La poderosa industria minera gana terreno de cara a las presidenciales

Ignacio Alvarado Álvarez

El día que Dolores Rojas sostuvo un encuentro con la entonces senadora Xóchitl Gálvez, creyó por un instante que tendría en ella una aliada para impulsar la reforma a la Ley Minera recién enviada al Congreso por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se equivocó. “Simplemente me dijo que no pasaría”, recuerda la coordinadora de programas de la Fundación Heinrich Boell a poco más de un año de distancia. “Ella hace un uso bastante utilitario de los pueblos indígenas, pero en realidad no ha hecho nada para defender sus derechos ante la devastación causada por las mineras”, dice. Como sea, los cambios a la ley prosperaron y están en vigencia desde el 8 de mayo de 2023. Pero apenas vio luz, el poderoso lobby de la industria reaccionó en pleno, no solo con la promoción de medio millar de amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación -en donde se ha dejado la discusión de los casos para después del proceso electoral- sino en los cuadros que habrán de reafirmar o renovarse en ambas cámaras legislativas, y entre las alianzas que aun conserva dentro del Poder Ejecutivo, específicamente dentro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“Hablamos de un grupo con un poder casi total”, dice Leticia Merino, investigadora de la UNAM en temas socioambientales y una de las fundadoras de la colectiva ¡Cambiémosla Ya!, que ha emitido un comunicado dirigido a los ministros de la Corte y a las candidatas y candidato presidenciales al cumplirse un año de una reforma legal empantanada por los más de 500 amparos del sector. “Si esta ley pasó, creo que lo hizo porque en alguna medida se les agarró por sorpresa, no lo esperaban. Pero lo que vemos ahora es una resistencia tremenda, brutal por parte de los corporativos y de sus aliados dentro del legislativo y dentro también del ejecutivo, y sería un retroceso lamentable si los ministros deciden regresar a la ley anterior”.

La industria mantiene operaciones bajo los referentes de la ley de 1992, que en esencia les concede un uso indiscriminado del agua y de la tierra en concesión. El volumen de licencias concedidas desde entonces por el Estado para la extracción de minerales sobrepasa el millar, y las empresas no solo se han beneficiado con esa actividad, sino con acciones especulativas en la Bolsa. Pero, más allá de utilidades billonarias, son causantes clave en la crisis hídrica que atraviesa el país, dice Merino. “Muchos pueblos se han quedado sin agua; tenemos ecosistemas que se han quedado sin agua o con agua contaminada. […] Las comunidades optaron por tratar de cambiar la ley minera, por dar la batalla tremenda en tribunales, pero esto es como la lucha de David contra Goliat”.

Desde el 2000, comunidades y ambientalistas de Morelos, Chiapas, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Guerrero o Zacatecas han promovido juicios sin éxito. La reforma de mayo de 2023 es la vía de salida parcial a sus demandas, pero ni ahora ni después parece que tendrá un camino terso.

DEVASTACIÓN, VIOLENCIA Y PODER

En junio de 2021 el activista José Ascensión Carrillo fue hallado sin vida en una carretera secundaria en los límites con San Luis Potosí, igual que ocho de sus compañeros. Todos habían sido secuestrados en Mazapil, Zacatecas por un grupo de sujetos armados. Antes de asesinarlos, fueron torturados. Distintas organizaciones señalaron a las autoridades y a la minera Newmont como causantes del homicidio múltiple. La violencia es algo que puede verse en casi cualquier zona en donde operan las mineras bajo presión de ambientalistas o en franca oposición de comuneros y ejidatarios, pero aun así, son casos que se mantienen fuera del ojo público. Ni se ven, ni se priorizan.

Merino, la investigadora de la UNAM, conoció de cerca el caso de Mazapil porque uno de los hermanos de Carrillo ha sido parte importante en las actividades promovidas por la colectiva ¡Cambiémosla Ya!, y también ha sabido de amenazas, secuestros y homicidios en el marco de otras batallas similares emprendidas por comunidades en estados como Guerrero, Sonora o Durango. La fuerza criminal, sin embargo, difícilmente puede acreditarse a ninguna empresa o autoridad de manera directa y casi siempre termina por atribuirse a los “cárteles de la droga”.

La premisa del acto violento no guarda las sutilizas de las atenciones prestadas a los representantes de las mineras en los recintos oficiales. El poder de cabildeo que tienen es algo que preocupa a las organizaciones metidas en la defensa del medio ambiente, sobre todo por lo que se avecina ante el cambio de los poderes ejecutivo y legislativo. Dolores Rojas, la coordinadora de programas de la fundación Heinrich Boell, cuenta una anécdota que retrata la relación. “Cuando estuvimos impulsando la reforma-dice, los mineros estaban sentados a la mesa mientras las comisiones del Senado discutían los puntos. Pero a nosotros nos metieron por la puerta trasera, a escondidas, en segunda fila, fuera de la mesa en la que todos ellos estaban. Eso marca perfectamente la línea de trato, de una desigualdad tremenda en el acceso a la voz”.

Rojas, junto con ambientalistas, investigadores y representantes de pueblos originarios, trabajó para impulsar la reforma a la ley minera del año pasado y se mantiene atenta al abordaje que se ha hecho sobre el tema en las campañas presidenciales. De la candidata del frente opositor dice que no le sorprende su afinidad con la industria. Lo supo desde aquel encuentro en marzo de 2023, que casi termina en altercado. Xóchitl Gálvez se auto proclamó como auténtica erudita de la causa indigenista, a decir de Rojas, y quiso cerrar el diálogo con un argumento engañoso: “Yo sí conozco de pueblos indígenas”, le soltó a la investigadora. “¿Cuántas demandas de amparo contra una minera interpuestas por comunidades indígenas has acompañado?”, le cuestionó Rojas. Gálvez zanjó la conversación con una frase rotunda: “Yo solo te digo que eso no va a pasar”.

La coordinadora de programas de la Heinrich Boell no es la única que ve en la candidata de Fuerza y Corazón por México proclividad hacia el sector minero. “Durante la campaña, cuando se ha pronunciado sobre el tema, Gálvez ha declaro incluso, que “gracias a ella tenemos los minerales del cuerpo necesarios para la salud. ¡Vaya! Es claro que ella tiene una actitud pro-minera y la ha tenido desde su desempeño como senadora, donde no solo se opuso a la reforma de la ley sino que fue una de sus principales críticas”, señala Leticia Merino.

El punto de inquietud mayor, sin embargo, lo encuentran en la opacidad con la que se ha conducido el entorno de Claudia Sheinbaum. Si bien la candidata de Morena ha declarado que se encuentra en la misma línea trazada por López Obrador con la reforma a la ley minera, sus operadores en materia ambiental -o quienes dicen serlo- parecen más cabilderos de las empresas que operadores políticos de alguien que se apresta a gobernar el país.

“Pedro Álvarez-Icaza, quien se presenta como representante de la doctora Claudia en temas ambientales -algo que nadie ha desmentido-, se ha reunido con las mineras, ha organizado reuniones a modo, muy cómodas, para decirles que sí, que se avance sin escuchar a las partes afectadas”, dice Dolores Rojas. “Ha convocado a organizaciones, que además son parte de la colectiva, pero de una manera engañosa: nos convocó a una reunión para hablar de minería sin saber que ahí estarían la presidenta de la Cámara Minera de México (Camimex) y otros representantes de las empresas. Eso no se hace. Él [Álvarez-Icaza] está dando a entender que si se echa abajo la ley minera que ahora está en la Suprema Corte, hay que hacer una nueva ley, lo cual además refleja una enorme ignorancia del proceso legislativo. Así que nos preocupa saber los alcances del poder que tiene el lobby minero”.

El cuestionamiento público que se ha hecho mediante la colectiva ¡Cambiémosla Ya! está justificado por la falta de claridad en el posicionamiento de la candidata presidencial de Morena, dice a su vez Merino. Las reuniones convocadas por el mediador de Sehinbaum para temas ambientales no solo son desequilibradas, con una veintena de representantes de los corporativos ante una minoría despistada de ambientalistas y académicos, sino con la intervención también de los asesores jurídicos de las mineras causantes de los peores conflictos socioambientales, como Grupo México en Pasta de Conchos y río Sonora, o Almaden Minerals, en Ixtacamaxtitlán.

El propósito de tales encuentros, dice la investigadora de la UNAM, es claro: decretar la muerte de la ley de minería que cumplió un año este 8 de mayo, para realizar una más justa. [Pedro Álvarez-Icaza] “hizo otra reunión en donde hubo prácticamente solo gente de las corporaciones, una académica muy cercana a esas corporaciones así como de un conjunto de comunidades que son totalmente pro-mineras.   En este contexto que nos ha resultado tan difícil para que se apruebe una ley medianamente decente, esté siendo cuestionada en este tipo de reuniones a puerta cerrada, supuestamente desde la campaña de Claudia Sheinbaum… es un enorme poder, si es que realmente es así”.

Del candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, no ven sino ingenuidad ambas especialistas. Máynez ha sido ambiguo al referirse al tema, pero ha insistido en que se necesita imponer un impuesto verde a la industria. “Ni menciona la contaminación enorme del agua ni el abatimiento del agua, ni del efecto socioambiental causado a las comunidades. Es decir, todo lo que no se paga con ningún impuesto”, dice Rojas.

“Lo que esperamos una vez pasada la elección, es que la Corte se meta a revisar los casos a fondo, no que vea si se hizo el procedimiento, si fue en la cámara o si fue en el recinto alterno, sino que se meta realmente a fondo y que dictamine el fondo del asunto. Y ahí por supuesto que esperaría que se reconociera que que hay avance, que se protegen los derechos humanos que estaban desprotegidos con la ley de 1992”.