Desaparecidos en zonas estratégicas

En los últimos años, hombres de entre dieciocho y treinta años han sido víctimas de desaparición forzada en ciertas zonas de chihuahua. En marzo pasado, organizaciones civiles presentaron un informe ante la comisión interamericana de derechos humanos donde se indica que es probable que la desaparición de estos jóvenes tenga propósitos criminales y de esclavización. Pero hay otra teoría esgrimida por activistas de esa entidad federativa: se ha implantado una política de terror en regiones ricas en agua, minerales y gas, que al amparo de la reforma energética, suponen un botín extraordinario para empresas, gobiernos y el crimen organizado.

CHIHUAHUA, CHIH.— LUIS CARLOS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, un estudiante de bachillerato de dieciocho años con reputación de alumno ejemplar y deportista destacado, reparaba el equipo de sonido del auto familiar cuando fue sorprendido por un grupo de individuos que llegaron abordo de tres camionetas, armados con rifles de asalto. Con violencia lo sometieron frente a su madre, que atestiguó impotente el ataque.

En menos de un minuto, los sujetos emprendieron la marcha rumbo a La Junta, el nudo vial que da entrada a la sierra Tarahumara. Eran las 19:30 horas del 22 de mayo de 2010, el año con el registro criminal más elevado en la historia de Chihuahua, estado que para entonces concentraba uno de cada tres homicidios en México.

CUAUHTÉMOC ES EL CENTRO COMERCIAL DE LOS PUEBLOS AL PIE DE LA SIERRA, Y POR CUATRO DÉCADAS SE HA CONSERVADO COMO UNA DE LAS ESTACIONES PRIMORDIALES EN EL TRASIEGO DE LA DROGA RUMBO A LA FRONTERA.

Leticia Sánchez, la madre del estudiante, reaccionó de inmediato. Subió al auto que reparaba su hijo y emprendió la persecución de los captores. Al mismo tiempo llamó desde su celular al número de emergencia de la policía. Les contó lo sucedido y brindó descripciones de las camionetas. De allí la comunicaron al C4, el centro de inteligencia de la policía estatal. Kilómetros adelante, un cuarto vehículo se colocó frente al suyo y la obligó a detener la marcha. Ninguna autoridad operó para auxiliarla.

“La vida nos ha dado en la cara con una realidad tan violenta que parece irreal”, escribió Leticia tres días después al entonces gobernador, José Reyes Baeza. “Aunque sabíamos de lo que ocurre a nuestro alrededor, ni la familia ni los amigos imaginamos esta situación. Así tampoco nos cabe en la imaginación, que siendo usted la máxima autoridad en nuestro estado, no esté enterado de quién se mueve y quién no.”
A la fecha, Luis Carlos sigue desaparecido.

Cuauhtémoc es el tercer municipio más poblado de Chihuahua, con cerca de 155 000 habitantes. Alcanzó ese estatus en 1948, casi dos siglos después de fundarse como ranchería. Se localiza cien kilómetros al poniente de la capital Chihuahua. Es el centro comercial de los pueblos al pie de la sierra, y por cuatro décadas se ha conservado como una de las estaciones primordiales en el trasiego de la droga rumbo a la frontera.

Desde el año en el que Luis Carlos desapareció, otros 350 hombres, de entre dieciocho y treinta años, han sido víctimas de desaparición forzada en esa localidad. Un informe presentado en marzo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por varias organizaciones civiles, entre ellas el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), establece que en todos los casos se tiene evidencia de la participación de policías o militares.

“Las defensoras y defensores de los derechos humanos nos hemos preguntado cuáles son las razones por las que este fenómeno se da específicamente en ciertas regiones”, dice Lucha Castro, la coordinadora de la CECEDEHM, ante la cifra abrumadora de los expedientes que maneja. “Tal pareciera que hay la intención de despoblar, de aterrorizar. Porque, efectivamente, se han dado éxodos de familias enteras.”

En diciembre de 2013, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua ofreció el último recuento oficial de casos de personas desaparecidas: 1343. Desde entonces, Castro sostiene que no se ha incluido a cientos de víctimas cuyas familias decidieron no denunciar por miedo o desconfianza hacia las autoridades. Ella piensa que en el estado puede existir fácilmente el doble o triple de casos, aunque es imposible demostrarlo.

“Es una zona empobrecida, sin Estado de derecho, en la que rige el control de grupos de la delincuencia organizada”, describe el área que va de Cuauhtémoc hasta los límites con Sinaloa por la sierra Tarahumara. “Eso nos habla de un Estado totalmente complaciente y protector de esos grupos criminales, aunque no tenemos la certeza todavía de cuáles serán los orígenes de tal anuencia.”

La desaparición de varones en edad productiva tiene al menos un par de hipótesis para algunos activistas de Chihuahua. La primera es que se los llevan y los esclavizan en zonas de cultivo de droga, o los transforman en asesinos y secuestradores. De ello dan fe los testimonios de unos cuantos que pudieron huir de sus captores.

Gabino Gómez, el encargado de la agenda de desapariciones forzadas dentro del CEDEHM, cuenta de uno.

“Es un muchacho de dieciséis años, de Cuauhtémoc, que ubica el recorrido de los secuestradores: se van hasta la sierra de Sinaloa. Primero lo tenían empaquetando droga en una bodega; él cuenta que en ese lugar por lo menos había unas veinte o treinta personas empaquetando droga. Después trasladaban la droga de los campos a las bodegas. Me cuenta que allí vio a un hombre muerto, crucificado, y que le dijeron: eso le pasa a los que se quieren ir.”

El adolescente escapó aprovechando la confusión en medio de un enfrentamiento a tiros, mientras sus captores realizaban una transacción de droga por dinero.

UN GRUPO DE PERSONAS se manifiesta en el Palacio de Gobierno de Chihuahua, en demanda de que las autoridades correspondientes localicen al joven Luis Carlos Hernández, de dieciocho años de edad.

En lo profundo de la sierra, en el sur de las Barrancas del Cobre, cultivadores de amapola y mariguana de Sinaloa, Chihuahua, Durango y Sonora convivieron en relativa calma durante décadas. La zona ha sido históricamente vigilada por militares y existen delegaciones de policías estatales, además de municipales. El orden cambió de un día para otro cuando, de acuerdo con la versión del gobierno federal, el Cártel de Sinaloa decidió disputarle territorio al Cártel de Juárez.

Sin embargo, existen hechos que desatan la suspicacia ante la narrativa institucional. Por ejemplo, los activistas se convirtieron en objetivo de militares, policías y paramilitares desde 2008, el año en el que inició la Operación Conjunta Chihuahua. La razón es que fueron ellos los que señalaron desde el principio los asesinatos, torturas y desapariciones a manos de las autoridades. Desde entonces, también, les han documentado casos de protección a células que igualmente asesinan, secuestran, extorsionan y desaparecen ciudadanos.

A la vuelta del tiempo, ninguna estructura criminal fue desmantelada. Los mismos operadores o nuevos “jefes de plaza”, trabajan con licencia de la policía y el ejército, señalan.

“Para que operen agentes del Estado, forzosamente existe una escalera de decisiones que lo permiten”, dice sobre ello Gabino Gómez, quien es originario de Bachíniva, uno de los municipios al pie de la sierra en donde también la violencia aumentó exponencialmente a partir de aquel año. “¿Dónde están los límites? Es difícil determinarlo. Pero lo que sabemos con certeza es que hay complicidad, tolerancia y acuerdos de la autoridad misma. La famosa guerra de Calderón fue un simulacro que sirvió para reacomodar a los grupos del poder.”

La segunda teoría, entonces, adquiere mayor peso.

Martín Solís, líder estatal de El Barzón, vive sentenciado a muerte por una célula de La Línea, en Villa Ahumada. La razón por la que quieren asesinarlo está muy alejada del negocio de la droga: el agua. En los últimos ocho años, su organización ha denunciado reiteradamente la sobreexplotación de mantos freáticos a manos de una docena de menonitas, que acapararon 250 000 hectáreas en territorios no solamente fundamentales para el tráfico de la droga, sino para el desarrollo que se avecina en el estado gracias a la reforma energética.

La desaparición de jóvenes es posible que tenga propósitos meramente criminales y de esclavización, como refiere el informe presentado por las organizaciones civiles ante la CIDH. Pero en el contexto general de la violencia, el líder de El Barzón, igual que otros activistas, advierte una política de terror justo en las regiones ricas en agua, minerales y gas. Una zona en la que se proyectan inversiones de miles de millones de dólares en gasoductos, red ferroviaria, carreteras, así como polos de desarrollo para el alto turismo, en los que participan hombres de enorme poder financiero y político.

DESDE 2010 MÁS DE 350 HOMBRES, DE ENTRE DIECIOCHO Y TREINTA AÑOS, HAN SIDO VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADA EN LA LOCALIDAD. EN TODOS LOS CASOS SE TIENE EVIDENCIA DE LA PARTICIPACIÓN DE POLICÍAS O MILITARES.

II

A mediodía del 20 de octubre de 2009, José Alfredo Silly Peña, inspector en jefe de un grupo de veinte agentes de inteligencia de la Policía Federal, se dirigía a Ciudad Juárez junto con tres subalternos, con quienes había dormido la noche previa en un hotel del poblado de Galeana, en la zona de las praderas centrales de Chihuahua. Tomaron la carretera que une Flores Magón con Villa Ahumada. En algún momento extraviaron el camino, aproximándose al ejido Benito Juárez, en los límites municipales de Buenaventura.

La zona que siguieron los federales no tenía rutas descubiertas por los narcotraficantes que se habían desplazado desde Villa Ahumada hasta la zona de la baja Babícora y Ascensión, en la frontera con Nuevo México. Esa era la nueva línea en donde las viejas células del crimen local se defendían de invasores provenientes de los municipios del oeste, como Madera y Janos, ahora aliados de sinaloenses y sonorenses.

Para cuando el vehículo de los federales, un Chevrolet Optra, atravesaba el perímetro del ejido, unos cuarenta hombres con fusiles de asalto los esperaban en el vado de un río. Fueron masacrados porque los confundieron con narcos rivales, dice uno de los habitantes de Benito Juárez, que reseña lo que sabe del ataque bajo condición de anonimato. Bajaron los cuerpos y entonces se percataron de que eran agentes. Ocultaron los cadáveres en la boca de una mina. Al jefe Silly Peña lo hallaron a los tres días. El resto de los cadáveres se localizó el 2 de noviembre.

La respuesta del gobierno fue intimidante. Alrededor de 2000 agentes federales y militares tomaron posesión de los municipios de Buenaventura, Ascensión, Galeana, Nuevo Casas Grandes y Ahumada. Si los pobladores de la región vivían en zozobra, ahora estaban aterrorizados.

De acuerdo con testimonios de ejidatarios, los federales y militares allanaron viviendas, violaron mujeres, torturaron, desaparecieron y asesinaron a civiles sin que ningún medio de información fuera capaz de documentar las atrocidades, a no ser que reprodujeran comunicados oficiales en los que se daba cuenta de la supuesta batalla que libraban los dos cárteles rivales.

Ninguno de los responsables del asesinato de los federales liderados por Silly fue aprehendido, a pesar de que las autoridades tenían fichas sobre cada uno de ellos.

Nitza Paola Alvarado Espinoza, de treinta y un años, pudo ver el listado de los federales con la ficha de los asesinos. Lo supo porque en el ejido todos se conocen, pero además, porque se trataba de los mismos sujetos que un par de meses antes asesinaron a dos de sus hermanos. Ella y su sobrina, Rocío Irene Alvarado Reyes, de dieciocho años, creyeron que aquel impresionante operativo era genuino, y se atrevieron a delatar no solamente a los jefes de la célula de Villa Ahumada, sino las casas que ocupaban en el pueblo ellos y sus secuaces.

Las dos, junto con un primo que llegó a pasar un fin de año en familia, José Ángel Alvarado Huerta, fueron desaparecidas por elementos de una patrulla militar la noche del 29 de diciembre. La familia protestó durante semanas frente al Batallón 35, con sede en Nuevo Casas Grandes, en donde un agente ministerial les aseguró que tenían a sus parientes. Los militares negaron en todo momento las acusaciones.

La desaparición reúne, sin embargo, evidencia comprometedora a grado de generar medidas provisionales dictadas por la CIDH, la primera derivada de las violaciones cometidas durante los Operativos Conjuntos ordenados por el expresidente Calderón. El hecho de que dos mujeres estén desaparecidas involucró al CEDEHM de Lucha Castro, y a partir de ese caso fueron acumulándose expedientes sobre el resto de las desapariciones, desde ahí hasta los municipios de la sierra.

Los meses del terror, en los que cientos de individuos fueron asesinados o desaparecidos, produjeron la huida estrepitosa de familiares de las víctimas, temerosas del exterminio. Pero en medio de la violencia iban gestándose despojos de territorio, disputas agrarias, confrontaciones por la sobreexplotación de los mantos freáticos, y se aceleraban proyectos de inversión fuera de marcos jurídicos.

NINGUNO DE LOS RESPONSABLES del asesinato de los federales liderados por Silly fue aprehendido, a pesar de que las autoridades tenían fichas sobre cada uno de ellos.

III
Desde su nacimiento como ejido, en 1961, Benito Juárez ha sido cuna de movimientos agrarios. Sus agricultores han sido lo más exacerbados manifestantes en contra del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y consolidaron la cabalgata que en 1999 emprendieron los barzonistas desde Ciudad Juárez hasta el zócalo de la ciudad de México. En 2009, mientras la violencia establecía nuevos niveles en la región, ellos no quitaron el ojo sobre el asunto del agua.

En apenas dos años, entre 2007 y 2009, documentaron que una docena de potentados menonitas, asesorados por Carlos Garza, cuñado del entonces gobernador José Reyes Baeza, se extendieron por 250 000 hectáreas de los municipios del noroeste y hacia el noreste, en los linderos con el Valle de Juárez y los municipios de Ojinaga y Manuel Benavides, en la frontera con Texas.

Los menonitas convirtieron el estado en el principal productor nacional de maíz amarillo y algodón, peroagotaron hasta ahora 80 por ciento de las reservas de agua, según los barzonistas. Eso llevó a conflictos aún mayores entre particulares y ejidatarios por la disposición del recurso, justo cuando se vuelve indispensable para el fracking en los territorios del noreste, ricos en yacimientos de gas esquisto.

En el marco de esa disputa, Alberto Almeida, exalcalde de Ahumada y activista en contra de la sobreexplotación de las reservas de agua, fue asesinado a tiros frente a su esposa e hija, a bordo de su camioneta, en el estacionamiento de un centro comercial de Ciudad Juárez, el pasado 24 de febrero.

Almeida fue solidario de otros activistas locales, Ismael Solorio y su esposa, Manuela Solís, igualmente asesinados en octubre de 2012, en Cuauhtémoc, cuando libraban una lucha en contra de la minera canadiense Mag Silver, enfrascada aún en un conflicto legal con los ejidatarios de Benito Juárez, donde existen ricos depósitos de plata, zinc y molibdeno.

“ES UNA ZONA EMPOBRECIDA, SIN ESTADO DE DERECHO, EN LA QUE RIGE EL CONTROL DE GRUPOS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.”

MARTÍN SOLÍS, EL LÍDER ESTATAL DE EL BARZÓN, VIVE SENTENCIADO A MUERTE POR UNA CÉLULA DE LA LÍNEA, EN VILLA AHUMADA. LA RAZÓN POR LA QUE QUIEREN ASESINARLO ESTÁ MUY ALEJADA DEL NEGOCIO DE LA DROGA: EL AGUA.

El homicidio de los tres no ha derivado en ninguna pesquisa que lo enmarque en las luchas que libraban. Martín Solís, el líder barzonista, dice que al gobierno no le interesa investigar ni los asesinatos ni la corrupción institucional que desató el conflicto agrario, por la misma razón que miente sobre la seguridad y el fenómeno de desapariciones: la promesa de inversiones multimillonarias de las que el mismo gobernador, César Duarte, busca ser accionista.

Desde iniciado el año, Duarte ha declarado sobre el impacto positivo que tendrán las reformas para Chihuahua este 2015. Habla del desarrollo turístico en la sierra Tarahumara, de miles de empleos que generarán minas de plata y oro, del gasoducto Encino-Topolobampo, del gas y del futuro prometedor del desierto para generar energía con paneles solares.

A principios de marzo, Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, describió en un artículo periodístico lo que la reforma energética depara concretamente para la región.

“Chihuahua se está convirtiendo en una entidad clave para el transporte de gas natural”, escribió. “Se está construyendo el gasoducto El Encino-Topolobampo, que entrará en operaciones a mediados de 2016. En los próximos meses, comenzará la construcción de los gasoductos Waha-San Elizario, Waha-Presidio, Ojinaga-El Encino-La Laguna, que traerá gas natural más barato desde Estados Unidos y podrá surtir de este combustible toda la entidad. La localidad de El Encino será uno de los principales puntos de interconexión para distribuir este combustible al noroeste y centro del país.”
La red de conductos no termina allí. Coldwell solo refirió las ramas principales. Pero de ellos se desprenderán líneas que alimentarán la industria local.
La generación de energía coloca Chihuahua en una posición de privilegio inmediato, según el secretario.

“Chihuahua tiene un enorme potencial para instalar parques solares”, añade. “Por su ubicación geográfica, cuenta con uno de los mayores índices de irradiación solar, con medias superiores a 6.5 kwh/m2. Actualmente, la entidad ha recibido nueve permisos para la construcción de centrales fotovoltaicas, que suman una capacidad de generación de 269 MW y que se espera que inicien operaciones el presente año.”

El proyecto Waha-San Elizario cubre una ruta de 290 kilómetros, desde Odesa hasta el este de El Paso, Texas. Grupo Carso, de Carlos Slim, se hizo de la licitación a finales de enero. El ducto se interconectará con el tramo San Isidro-Samalayuca, y el ducto Waha-Presidio con el de Ojinaga-El Encino-La Laguna. Es el mismo gasoducto que terminará en Topolobampo, a cargo de TransCanada, que atravesará por la Tarahumara.

“Claro que la zona más deshabitada es justo la que se tiene prevista para el desarrollo de estos megaproyectos”, dice Martín Solís. “Primero hubo un vaciamiento que produjo la depreciación de ranchos y enormes extensiones de territorio desértico. Y ahora se adquieren esas tierras violentas muy baratas, porque ya están abandonadas.”

EXISTEN RESISTENCIAS EN PIE, como la de los tarahumaras. En marzo, en Repechike, la comunidad indígena se oponía a que el gasoducto atravesara por siete kilómetros de sus bosques, fundamentales para su supervivencia.

Existen, sin embargo, resistencias en pie, como la de los tarahumaras. En marzo, en Repechike, la comunidad indígena se oponía a que el gasoducto atravesara por siete kilómetros de sus bosques, fundamentales para su supervivencia. El portavoz del grupo, Luis Enrique Pérez, habló con periodistas sobre la presión que recibió por parte del representante de TransCanada.

“Nos dijeron que teníamos que firmar, que ellos tenían otra forma de solucionar los problemas [enviándoles sicarios]”, contó. “En otras reuniones comunitarias también nos han dicho que si nosotros no lo aceptamos, van a pasar aunque no queramos.”

“De eso se trata el terror”, explica Martín Solís. “La idea es que se dobleguen los pobladores ante ese terror. Eso implica un mensaje muy claro: Nadie puede estar sobre mí. Eso implica el control total.”

VISTA DE UN NEGOCIO de fotocopias en Ciudad Juárez, abandonado y reforzado con reja en respuesta a la inseguridad y violencia que se vive en el estado.

IV
Ahumada es el municipio más extenso de Chihuahua y el sexto mayor del país. Su cabecera municipal es Villa Ahumada, el poblado origen de la célula criminal que quiere matar al líder de El Barzón. Sus integrantes son los mismos detrás del asesinato de los federales y a quienes supuestamente llegaron a detener los 2000 efectivos enviados en 2009.

La estructura de La Línea, como se llama a la estructura del cártel de Juárez, mantiene operación visible en los municipios que van desde Ahumada hasta San Juanito, el centro de la sierra Tarahumara. Por esa simbiosis con la autoridad que señalan los activistas, controlan carreteras y pueblos enteros, en donde cometen homicidios, secuestran, extorsionan y desaparecen personas.

El poder que se les ha conferido está perfectamente distribuido, dice Solís, hasta con dos o tres jefes por municipio.

“De Villa Ahumada a Madera pasas por seis jefes locales. Y tienen un control de las presidencias. Han estado inmiscuidos en participación electoral, con dinero, asustando a la gente, asustando a los posibles candidatos de oposición, incluso a los del PRI o de los otros partidos. Los buscan, los amenazan. Y cuando ganan, van e imponen a su gente en su gabinete. En toda esta región funciona una policía intermunicipal, obviamente fuera de la ley. Son sus grupos de seguridad”, describe.

Son esos grupos de seguridad en los que Lucha Castro y Gabino Gómez creen que pueden hallarse muchos de los jóvenes desaparecidos en Cuauhtémoc y sus alrededores.

Quizá fue la suerte de Luis Carlos Hernández Sánchez y de los otros 350 que desaparecieron en dos años en esa misma comunidad. No se les ha localizado, ni vivos, ni muertos.

A finales de marzo, Gabino asistió al lugar en el que catorce cuerpos fueron incinerados, en las inmediaciones de Cuauhtémoc. Fue imposible reconocer a ninguno. Durante meses ha testificado lo mismo en por lo menos otros seis sitios.

“HAY OTRAS FOSAS DE RESTOS QUEMADOS QUE NO LOS HAN IDENTIFICADO PORQUE NO TIENEN TECNOLOGÍA.”

“Los huesos están tan deteriorados que son difíciles para su identificación. La PGR no puede [hacerlo], ni la Procuraduría del estado. Nosotros hemos demandado que vengan peritos internacionales, en concreto el equipo argentino; hay acuerdos [con la autoridad] de que sí, pero no lo han hecho”, dice Gabino. “Hay otras fosas de restos quemados que no los han identificado porque no tienen tecnología; los hallaron en las mismas condiciones que los de Iguala.”

Chihuahua parece la siniestra metáfora del Ave Fénix.

 

about ignacio alvarado álvarez

Journalist - Periodista

Ignacio Alvarado Álvarez was a member of the investigative-reporting units for El Diario de Juárez and El Universal in Mexico City. His work has appeared in numerous magazine and newspapers, and he has run workshops in the U.S., Europe and Mexico on covering organized crime and violence.

 Ignacio Alvarado Álvarez fue miembro de la unidad de reportaje e investigación para El Diario de Juárez y El Universal en Ciudad de México. Su trabajo ha aparecido en numerosas revistas y periodicos. Ha impartido talleres en Estados Unidos, Europa y México acerca del crimen organizado y violencia. 

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