La mentira de los cárteles: El pacto CJNG-Chapitos destruye la narrativa oficial

Ignacio Alvarado Álvarez – Sígueme en X

La revelación de este viernes por parte del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dinamita las bases sobre las que se ha edificado la mitología del narcotráfico en México durante las últimas cuatro décadas. El informe oficial detalla que el Cártel Jalisco Nueva Generación inyectó capital y soporte paramilitar a la facción de “Los Chapitos” para sostener su frente de guerra en el sur de Sinaloa. Un acuerdo directo, de carácter estrictamente personal, sellado por el hoy abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Este anuncio es un sismo para el discurso de Estado que hasta ayer sostenía la existencia de corporaciones criminales monolíticas, enemigas a muerte, delimitadas por fronteras geográficas precisas. Al transparentar esta alianza pragmática y de flujos financieros compartidos, el gobierno federal inaugura, de manera forzada, un cambio profundo en la explicación pública de la violencia en el país. La noción del cártel como una empresa con identidad rígida y directrices verticales queda expuesta como lo que siempre fue: un anacronismo útil para simplificar una realidad sumamente fluida.

El ecosistema criminal se revela como algo hiperpragmático, una red horizontal de subcontratación y servicios mutuos que opera por encima de supuestas rivalidades ideológicas o de honor de marca. Este giro en la narrativa gubernamental descoloca a una opinión pública acostumbrada al relato binario de ejércitos del mal en disputa y obliga a reformular las preguntas esenciales sobre cómo se administra y se contiene realmente el conflicto en el territorio nacional.

La pinza geopolítica de Washington

La deconstrucción del mito del cártel obedece a una respuesta calculada ante presiones internacionales asfixiantes por parte de Estados Unidos. La política de seguridad nacional de la administración Trump modificó de manera radical las reglas del juego legal tras consolidar la designación de estas estructuras como Organizaciones Terroristas Extranjeras. Bajo este nuevo andamiaje punitivo, la prioridad de Washington se desplazó del decomiso de cargamentos a la persecución por “apoyo material al terrorismo”.

Al diseccionar públicamente la ingeniería financiera entre Jalisco y Sinaloa, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ejecuta una maniobra de control de daños y contención soberana. El informe entrega a las agencias estadounidenses las evidencias técnicas de flujos monetarios compartidos que exigen sus tribunales, pero al mismo tiempo busca arrebatarles el argumento de la intervención.

La tesis oficial mexicana se posiciona con fuerza. O al menos es lo que pretende: el Estado posee la inteligencia, descifra los pactos y neutraliza a los líderes interconectores en su propio suelo, desactivando la narrativa estadounidense de un territorio sin gobierno que justifique operaciones unilaterales. Esta pinza geopolítica transforma la propaganda del enemigo público. Ya no se persigue a imperios feudales de la droga, sino a redes transnacionales hiperconectadas que amenazan la estabilidad regional a través de insumos sintéticos. La narrativa se adapta para librar una batalla en los escritorios de control financiero y las cortes internacionales, en las que se decide la soberanía judicial del país.

El saldo humano frente al relato oficial

Pero la urgencia del Estado por reconfigurar su narrativa choca de frente con la fosa común en la que se ha convertido el territorio nacional. Detrás de los tecnicismos sobre flujos financieros y alianzas horizontales, la realidad fáctica se mide en el costo social de un conflicto que acumula casi medio millón de vidas perdidas por homicidios dolosos —contando a partir de 2006— y más de 120 mil personas desaparecidas.

El relato tradicional de la “guerra entre cárteles” ha funcionado históricamente como un amortiguador político para los gobiernos en turno, permitiéndoles diluir su responsabilidad directa bajo la premisa de que los criminales se matan únicamente entre ellos. La crudeza de las cifras demuestra que ese resquebrajamiento profundo del sistema de gobierno es el resultado de un modelo de gobernanza criminal en donde el control de las comunidades se disputa cuadra por cuadra.

Al desplazar el discurso hacia la existencia de facciones fluidas y servicios delictivos subcontratados, el gobierno federal intenta gestionar la expectativa ciudadana ante la falta de pacificación inmediata. Explicar que el enemigo es un monstruo amorfo, camaleónico y descentralizado provee al gabinete de seguridad de un margen de maniobra político más cómodo, justificando el desgaste de operativos prolongados y la permanencia indefinida de las Fuerzas Armadas en las calles, mientras el tejido comunitario continúa fragmentándose en las regiones más vulnerables.

Pragmatismo en el tablero interno

En el escenario político doméstico, el informe de la Secretaría de Seguridad funciona como una herramienta de legitimación de la estrategia de inteligencia civil y militar en un momento de severo cuestionamiento por la persistencia de focos rojos de violencia. Al colocar sobre la mesa datos de alta escuela criminal, el gobierno federal intenta demostrar control técnico del conflicto y justificar la reorganización de sus despliegues en el Pacífico mexicano.

El anuncio amarra cabos sueltos que erosionaban la credibilidad oficial, explicando por qué la facción de Los Chapitos logró sostener un desgaste militar de veintiún meses contra la estructura tradicional de Ismael “El Mayo” Zambada. Sin embargo, este realismo fáctico tiene un límite infranqueable en el discurso público. La reconfiguración de la narrativa llega hasta donde es útil para el interés del Estado. Jamás tocará la naturaleza simbiótica, la cohabitación o los vasos comunicantes que persisten entre las estructuras delictivas y los tres niveles de la administración pública.

El informe se dosifica para colgarle una medalla de éxito al gabinete de seguridad por el desmantelamiento de este eje financiero tras el abatimiento de El Mencho, ofreciendo a la opinión pública un punto de quiebre que justifique la continuidad del proyecto político actual sin alterar los equilibrios de poder regionales ni profundizar en la corrupción estructural.

El impacto real en la sociedad mexicana

La consecuencia última de esta mutación en el lenguaje del poder se resiente directamente en las comunidades que habitan las zonas de conflicto. Para el ciudadano de a pie, la transición del concepto de cártel al de redes fluidas no modifica la extorsión diaria, el desplazamiento forzado ni el terror de las balaceras, pero altera de forma profunda su comprensión de la justicia y la seguridad.

El desmantelamiento del viejo relato deja al descubierto un escenario de anarquía criminal en el que la violencia ya no responde a las órdenes de un gran capo, sino a las ambiciones de jefes de plaza medianos e independientes que operan con total autonomía territorial. Este escenario de atomización delictiva dificulta la construcción de paz y diluye los mecanismos de rendición de cuentas de las propias autoridades, que ahora persiguen objetivos móviles y difusos.

El impacto real de este informe es la normalización de un conflicto prolongado e institucionalizado. Al asumir que el crimen es un ecosistema de facciones mutantes, la sociedad civil se ve obligada a abandonar la falsa expectativa de un final definitivo de la violencia mediante la captura de grandes objetivos históricos. La reconfiguración de la narrativa oficial termina por administrar el dolor colectivo, transformando la demanda social de justicia en una resignación pragmática frente a un fenómeno delictivo que se redefine constantemente para perpetuarse en el territorio. También desnuda la caducidad del relato oficial heredado.

El peso de la herencia

Esta intervención estadounidense mediante la designación de organizaciones terroristas extranjeras desnuda la caducidad de un relato oficial cuya matriz fue diseñada justo por sus agencias de inteligencia. La invención conceptual de los cárteles y la categoría del Estado fallido provienen directamente de Washington. Hablamos de una arquitectura discursiva que los gobiernos federales del PRI y del PAN adoptaron y reprodujeron sin mayor reparo, al igual que los medios de comunicación y la academia nativa.

Esta subordinación narrativa funcionó como la coartada histórica perfecta a nivel doméstico. Al PRI le permitió administrar la delincuencia bajo una lógica de control centralizado, mientras que al PAN le sirvió para legitimar una guerra frontal que justificó la militarización del territorio. Ambos proyectos políticos asumieron el glosario norteamericano para reducir el conflicto a una disputa de bandos externos, ocultando la naturaleza simbiótica entre el aparato gubernamental y las redes de gobernanza local.

Como sea, la actual presión de la Casa Blanca obliga hoy al Estado mexicano a transitar hacia un lenguaje de flujos financieros, evidenciando que los beneficios políticos y económicos de la simulación alcanzaron a actores de ambos lados de la frontera. El remate de este proceso es lapidario: el mito del cártel todopoderoso, acuñado por el diseño geopolítico de Estados Unidos y usufructuado por el bipartidismo mexicano para ocultar la corrupción estructural, ha muerto. En su lugar queda expuesta una verdad despojada de ficciones: el fenómeno criminal es el espejo empresarial y descarnado del propio sistema de gobierno transnacional.