Ignacio Alvarado Álvarez – Sígueme en X
Esta semana cobró fuerza la difusión de un video de solo quince segundos publicado por la agencia Al Jazeera. En él, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de los “Chapitos” dicen hallarse en el frente de batalla en Ucrania. Aunque la veracidad del material no ha sido confirmada de manera independiente, la noticia escaló rápidamente hasta ser abordada en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Del otro lado, sin esperar la verificación de los hechos, el analista Henry Ziemer, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), utilizó el caso para sostener que Ucrania se ha convertido en un canal real de entrenamiento para el crimen organizado. Según Ziemer, el intercambio no solo implica la adquisición de tácticas de combate, sino la transferencia institucionalizada de tecnología de drones hacia América Latina.
Más allá de la autenticidad del video, el escándalo funciona como un engranaje clave en la arquitectura de una narrativa mayor. Esta nota encaja con la catalogación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y consolida la imagen de México como un foco de inestabilidad internacional, tal y como aseguró el presidente Trump en su discurso ante Naciones Unidas. Las investigaciones de centros como el CSIS y el trabajo de analistas como Ziemer, han otorgado históricamente un empaque de prestigio académico a planteamientos que justifican la intervención y benefician directamente al complejo industrial-militar de los Estados Unidos.
La máquina del financiamiento corporativo
Para entender el alcance de estas declaraciones, es necesario examinar qué es el CSIS. Fundado en Washington D.C. en 1962, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales se presenta como un centro de análisis independiente y apartidista dedicado a la seguridad nacional y la geopolítica. Sin embargo, su estructura de financiamiento revela una estrecha dependencia de sectores con intereses económicos muy claros.
El presupuesto del CSIS proviene en gran medida de contribuciones directas del gobierno de Estados Unidos, así como de gobiernos extranjeros aliados y gigantes corporativos de alcance global. Entre sus principales donantes destacan las mayores empresas del sector armamentista mundial, como Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics y Raytheon. También aportan recursos empresas energéticas, tecnológicas y farmacéuticas, que al final pertenecen al mismo lobby. Esta dependencia financiera genera indefectiblemente un sesgo recurrente en sus investigaciones: los análisis del CSIS tienden a concluir en la recomendación de aumentar el gasto militar, adquirir nuevas tecnologías de defensa o desplegar estrategias de fuerza en regiones estratégicas. Desde aquí puede verse la convergencia de todo ello en nuestro país, y el ensamble perfecto del componente que representan “los cárteles” de la droga.
Los informes de este centro, por tanto, rara vez son neutrales. Sus análisis sirven para instalar diagnósticos en la opinión pública y en el Congreso estadounidense, que luego se traducen en presupuestos de defensa, compras de armas y sanciones internacionales.
El escudo de las Américas
El diagnóstico de Ziemer sobre la transferencia de tecnología militar hacia México se alinea con la lógica de la seguridad hemisférica y los postulados del Escudo de las Américas. Esta doctrina plantea que cualquier amenaza a la seguridad dentro del continente debe ser combatida mediante la integración de inteligencia y fuerzas militares bajo el liderazgo de Washington.
Pero el interés estratégico sobre México y la región no responde únicamente a la seguridad. América Latina concentra reservas cruciales de litio, cobre, agua dulce, petróleo y tierras raras, insumos indispensables para la industria tecnológica y militar del futuro. México será el único país —tras la derrota de Lula en Brasil— cuya política de Estado mantendrá cerrados espacios a la participación privada en sectores clave como la energía y la explotación del litio, a menos que cambie esa decisión a golpe de noticias como la de sus narcos en Ucrania.
Exponer a México como un país cuya gobernanza interna está comprometida por grupos criminales —ahora dotados de tecnología militar avanzada— permite argumentar que los recursos estratégicos están en riesgo. Más allá de que existen gobernantes y políticos estrechamente vinculados a redes criminales, la narrativa sobre un crimen organizado altamente capacitado crea el terreno perfecto para presionar por una mayor apertura o supervisión externa sobre las zonas de extracción.
Empresas de seguridad y mercenarios
El complejo industrial que financia a los centros de pensamiento en Washington mantiene una relación directa con el sector de la seguridad privada y los contratistas militares. Estas empresas de mercenarios han tenido un papel activo en conflictos recientes en Oriente Medio y África, donde sustituyen o complementan las operaciones de los ejércitos regulares, y esto ha sido profusamente documentado, entre otros, por periodistas como Jeremy Scahill.
La ruta ha sido la misma desde hace años. El discurso que alerta sobre la evolución del crimen organizado o la llegada de combatientes entrenados en el frente de guerra, justifica —como en su momento el Estado Islámico— la contratación de estas mismas firmas privadas. La idea de que los cárteles operan con tácticas de guerra convencional impulsa a los gobiernos a requerir servicios de consultoría, entrenamiento especializado, sistemas de vigilancia y armamento de última generación comercializado por el mismo entramado corporativo que patrocina los estudios de seguridad. Algo de eso ya se vio con la Iniciativa Mérida.
La obsesión por China y Rusia
El perfil de los investigadores del CSIS explica la orientación de sus diagnósticos. En su mayoría, se trata de exfuncionarios del Departamento de Estado, del Pentágono, de organismos de inteligencia o de consultoras privadas que transitan de manera continua entre el sector público y el privado.
Desde esta perspectiva, figuras como Ziemer leen cualquier fenómeno regional a través del filtro de la rivalidad entre grandes potencias. Para el CSIS, el problema no es tanto la violencia criminal en México, sino la posibilidad de que esa inestabilidad debilite la posición de Estados Unidos frente a China y Rusia. Los análisis del centro señalan con insistencia los lazos comerciales de China en la región o la influencia diplomática y militar de Rusia como presencias hostiles que deben ser contenidas en el continente.
Esto obliga a formular preguntas centrales: ¿a quién beneficia que se dé por cierta la presencia de criminales mexicanos en el frente ucraniano?
Si la noticia se consolida como una verdad oficialmente aceptada, el beneficio inmediato recae en quienes promueven la simbiosis definitiva entre el narcotráfico y el terrorismo internacional. Ubicar la supuesta capacitación de los cárteles en el conflicto de Ucrania —y no en escenarios como Israel o Irán— conecta directamente la crisis de seguridad mexicana con el teatro de guerra más vigilado por la OTAN y Estados Unidos.
Hablamos de una vinculación que le otorga a la delincuencia organizada un estatus de amenaza militar transcontinental. Con ello se abre la puerta para justificar medidas de intervención más agresivas, presiones aún mayores sobre la soberanía mexicana y un incremento sustancial en la venta de tecnología de defensa. En síntesis, un resultado favorable para los intereses económicos y geopolíticos que sostienen la estructura del CSIS, o más concretamente a sus benefactores.
