Atraso educativo en tiempos de la IA

 

Gis, pizarra y aulas rotas

 

Desde mediados del siglo pasado el país implementó un sistema educativo que, sexenio tras sexenio, ha sido roto bajo promesa de mejorarlo. El problema es que no hay mecanismos de medición que permitan evaluar el desarrollo logrado con cada una de las políticas, y tampoco existen ahora, cuando el país vive atrasos sensibles en sus métodos de enseñanza, infraestructura y disposición de tecnología.

Ignacio Alvarado Álvarez. Publicado en Vanguardia.

El ánimo del país era muy distinto el 12 de diciembre de 2018, al momento en el que Andrés Manuel López Obrador inició su conferencia matutina con la firma de la iniciativa de reforma educativa que enviaría al Congreso ese mismo día. No solo era el comienzo de su mandato, con un poder político que no se veía desde hacía décadas, sino que había una población a la expectativa de un verdadero cambio en positivo. No en balde el mandatario era fundador del Movimiento de Regeneración Nacional y a través de sus años en campaña insistió en que lo suyo era una revolución pacífica a la que él mismo terminaría por llamar La Cuarta Transformación, una continuidad de las tres grandes gestas que dieron forma a la República: la Independencia, la Reforma Liberal y la Revolución Mexicana.

Flanqueado por Esteban Moctezuma Barragán en su condición de Secretario de Educación Pública, y de Julio Scherer Ibarra en su carácter de Asesor Jurídico de la Presidencia de la República, López Obrador realizó una crítica profunda al manejo del sistema educativo realizado hasta entonces por gobiernos “neoliberales”, ante una sala repleta de periodistas. Con la iniciativa que firmó, dijo, quedaba cancelada “la mal llamada reforma educativa [del sexenio anterior], abrogada”, para ser sustituida por el nuevo ordenamiento que establecía, como fundamento primario, el derecho universal a la educación gratuita. “La educación que no es un privilegio, es un derecho de todos los mexicanos. Educación pública, gratuita, de calidad en todos los niveles educativos”.

El mandatario ofreció datos que hacían inapelable su discurso. Con las políticas del pasado reciente, 150 mil profesores habían perdido su prejubilación o su jubilación, y casi una cuarta parte de las Escuelas Normales, los centros de formación docente que tiene el país, desaparecieron. Junto con la firma de la iniciativa, se anunció la construcción de 100 universidades públicas y un primer paquete de becas para 300 mil estudiantes. Sostener en el tiempo las bondades del nuevo plan educativo requería de un presupuesto adecuado y sobre todo libre de corrupciones. De entonces a hoy, el país atravesó por una pandemia que dejó casi 800 mil muertos, se estancó en su crecimiento económico, aumentó sus cuotas de violencia y crimen, y ha visto dividirse radicalmente en dos, la idea de nación.

El nuevo modelo educativo implementado finalmente este año, propone cambios en los métodos de enseñanza y aprendizaje, con los que se pretende la creación de una arquitectura de pensamiento nuevo en las próximas generaciones, entre quienes se buscará también fortalecer en su desarrollo socioemocional, al tiempo que confiere mayor autonomía a planteles e instituciones educativas. Pero, ¿qué tanto de todo ello queda atrapado dentro de las líneas discursivas de un gobierno y qué tanto en realidad ha supuesto cambios reales y prácticos?

“Lo que tenemos son muchas ideas, muchos discursos”, dice Arcelia Martínez Borbón, académica de la Universidad Iberoamericana, donde coordina el Faro Educativo, un área de análisis y observación de políticas e intervenciones educativas. “En términos generales, el cambio no existe”. Martínez propone la revisión de los últimos 30 años para comprender la complejidad del sistema de educación y del país mismo, que ha enmarcado las acciones gubernamentales al territorio de las palabras. Desde 1993, el año en el que la entonces dirigente nacional del SENTE, Elba Esther Gordillo negocia un modelo de carrera magisterial con el presidente Carlos Salinas, hasta la reforma educativa emprendida por el gobierno de Enrique Peña, cada gobernante ha proclamado el destierro de prácticas corruptas, la creación de nuevos y mejores cuadros docentes y la consecuente generación de estudiantes más preparados para los desafíos del mundo moderno. Sin embargo, cada sexenio ha roto el cauce de ideas y programas que nunca terminaron por desembocar. Igual ahora.

La reforma emprendida por el gobierno anterior en 2013 apenas alcanzó a instrumentar parte de la teoría. En 2015 se emprende la primera evaluación del desempeño docente, con miras a elevar su nivel, pero instrumentar una acción con más de 1 millón 700 mil profesores fue algo menos que un desastre. Emprender una operación de tal nivel llevó dos años, paros, reacciones violentas y una inconformidad total dentro del magisterio. La evaluación al profesorado se aplicaba hasta en tres ocasiones, y en caso de no aprobarlas la ley ordenaba su reacomodo en áreas administrativas, fuera de las aulas. Las condiciones propicias para desatar enojo y malestar.

Es algo que lee políticamente perfecto López Obrador en tiempos de campaña, y capitaliza la idea de una contrarreforma que el magisterio termina por abrazar una vez que sucede. El nuevo plan presidencial desaparece la evaluación punitiva, es decir, el órgano de evaluación docente, y con ello las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje. El proceso de aprobación no fue sencillo. Hubieron grupos que se opusieron al cambio por considerarlo más político que práctico, como la Red Educación y Derechos, una organización nacida justo para dar réplica al nuevo proyecto educativo, que ante todo se preocupó por la desaparición de los mecanismos de evaluación, entre ellos el Instituto para la Evaluación de la Educación en México (INEE), que llevaba 17 años operando.

De acuerdo con los cambios propuestos en la ley, la educación de preescolar a secundaria está garantizada desde 2002; en 2015 se amplió al nivel medio superior y en este sexenio se incluyó el superior. Pero, dice Arcelia Martínez Bordón, ninguna de las fases supone mejorías verdaderas en el sistema. Y sobre todo, el sistema en general se ha quedado a oscuras, no se sabe el grado de enseñanza que se tiene, por ejemplo, y ello quedó claramente establecido durante el periodo pandémico.

“Las cosas no mejoran porque lo decretes o porque lo establezcas en una ley. Tienes que actuar en consecuencia. Tienes que hacer política educativa y tienes que poner presupuestos en el tema de la educación inicial, un nivel que está completamente abandonado, que tiene poca importancia en materia presupuestaria”.

Las críticas condiciones del sistema educativo nacieron con el sistema priista en sí. Está más allá del manoseo sexenal y desde luego, lejos de haberse agravado bajo el actual gobierno. A mediados del siglo pasado, a su creación, México vivió una explosión demográfica impresionante. En una década pasó de tener una población de 20 millones a 60 millones. Hasta entonces, la enseñanza de los infantes estaba en manos de algunas madres, de la iglesia o de la disposición que tuvieran sujetos con oficios como la carpintería, la soldadura, mecánica o construcción. La educación pública tal y como se conoce hoy, no existía. Es el México al que se propone adoctrinar de manera institucional, y que rebasa las capacidades del gobierno.

Se crea un sistema de Escuelas Normales para formar cuadros docentes que atendieran a una población infantil enorme. Eso es hace menos de un siglo. Para entonces, otras naciones llevaban con el tema 200 o 300 años. Como sea, se logra la cobertura casi total en materia básica, pero luego llega una pregunta esencial: ¿cuál es el nivel de excelencia que se ha logrado?

Las políticas instrumentadas desde la década de 1950 han quedado fracturadas una tras otras, dice Patricia Ganem Alarcón, directora general del Grupo Loga, una organización civil enfocada en desarrollar proyectos educativos para el personal docente. La falta de consistencia nace del ego político y ha impedido la creación e implementación de un proceso sistemático que termine por mejorar la calidad de la educación. Dentro de ese fallo, pesa sobre todo el seguimiento de los indicadores que den luz de qué tanto se ha desarrollado la enseñanza.

No se sabe, por ejemplo, que ha pasado con cada generación de alumnos egresados del sistema básico, ni de las condiciones con las que ingresan nuevos estudiantes. “No evaluamos porque no nos gusta visibilizarnos. Bueno, peor aún, hemos cambiado en 20 años cuatro planes y programas de estudio y hemos modificado los libros de texto 10 veces, de 2003 a 2023. […] Lamento encontrarme en los 40 años que llevo en educación otra vez con viejas fórmulas, con un egocentrismo y con poca inversión. Educación tiene que ser la inversión más fuerte a tiros de precisión”, dice Ganem.

El país invierte poco menos del 6 por ciento de su Producto Interno Bruto en materia educativa, menos de dos puntos porcentuales respecto a lo que destinan otros países de la región con economías y población similares. Ello redunda en procesos selectivos y de capacitación permanente de profesores, en mejor infraestructura y desarrollo en tiempos en donde la vida digital y la Inteligencia Artificial dominan el panorama que se avecina.
“La apuesta más fuerte de este gobierno han sido becas, universidades Benito Juárez. Cambiar programas que habían comprobado su eficiencia por La Escuela es Nuestra, en donde además traemos poca transparencia. […] No sabemos cuánto está llegando a cada escuela, no sabemos las escuelas que están recibiendo recursos ni cuánto, y sobre todo no tenemos evidencia de fotografías que podamos decir: Así estaba la escuela un año después, así quedó. Eso es grave porque entonces no sabemos el impacto que está teniendo el dinero”, dice la directora de Grupo Loga.

No se trata de compararse con sistemas de enseñanza europeos o de algunos países como Japón, añade. Se trata de progresión. “La forma de igualar a la sociedad es que en la escuela los niños tengan la experiencia de que son capaces de aprender. Eso está demostrado: lo que hace que un niño supere cualquier otra brecha, de salud, económica, financiera, de oportunidades, es decirle que es capaz, y eso se lo tiene que dar la escuela. Pero si tenemos un sistema educativo que no tiene aulas, que no tiene agua; que hay violencia, que los maestros no se capacitan, que no llegan materiales, que las ventanas están selladas y no se pueden abrir, que no hay conectividad, que no tienen computadoras… pues con esos chiquillos, la brecha que ya traen de desigualdad desde casa, va a ser más profunda”.

Dentro de un año, es posible que el país viva una continuidad política de gobierno. En el discurso, se afianza la idea del seguimiento. En este sexenio se han colocado los cimientos sobre los cuales habrá de terminarse el proceso de la Cuarta Transformación. La duda, basándose en la historia, es que los programas cambian, y en este caso la educación cabe dentro de la misma bolsa de los virajes. Al margen del alcance mejor o peor del nuevo modelo de enseñanza, importa su permanencia. Porque el futuro así lo reclama.

“Sabemos como sociedad, cualquiera que ésta sea en este mundo, en este momento, en 2023, que hay una cosa que opera: a mayor conocimiento, habilidades y competencia para hacer y resolver problemas, las personas tienen mayores capacidades para poder desarrollarse”, dice Sonia del Valle Lavín, coordinadora de comunicación de la Red Mujeres Unidas por la Educación. “Eso es lo que se requiere, eso es lo que se pide. Es decir, nosotros en el mundo nos estamos moviendo hacia la Inteligencia Artificial, los modelos, los datos, la modernización. Hacia las nuevas habilidades de trabajo en equipo, la empatía, el liderazgo, la autogestión… una serie de habilidades que no estamos viendo cómo se desarrollan en la escuela mexicana”.

*Este es el segundo de una serie de contenidos periodísticos que dará cuenta de la condición que guarda el país, y la forma en que habrán de reconfigurarse los poderes y el mapa político de cara al proceso electoral de 2024.