Presenciar la muerte es perturbador”, dice el terapeuta Mercadillo. “Entre los 14 y 17 años se vive el periodo en el que usualmente se asumen conductas de riesgo mayor. Como, por ejemplo, manejar negligentemente, consumir drogas o utilizar armas de fuego sin tener conciencia apropiada del impacto que ello produce. Por eso hay que aportar claridad de juicio, establecer límites. Con esto no se busca exculpar, sino explicar lo que sucede, porque esto es mucho más fácil que ocurra en un ambiente sobrecargado de violencia, muerte, impunidad, en el que algunos adolescentes puedan irse insensibilizando. Y ante una realidad así no pueden tocarse estos temas con cinismo ni con falta de análisis”.

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El mediodía del 17 de abril de 2016, Alexis Gabriela García, de 17 años, salió de su domicilio acompañada por su hermana menor y su madre. Se dirigían a un partido de futbol. Entre los autos apareció el exnovio de Alexis con una pistola en mano. Le disparó al cuello y después golpeó con el arma la cabeza de la otra menor y de la madre, a quienes dejó inconscientes para luego huir. Fue un acto irracional cometido con otra pistola en poder de una familia, en este caso la del agresor, Sergio Arturo Alanís, de 23 años. El hecho generó debates acalorados y obligó a las autoridades de Nuevo León a operar. Pero en pocas semanas todo volvió al antiguo estado de las cosas.

“La violencia está ahí, latente. Solo tienes que encontrarte con ella”, reflexiona ahora Carmen García, la tía de Alexis, que aquel domingo incendió las redes sociales con una larga carta en la que aludía no solo a las fallas familiares, sino a las grandes omisiones sociales y de gobierno que desembocaron en el homicidio. “No pretendo hacer juicios; sin embargo, la experiencia me dice que todo empieza en casa. No sé el contexto en el que vivía el joven que disparó a sus compañeros de escuela. Quiero pensar que su familia es una familia acomodada, sin necesidades económicas. Y entonces pienso en lo que sucede alrededor de las secundarias públicas, en donde se tienen mayores problemas relacionados con la falta de educación sexual, pandillas, armas, bullying, suicidios, embarazos prematuros, deserción. Ojo, no quiero minimizar lo que pasó en este colegio, pero la violencia es de todos los días. En otros estratos sociales los chavos tienen que lidiar con mucho más, y el sistema político-social no da para eso. Lo que sucedió el miércoles nos pega porque seguimos pensando que estamos a salvo”.

El contexto descrito por la tía de Alexis ha sido sistemáticamente desestimado por el gobierno no solo de Nuevo León, sino del país entero. “Hay una parte de la violencia que se hereda y otra que se aprende”, explica Marisela Escamilla, la psicóloga de Cadhac. “En el caso del colegio creo que hay una combinación de las dos… Lo que se observa en un marco de violencia como el que tenemos, es esta dureza emocional. No se conmueven con el dolor de los demás, no muestran empatía. Hay muchos niños que aprenden a inhibir estas emociones como un mecanismo de defensa. Hay impulsividad, falta de miedo, incapacidad para ver que sus acciones tendrán efecto sobre los demás. Tenemos una infancia muy lastimada. Lo vemos aquí, cada día. Y trabajamos con ellos porque son un potencial mayor para que se conviertan en agresores. Lo grave es que este tipo de ataques pueden replicarse, porque este perfil va contagiando a otros que, inconformes con el mundo, desencadenan un mecanismo mental que engendra ánimos de venganza. Comienzan a fantasear y llega el momento en el que confunden la realidad y vuelven real sus fantasías. Esto no es nuevo, lo hemos visto en otros lugares. Por ello creo que el gobierno debe poner algo de su presupuesto para trabajar la salud mental, lo que de momento no existe”.

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El adolescente de 15 años dejó de tener actividad en su página de Facebook desde mayo de 2016. Era poco activo en ella, de hecho. Contaba con 86 amigos y en sus álbumes tenía pocas fotografías, una de ellas de 2013. Un niño. La foto de perfil fue tomada sin pudor para abrir siete páginas más en la misma red social, usurpando su identidad. Eso ocurrió el mismo miércoles del atentado. En ellas se montaron fotografías de los heridos y el video que perturbó a buena parte del país. No fue lo único. En otras plataformas se montaron mensajes a nombre del menor, en los que se anunciaba el ataque. Estaban fechados la víspera, pero las autoridades concluyeron que todos eran falsos. Como sea, el tema prendió. Los mensajes de ida y vuelta envolvieron a miles de contemporáneos del adolescente, cientos celebrando lo hecho.

“Hay una exposición mediática que es terrible”, dice Nashieli Ramírez, la especialista en desarrollo humano de niños, niñas y adolescentes. “Sabemos lo que pasó segundo a segundo y ellos vie-ron con toda naturalidad el video”.

La actitud de esta legión no debiera sorprender demasiado en un país que permitió la difusión sin freno de actos con violencia extrema. Y de un gobierno que jamás implementó ninguna política pública para tratar a infantes testigos de la brutalidad. Es uno de los factores que explican la fatalidad. En este caso se tuvo como escenario una escuela privada, en las que difícilmente se expulsa al alumno problema y tan solo se le excluye. “Lo que pasa en las escuelas públicas es diferente. Ahí los expulsan. Y no tenemos institucionalidad que los pueda cachar. Tampoco pueden atender a niños genio: se les van por igual. El problema por salud mental es que no hay instancia alguna para canalizarlos. Entonces, cuando no tienes dinero, los niños quedan fuera de la escuela. Es el caso paradigmático del Ponchis. Él no disparó a los alumnos, fue a disparar afuera. El fenómeno es el mismo”.

Ramírez hace referencia al niño que en 2010 apreció en videos de YouTube torturando a sujetos que luego ultimó. “Invertimos el dos por ciento del presupuesto de salud para atender casos de salud mental. Tenemos a una persona al frente de ese cargo por más de veinte años y nadie la mueve porque es familiar del Dr. Simi. Se llama Virginia Torres. Y no ha hecho nada porque no sabe nada. En veinte años el contexto ha cambiado por completo y seguimos empantanados en fenómenos de los que no sabemos nada. Así que, en vez de soluciones, se aplican ocurrencias. Ahí tienes que quieren reactivar el mochilazo. Pero seguimos sin regulación de las armas. Tampoco se enfocan procesos de segu-ridad para que los proveedores de droga dejen de operar en los márgenes de las escuelas. Así que no debe extrañarnos que algo así vuelva a repetirse”.

No fue la única reacción evidente del gobierno. El Colegio Americano del Noreste a las pocas horas se vio sitiado por militares y agentes de policía fuertemente armados. Con ello se pretendió brindar tranquilidad a la comunidad ahí reunida, y enviar un mensaje de fortaleza institucional al resto del país. La amenaza, sin embargo, corría por el mundo alterno de las redes sociales.