¿Por qué la 4T regresó al fracking y los contratos privados? La realidad que rebasó al discurso

Ignacio Alvarado Álvarez – Sígueme en X

El reciente anuncio de una cartera conjunta de treinta proyectos eléctricos entre la Comisión Federal de Electricidad y consorcios privados marca el fin de la tregua ideológica que caracterizó al sector energético mexicano durante los últimos seis años. Este viraje, sumado a la reciente apertura científica para la explotación de gas de lutitas mediante fracturación hidráulica, no representa una ocurrencia administrativa, sino la claudicación formal de la narrativa de la soberanía absoluta frente a las demandas físicas del capital global. Lejos de las pasiones partidistas que reducen el debate a una simple pugna entre estatismo y libre mercado, la evolución de la infraestructura energética en México demuestra que las políticas de seguridad y los flujos de capital han operado históricamente como las dos caras de una misma moneda. Para entender la profundidad de este giro, es indispensable levantar la alfombra de la propaganda oficial y examinar la dolorosa cartografía de un país donde el diseño del mapa energético coincide al milímetro con los territorios más flagelados por la violencia estructural.

La limpieza del territorio

La transformación radical de la geografía económica de México comenzó a trazarse a sangre y fuego durante el gobierno de Felipe Calderón, bajo el diseño de una supuesta estrategia de seguridad nacional enfocada en el combate frontal al narcotráfico. El despliegue de las fuerzas armadas —y de los “cárteles”— se concentró de manera prioritaria en regiones como la Cuenca de Burgos, la franja fronteriza de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, zonas que guardaban las mayores reservas de gas natural no convencional del país. El fenómeno criminal mutó en esos años. Los grupos armados dejaron de operar como organizaciones tradicionales de trasiego de estupefacientes para transformarse en ejércitos informales de ocupación territorial dedicados a la extorsión, el secuestro y el control de vías de comunicación. El efecto inmediato fue el desplazamiento forzado de miles de pequeños propietarios ejidales y comunidades rurales enteras que abandonaron sus tierras por razones de supervivencia. Mientras el discurso público se concentraba en la espectacularización de las capturas criminales, el costo humano y financiero de ese periodo consolidó un desangre sin precedentes para la sociedad mexicana. El saldo estadístico acumulado de esa gestión superó los 120,000 homicidios dolosos y dejó una cifra superior a las 25,000 personas desaparecidas. En términos económicos, la deuda pública neta del sector público federal se duplicó, pasando de 1.9 billones de pesos en 2006 a más de 5.3 billones en 2012, un costo financiero colosal que no se tradujo en pacificación, sino en la estabilización de un territorio deshabitado y listo para una reconversión legal.

La institucionalización del despojo

El arribo de Enrique Peña Nieto a la presidencia significó la formalización jurídica del reordenamiento territorial a través de la Reforma Energética de 2013, un proyecto viabilizado políticamente por la alianza del PRI, el PAN y el PRD dentro del denominado Pacto por México. La narrativa gubernamental abandonó la retórica bélica para adoptar el lenguaje de la modernidad y la competitividad internacional, prometiendo bajas tarifas y un crecimiento industrial acelerado. En los textos legales de la reforma se introdujeron figuras conceptuales determinantes como la servidumbre legal de hidrocarburos y la declaración del sector energético como una actividad de orden público e interés social, otorgándole prioridad constitucional sobre cualquier otra actividad productiva, incluida la producción alimentaria y los derechos de propiedad ejidal. Durante este sexenio, la violencia criminal no disminuyó. Se estabilizó y se adaptó a las nuevas necesidades económicas del entorno, concentrándose en el robo masivo de hidrocarburos a la red de ductos de Pemex y el control de los derechos de paso de las empresas contratistas. Los grandes ganadores de este esquema fueron las corporaciones transnacionales y los fondos de inversión globales que adquirieron bloques de exploración sin asumir los costos sociales ni los riesgos de seguridad del entorno, mientras que el aparato del Estado operó como el garante legal del libre tránsito de capitales en regiones severamente precarizadas.

El nacionalismo de contención

La administración de Andrés Manuel López Obrador modificó el discurso oficial al recuperar una retórica nacionalista que prometía el rescate de las empresas públicas y el freno definitivo a técnicas extractivistas cuestionadas, como el fracking. Sin embargo, un análisis crítico de sus decretos y del presupuesto federal revela que esta política respondió más a una estrategia de contención social y de balance de poder político que a un compromiso estrictamente ecológico. La moratoria al fracking sirvió como una válvula de escape para desactivar la resistencia de las organizaciones agrarias, mientras que en la práctica, Pemex continuó asignando recursos y perforando pozos no convencionales en las cuencas de Veracruz y Puebla. Bajo la premisa de la autosuficiencia, el gobierno destinó inversiones masivas a proyectos insignia de rentabilidad cuestionable, como la refinería de Dos Bocas, cuyo costo de construcción se duplicó respecto al presupuesto original, superando los 16,000 millones de dólares, y la modernización de plantas obsoletas de la CFE que profundizaron la quema de combustóleo. El costo social de mantener esta estructura fue el mantenimiento de los índices de violencia en niveles históricos, acumulando más de 180,000 homicidios dolosos en el sexenio. Este control centralizado se vinculó orgánicamente con la consolidación de un nuevo mapa político, donde la entrega de candidaturas a gobernaturas y posiciones legislativas clave, especialmente en el sureste y en zonas de tránsito energético, funcionó para garantizar la paz social formal y el avance de los megaproyectos estatales mediante una estructura corporativista de control territorial. Un esquema que no ha tardado mucho en mostrar sus terribles costuras.

La corporativización militar

Un factor indispensable para sostener la continuidad operativa del Estado en medio de este panorama de fragmentación del territorio fue la transferencia sin precedentes de funciones civiles a las fuerzas armadas. El ejército y la marina abandonaron su rol de apoyo periférico en tareas de seguridad para transformarse en corporaciones constructoras y administradoras de la infraestructura estratégica de la nación. A través de asignaciones directas y presupuestos opacos, las instituciones castrenses asumieron el control total de las aduanas terrestres y marítimas, la administración de los puertos principales, la construcción de proyectos aeroportuarios y el control operativo de redes ferroviarias esenciales como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Esta militarización de la economía no solo blindó las inversiones estatales frente a posibles amparos o protestas sociales, sino que generó una burocracia militar con intereses económicos directos en el desarrollo de la infraestructura de transporte y energía, consolidando un actor político interno cuya influencia trasciende los periodos sexenales y las alternancias partidistas.

Los escenarios del futuro

El giro pragmático encabezado ahora por el gobierno de Claudia Sheinbaum no debe leerse como una traición ideológica o una simple ruptura con su antecesor, sino como la respuesta obligada a presiones de carácter geopolítico que rebasan las fronteras nacionales. La acelerada relocalización de cadenas de suministro globales hacia el norte de México, impulsada por la disputa comercial entre Estados Unidos y China, exige condiciones de infraestructura que el presupuesto público actual es incapaz de solventar de forma exclusiva. Las industrias manufactureras de alta tecnología demandan energía eléctrica continua, de bajo costo y con un componente creciente de fuentes limpias para cumplir con estándares corporativos globales. Asimismo, la profunda vulnerabilidad energética del país, que importa tres cuartas partes del gas natural que consume desde los yacimientos de Texas, obliga al Estado a buscar la reactivación de sus propias reservas no convencionales a pesar de los costos ambientales asociados.

El precio social acumulado de estas transiciones sin resolver se refleja, sin embargo, en las estadísticas de la última década: más de 100,000 personas desaparecidas, más de 400,000 desplazados internos por motivos de violencia y una carga fiscal de Pemex que ha requerido rescates gubernamentales equivalentes al 1.5% del Producto Interno Bruto por año. Para el ciudadano común, la magnitud de este capital es colosal: equivale a poco más de 250,000 millones de pesos anuales, dinero suficiente para financiar el presupuesto completo de la Universidad Nacional Autónoma de México durante cinco años consecutivos, o bien, para construir y equipar por completo más de cien hospitales generales de alta especialidad cada doce meses en las regiones más desatendidas del país.

A mediano y largo plazo, los escenarios probables apuntan hacia la consolidación de un modelo de capitalismo de Estado mixto, donde el gobierno conservará la titularidad formal de la red eléctrica y los recursos del subsuelo, pero dependerá de manera definitiva de las asociaciones con empresas transnacionales para la aportación de tecnología y capital de riesgo. El principal reto estructural de este esquema radicará en la gestión de la gobernabilidad en las zonas de extracción. Es decir, si la reactivación de los proyectos energéticos privados y la explotación del gas de lutitas no se acompañan de un desmantelamiento real de las redes criminales que ejercen el control de facto en las regiones fronterizas y rurales, la violencia territorial continuará operando de manera inercial como el mecanismo informal de pacificación y vaciamiento demográfico necesario para asegurar la rentabilidad de las inversiones extractivistas. Y aquí es donde han intervenido e intervendrán los cacicazgos locales, que no son otra cosa que los gobernantes.