César Jáuregui: el juego sucio de la política real y la disputa soterrada por Chihuahua

Ignacio Alvarado Álvarez – Sígueme en X

La detención de César Jáuregui Moreno y las acusaciones que hoy enfrenta tanto en el fuero estatal como en el orden federal, sacaron de su eje habitual al análisis político dentro y fuera de Chihuahua. Las interpretaciones oscilan entre la deslealtad interna, las disputas personales o la de supuestos pactos para ceder el estado a Morena en 2027. Tratar de comprender lo sucedido bajo el marco analítico tradicional resulta, sin embargo, insuficiente. Más allá de una pugna partidista o de un ajuste de cuentas doméstico, es posible ver un choque de placas profundas e invisibles: el de la estrategia geopolítica que representa la entidad, la contrainteligencia estadounidense y el de la complicidad histórica de las instituciones públicas con las redes criminales.

Para ver el fondo hay que remover la paja. Es necesario volver al pasado para tener claro que cuando la Agencia Central de Inteligencia despliega sus piezas en el terreno sabiendo de antemano que sus incursiones no van a desmantelar ningún “cártel”, lo que busca no es el fin del narcotráfico, sino el control, la administración y el aprovechamiento táctico del flujo criminal. Y como lo muestra la historia de la intervención de Estados Unidos en el hemisferio, el saldo de esta lógica es la producción deliberada de caos, la violencia sistémica y la impunidad institucional. Todo en aras de los intereses del Estado Profundo la Unión.

Si algo dejó en claro el operativo en la comunidad de El Pinal, en el municipio de Guadalupe y Calvo, es una trama de acciones encubiertas que operan por encima de cualquier soberanía formal. Esto no es inédito ni particular. Ocurre y ha ocurrido por décadas en el país.

Así que es obligado saber quiénes eran y cómo funcionan activos como Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black, a quienes se ha identificado como los agentes que murieron al desbarrancar el auto en el que viajaban junto con dos mandos de la policía ministerial de Chihuahua, justo después del “desmantelamiento” del —es el énfasis oficial— el laboratorio de metanfetaminas más grande la historia. Su reclutamiento responde al patrón de selección táctica que la CIA reserva para operaciones en zonas de alto riesgo: cuadros formados en unidades de combate altamente complejos.

Johnston, dice su ficha pública, se licenció en Historia, hablaba mandarín y era veterano del Primer Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército, donde lideró destacamentos operativos en Filipinas antes de hacer lo mismo en Oriente Medio, África y Asia. Por años combinó su capacidad de infiltración clandestina con la formación académica en inteligencia estratégica.

Por su parte, Black era egresado del programa del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva,  en la Universidad Gonzaga (que es privada y jesuita) y veterano de combate con el Cuerpo de Marines en Afganistán. Black aportaba su experiencia como comandante de pelotón que apoyó en campo la jefatura de la Primera División de los Marines. Era un políglota con dominio en el manejo de tropas de élite, entrenamiento en infiltración y operaciones encubiertas. Todo ello revela que su presencia en la Sierra Tarahumara obedecía a una incursión de campo concebida para el reconocimiento táctico en una zona bajo control criminal y fuerte complicidad oficial.

El hecho de desplegar activos bajo cobertura no oficial le ofrece a Washington la ventaja de lavarse las manos en caso de infortunios. Dicho de otra forma, si la incursión se concreta sin percances, la información recolectada se envía sin demoras a los servidores de la Agencia en Langley. Pero si la operación sufre un accidente fatal —como se presume sucedió en Chihuahua—, siempre existirá un margen de maniobra para blindar a la CIA de las consecuencias que implica la violación directa a la soberanía nacional, así hayan quedado expuesta la identidad de los encubiertos.

Las inconsistencias de lo ocurrido en El Pinal resultan, por lo tanto, inocultables. Se difundió la destrucción de un supuesto laboratorio gigante, pero no hubo un solo detenido. Tampoco se abrieron averiguaciones ni contra el supuesto cártel, ni contra la red de protección política y militar que sostenía esa infraestructura en la sierra —porque si no hubo detenidos fue porque alguien les avisó del operativo.

La interrupción de una ruta productiva bajo estos términos no busca entonces pacificar una región. Eso solo existe en el discurso. Lo que busca es alterar el balance de fuerzas en un territorio que, como en este caso, representa la puerta de entrada y salida entre uno país y otro, y en el que las drogas constituyen solo un gran pretexto para avanzar con agendas y narrativas concretas en ambos lados de la frontera, y sobre todo con el control territorial.

Corrupción institucional

Para que autoridades estatales y mandos policiales escolten a paramilitares extranjeros en zonas de alta peligrosidad, como se supone lo es el Triángulo Dorado, la inteligencia de los Estados Unidos opera mediante la coerción, el intercambio de favores y el chantaje en su nivel más crudo. Por ejemplo, la recopilación de expedientes sobre finanzas ilícitas de funcionarios, cuentas en el extranjero, propiedades a nombre de familiares, la documentación de nexos criminales o violaciones a los derechos humanos cometidas por las corporaciones locales (ejecuciones extrajudiciales o desaparición forzada).

El mensaje hacia los mandos no deja entonces margen de duda: la colaboración garantiza la protección de sus flancos políticos y financieros, mientras que la negativa abre la puerta a la extradición, la exposición mediática, el retiro de visas o la persecución judicial. El chantaje existe porque existe la podredumbre del sistema.

Lo que se tiene bajo registro histórico en casos de avances en la agenda norteamericana es algo muy parecido a lo siguiente: los agentes extranjeros entregan inteligencia de geolocalización y señales en tiempo real que las autoridades locales utilizan para golpear a los rivales de los grupos criminales con los que mantienen compromisos, lo que sirve para vender las bajas como éxitos de seguridad pública. En un nivel más acabado, eso es lo que yace al fondo del financiamiento y construcción de la Torre Centinela en Ciudad Juárez.

Con este marco, el acompañamiento de la policía ministerial y el conocimiento directo de mandos civiles y militares en el desplazamiento hacia El Pinal exponen planos de realidad permanentemente negados por los gobiernos: que sectores del aparato de seguridad no responden a la cadena de mando constitucional, sino a una red de lealtades ajenas al Estado. La presencia del ejército en esta clase de incursiones curiosamente se mantiene fuera del debate político gracias a un pacto no escrito de silencio.

Para el gobierno federal, admitir la escolta militar a estos agentes de la CIA destruiría el discurso de la defensa de la soberanía, y para el gobierno estatal, concentrar la culpa en la fiscalía local permite entregar piezas políticas sin rozar la estructura castrense y las consecuencias que ello implica para el manejo territorial.

Ahora, ¿por qué sucedió esto en la Sierra de Chihuahua y no en Sinaloa? Porque estas operaciones responden a un cálculo de riesgo geográfico. Sinaloa presenta un control social y político altamente concentrado en el que cualquier movimiento ajeno es detectado de inmediato por las redes locales de inteligencia militar, federal y estadounidense. Chihuahua, en cambio, ofrece la inmensidad de la Tarahumara, un territorio históricamente caracterizado por el abandono institucional, la fragmentación de poderes locales y la cercanía logística con Texas y Nuevo México. Algo que, dicho así, puede resultar poco comprensible.

Chihuahua colinda con el corredor militar y científico más poderoso del sur estadounidense. Esto convierte al territorio en una franja prioritaria para la contrainteligencia de Washington. La preocupación de fondo no se limita por tanto a la fabricación o al tráfico de fentanilo, sino al control de un espacio vecino a sus bases estratégicas y la necesidad de monitorear o vetar la presencia de capitales o inteligencia de potencias como China y Rusia en las cadenas de suministro industriales y recursos de la región.

El territorio de la política

Vayamos ahora al escenario de la política local. Lo que se ha detonado con las acusaciones en contra del ex fiscal del estado, ofrece una muestra de cómo funciona el entramado del poder. O mejor dicho, cómo se echa a andar un proceso de cambio que garantice su supervivencia. Es así como se renuevan las formas de conducción institucionales y los actores intermediarios, como Jáuregui Moreno, se vuelven prescindibles.

El procesamiento del ex fiscal expone también la degradación alcanzada por un grupo político originado en Ciudad Juárez que durante tres décadas dominó la escena local. La trinidad conformada en su momento por Javier Corral, Cruz Pérez Cuéllar y el propio Jáuregui pasó de la complicidad generacional a la disputa abierta por la supervivencia.

Corral es el anterior gobernador del PAN en Chihuahua, y actual senador bajo el amparo de Morena. Cruz Pérez, panista de origen, es el alcalde con licencia de Juárez y potencial candidato de Morena a la gubernatura, y Jáuregui, sin salirse del partido, fue el todopoderoso desde comienzos del siglo antes de convertirse en pieza sacrificable del propio grupo al que sirvió y del que se sirvió todos estos años. En los tres viejos amigos, las convicciones partidistas terminaron amoldándose a la conveniencia del momento, una metáfora perfecta que ilustra el fondo del poder político del país, trátese del partido que sea, y los métodos discursivos y tangibles con los que suelen desgarrarse.

Que sirva otro marco de referencia local. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, encabezada por Gilberto Loya Chávez, ha concentrado la inteligencia táctica mediante proyectos de infraestructura tecnológica como la ya referida Torre Centinela. Sin embargo, la asignación de lealtades corporativas a facciones criminales específicas —asociando históricamente a la fiscalía con unas siglas y a las policías estatales y municipales con otras— refleja cómo la seguridad pública en Chihuahua funciona bajo la lógica de una delimitación territorial del conflicto.

El gobierno federal no queda libre de responsabilidad en este cuadro. La vehemencia judicial ejercida contra Jáuregui se contrapone con el blindaje otorgado a Rocha Moya y Marina del Pilar, los gobernadores de Morena de Sinaloa y Baja California, sorprendidos con las manos en la masa.

El control de Chihuahua

La disputa de la Cuarta Transformación por arrebatar la gubernatura de Chihuahua al Partido Acción Nacional va más allá de las urnas y responde a una necesidad de centralización estatal. Que la entidad siga gobernada por la oposición la convierte en una trinchera clave: un espacio con fuerza para negociar directamente con autoridades de Estados Unidos, incidir en el reparto del agua y oros recursos, gestionar la crisis migratoria y romper la cadena de mando de la seguridad nacional.

Para un proyecto centralizador, controlar Chihuahua es indispensable para cerrar la brecha en la franja fronteriza y unificar bajo la Secretaría de Defensa Nacional y la Guardia Nacional el mando de las policías y la fiscalía para eliminar los márgenes de maniobra de las élites locales. La cosa es que esta es una pretensión de avance territorial que choca de frente con la renovada doctrina de seguridad hemisférica del gobierno de Trump.

Bajo la idea estadounidense es preferible tener fronteras ajenas a la 4T, administradas por interlocutores regionales afines a sus agendas de inversión y permeables —como ahora pasa en Chihuahua, Coahuila y Nuevo Léon— al trabajo de sus agencias. La llegada de un gobierno nacionalista a la frontera con Texas y Nuevo México eliminaría un eslabón principal en la cadena del conservadurismo republicano y tensionaría aún más la relación bilateral.

El desenlace de todo esto, siga o no en prisión el ex fiscal, no va a pacificar la sierra ni a desmantelar las redes del crimen. Lo que realmente se debate en las sombras es cuál modelo de control gobernará a Chihuahua: una soberanía centralizada desde la capital del país o la continuación de un espacio balcanizado, permeable a las operaciones encubiertas. En cualquiera de los escenarios, el caos y la violencia se mantendrán como el dividendo rector, con o sin la intervención de la CIA. Aquí no hay buenos ni malos, solo grandes intereses.