WASHINGTON Y EL MITO DEL ENEMIGO EXTERNO

Ignacio Alvarado Álvarez – Sígueme en X

El 16 de septiembre, mientras México celebraba el aniversario de su Independencia, la Casa Blanca envió un memorando al Congreso estadounidense. El documento, firmado por Donald Trump, fija la postura oficial de Washington sobre el tráfico internacional de drogas. En el texto reconoce mayores incautaciones y el despliegue militar mexicano. También menciona la caída de capos. Sin embargo, exige al gobierno de Claudia Sheinbaum hacer más. Demanda detener el flujo de sustancias y procesar a los funcionarios públicos que colaboran con el crimen. El informe se suma a las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien afirmó días atrás que las organizaciones criminales controlan vastos territorios en México y reclamó frenar el cruce de migrantes.

La respuesta desde Palacio Nacional no tardó. Sheinbaum rechazó los juicios externos y defendió los resultados de su gestión. Destacó la baja en los homicidios y cuestionó las omisiones del lado estadounidense. Preguntó por los programas de atención a la salud, el combate al lavado de dinero y las acciones para detener el flujo ilegal de armas que nutren la capacidad de fuego en territorio mexicano. También recordó prácticas históricas de agencias norteamericanas que permitieron el paso de sustancias en su propio suelo.

Este intercambio de reclamos ocurre en un momento electoral clave para Estados Unidos. Faltan pocas semanas para que demócratas y republicanos se disputen el control del Congreso. Y el uso de México como chivo expiatorio vuelve a instalarse en el centro del debate político.

La confrontación revela un problema de fondo. A pesar de las evidencias sobre el funcionamiento del mercado interno estadounidense, México pierde el duelo narrativo. La Casa Blanca impone su interpretación del problema. Presenta la crisis de las drogas como una amenaza externa proveniente del sur, y al mismo tiempo oculta la estructura real de distribución, consumo y violencia que opera dentro de sus fronteras.

Esta construcción discursiva desde luego no es accidental. Sirve para ejercer presión política, subordinar las decisiones de seguridad nacional de México y desviar la atención de las fallas institucionales propias.

En septiembre de 2009, durante el punto más crítico de la llamada guerra contra el narco, recorrí la frontera del lado estadounidense. El objetivo era entender por qué la violencia se concentraba de un solo lado de la línea divisoria. Ciudades mexicanas registraban cifras récord de asesinatos, torturas y desapariciones. Del otro lado, El Paso, Texas —cito como ejemplo— aparecía en las estadísticas como una de las comunidades más seguras de Estados Unidos, justo lo opuesto a la Ciudad Juárez de ese momento, cuyos registros de asesinatos por cada 100 mil habitantes se mantienen hasta hoy como los más altos del hemisferio, tan solo debajo del Medellín de Pablo Escobar.

Al entrevistar a jefes de policía local, agentes del FBI, la DEA, la Patrulla Fronteriza el ICE, la respuesta era uniforme. Todos señalaban el peligro de las organizaciones mexicanas y la corrupción al sur del Río Bravo. Afirmaban tener control absoluto de su territorio. Pero las dinámicas en las calles mostraban una realidad distinta.

En La Española, una pequeña ciudad al norte de Nuevo México, las autoridades registraban la tasa per cápita de muertes por sobredosis más alta del país. El jefe de la policía local operaba en una oficina desolada, sin computadoras. En la pared tenía un mapa lleno de tachuelas de colores que marcaban los puntos donde hallaron a las víctimas.

Al preguntarle sobre los responsables de la venta, el mando policial culpó a los grupos de Sinaloa. Aunque reconoció que no tenían un solo ciudadano mexicano arrestado por ese delito. El distribuidor local era de hecho un hombre anglosajón. El jefe de policía no pudo explicar cómo una organización extranjera controlaba el territorio sin presencia física. Tampoco supo responder sobre el tráfico de recetas médicas con el que los adictos locales obtenían opioides. Se limitó a decir que esa información provenía de la DEA y el FBI, y que investigar las recetas no le correspondía a su corporación.

En ese mismo viaje, en Albuquerque, familias de una decena de mujeres desaparecidas protestaban tras su hallazgo en una fosa común. Denunciaban la corrupción de la policía local y la producción interna de metanfetaminas. Ningún medio nacional cubrió el reclamo.
En el sur de Los Ángeles presencié años después la venta de marihuana y cocaína, justo cuando reporteaba el tema de la distribución local. Entre a una vivienda en Compton. El vendedor era afroamericano y los compradores, también afroamericanos, viajaban en una camioneta de lujo. Cuando una patrulla local llegó al sitio, los agentes, ambos blancos, no realizaron detenciones ni mostraron sorpresa.

El distribuidor explicó que mantenían un acuerdo implícito con las autoridades. En esos barrios, los ciudadanos mexicanos no figuraban en el control de las calles. Lo mismo pude constatar en proyectos de vivienda de ciudades tan lejanas como Baltimore y en las calles de Harlem, en Nueva York.

En la franja central de Estados Unidos, los circuitos de distribución en zonas rurales están bajo el control de clubes de motociclistas blancos y racistas. En Texas, un agente de Interpol me explicó la lógica del sistema: las autoridades estadounidenses mantienen una línea para contener la violencia y el consumo dentro de sectores específicos de minorías. Si la dinámica criminal cruza esa delimitación, la respuesta institucional es inmediata.

Las agencias federales estadounidenses aplican además mecanismos para abultar sus estadísticas. El jefe de policía del condado de Maverick, en Texas, me contó en aquel septiembre de 2009 que cuando su corporación decomisaba un cargamento de droga, el FBI, la DEA, ICE y la Patrulla Fronteriza reportaban la misma incautación como propia. Cien kilogramos reales se convertían en cuatrocientos kilogramos dentro de los informes oficiales enviados al Congreso.

El relato institucional de los Estados Unidos omite estos factores de forma sistemática. No menciona el papel de sus puertos marítimos o aéreos en el ingreso de mercancías ilegales. Tampoco analiza las fallas del sistema de salud que originaron la crisis de los opioides mediante la prescripción autorizada de medicamentos adictivos. La narrativa oficial ignora que la distribución final, el cobro y el lavado de dinero los realizan ciudadanos de ese país en un 80 por ciento, según sus propios datos.

Pese a todo, México intenta responder señalando el tráfico ilegal de armas que cruza desde el norte y la responsabilidad del consumo masivo. El argumento, sin embargo, no logra romper el cerco comunicacional. Queda atrapado en la posición defensiva.

Estados Unidos sostiene su hegemonía narrativa a través de su aparato institucional, la prensa internacional y la industria cultural. El cine y la televisión difunden la idea de organizaciones omnipotentes que operan desde el sur, mientras presentan a su territorio como un espacio libre de estructuras criminales complejas.

La realidad en ambos lados de la frontera es diferente a las consignas políticas. Ni en Estados Unidos ni en México existen los cárteles bajo la definición corporativa que difunden los gobiernos. En suelo estadounidense operan redes locales, pandillas urbanas y grupos regionales fragmentados por etnias y territorios. En suelo mexicano actúan grupos armados, células delictivas y redes de mercenarios que aprovechan la debilidad institucional y la complicidad de autoridades locales.

El gobierno de los Estados Unidos utiliza el narcotráfico como un instrumento de presión permanente. Cuando califica a los grupos delictivos como amenazas transnacionales o narcoterroristas, justifica la injerencia en las políticas públicas de México. Exige resultados, inspecciones y detenciones, y evita fiscalizar las ganancias financieras que ingresan a su propio sistema bancario.

Las declaraciones de Donald Trump y Marco Rubio forman parte de esta estrategia de subordinación. Culpar a México por la crisis de adicciones e inseguridad, traslada el costo político de sus problemas internos a un actor externo.

México se mantiene atrapado en una posición de desventaja discursiva. Mientras la discusión pública se limite a responder las exigencias de Washington, la Casa Blanca continuará utilizando el problema de las drogas para condicionar la relación bilateral. De esta forma, la realidad del mercado interno estadounidense seguirá oculta detrás de la narrativa oficial.