La narrativa desgastada del presidente que da forma
al montaje de un escenario violento para el 2024

Ignacio Alvarado Álvarez.

En marzo de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en su mañanera que México era un país más seguro que los Estados Unidos. La declaración estaba enmarcada por el secuestro en Matamoros de cuatro ciudadanos de ese país -dos de los cuales fueron asesinados- y por la advertencia para viajar a ciertas entidades, emitida por el Departamento de Estado tras el percance. La tasa de asesinatos en uno y otro país no ha variado en un año. México registra 28 homicidios por cada 100 mil habitantes y Estados Unidos siete por cada 100 mil. Más allá de los números, la vida cotidiana de este lado se desborda por la contundente transgresión física y emocional sufrida por millones de personas, sea en espacios públicos, carreteras o dentro de sus hogares. En las últimas semanas, López Obrador ha vuelto a emplear la misma frase en dos ocasiones para refutar la histórica marca homicida, que sobrepasó los 170 mil al cierre de su quinto año de mandato. La negación presidencial ante el fracaso de una promesa en contrario, no puede ser otra que la de una batalla animada por la continuidad del proyecto político que ha encabezado a lo largo de tres décadas, y que amenaza con ensombrecer su narrativa de una Cuarta Transformación sin violencia.

Si bien el tema de la inseguridad no es único en el cuadro inacabado de su idea de nación, es el que mejor se percibe. Un día tras otro el país es sacudido por la información de hechos violentos, y por la incapacidad institucional para contrarrestarlos. La tenacidad con la que el presidente descalifica la realidad es extenuante, no para él, sino para la sociedad. La negación como parte central del discurso carece de datos sustentables, y aún así encuentra réplica en cada gobierno estatal a cargo de Morena, alimentando la animadversión de la mayoría, y dejando a sus defensores más fieles con el desgaste que supone repetir hasta la saciedad las mismas palabras de su líder. Pero, a pesar de la evidencia, la oposición es poco menos que un cuerpo roto, tullido. La gravedad y falta de control en materia criminal nació con ellos, y los encargados de diseñar una ruta de salida a su candidata no solo encarnan la corrupción, sino son los hacedores del modelo que abrió las puertas a la debilidad institucional y a la solidez delictiva. Lo que han hecho es alimentar bodrios como el falso financiamiento del narco a la campaña de 2006, provenga el dardo del exterior o construyendo el suyo con forzadas versiones que no soportan la prueba del ácido periodístico.

¿Es López Obrador causante del ataque en su contra? Hasta cierto punto, lo es. El camino de la descalificación que adoptó desde el comienzo de su ejercicio presidencial pudo funcionar los primeros tres años, pero a partir de ese momento cayó en la necedad. Desde luego le sobra razón al señalar lo hecho por sus antecesores, o más concretamente a Felipe Calderón, cuya estrategia de supuesto combate al crimen terminó con ejecuciones sumarias y decenas de miles de víctimas de desaparición forzada. Sin embargo, él miso ha quedado preso en su propia narrativa. Imposibilitado para revelar el verdadero contexto que mantiene la espiral de violencia, cae en versiones simples, con frases que ya no resisten el reciclaje. Por ello flaquea su hipótesis del complot, que nadie entiende basándose exclusivamente en el repertorio de las palabras de siempre. Parte del estamento político y militar estadounidense sin duda se siente incómodo ante la posición adoptada por el gobierno mexicano, que vino a estropear algo de su estrategia hemisférica, que comienza por endosar a las organizaciones de narcotráfico cualquier mal interior y continental. Con ello ha trastocado también proyectos que beneficiaban a parte de la elite política y empresarial mexicana, formada detrás del bloque opositor.

Los trabajos periodísticos que han dado pie al #narcopresidente, con más de 170 millones de reproducciones en dos semanas, si bien desprovistos de evidencia, dan forma a una polémica mayor que se expande dentro y fuera del país: el advenimiento de un proceso electoral violento y además influido por las estructuras del crimen organizado a las que López Obrador se “ha negado” a combatir. De diciembre a hoy, una veintena de políticos que se alistaban para la contienda interna de sus partidos, han sido asesinados. La idea de que los próximos meses costará la vida a otro puñado de contendientes, adquiere fuerza y confiere un marco siniestro y descontrolado del proceso electoral. Por más que se impulse desde la opinión del antilopezobradorismo la idea de que Xóchitl Gálvez tiene posibilidad de emparejar la carrera presidencial, no deja de ser parte del juego de perversidad. En todo caso, sirve para acrecentar el escenario del caos, y dentro de él cabe cualquier acto, hasta el del atentado.