Maru Campos y el costo millonario de ocultar la crisis en Chihuahua

Ignacio Alvarado Álvarez – Sígueme en X

La política del espectáculo suele ser costosa, pero en tiempos de crisis soberana y colapso institucional, el precio se tasa directamente en el erario. María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, emprendió una estridente gira de medios en la Ciudad de México con un objetivo unívoco: contener el impacto del escándalo tras la muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio chihuahuense, un hecho que desnudó la operación de agencias extranjeras sin el debido proceso ni la anuencia del Estado mexicano.

Para limpiar el expediente y manufacturar una narrativa de exculpación, el gobierno panista recurrió al viejo manual del régimen: el blindaje mediático prepagado. La cifra exacta del despliegue, extraída de los registros de la propia Secretaría de Hacienda estatal y revelada por el periodista José Pérez-Espino en Zona Free, asciende a 203 millones 392 mil 337.99 pesos bajo el socorrido concepto de publicidad oficial. Los beneficiarios de esta millonaria bolsa fueron TV Azteca, Radio Fórmula, Grupo Imagen, LatinUs, MVS Noticias, y los espacios conducidos por Adela Micha y Joaquín López-Dóriga.

Frente a los micrófonos, el vaivén discursivo de Campos Galván fluctuó entre la aceptación implícita y la negación rotunda de los hechos. Al ser cuestionada sobre cómo operaban elementos de Inteligencia en la Sierra Tarahumara sin el aval del Estado mexicano, la gobernadora pretendió desmarcarse afirmando textualmente: «Primero, no tenemos la certeza de que hubiese habido agentes norteamericanos. Yo no operé, no gestioné, no autoricé y mucho menos tuve conocimiento… Yo me remito estrictamente al comunicado de la Embajada de Estados Unidos». El burdo intento por atrincherarse en el boletín institucional de la representación diplomática extranjera para evadir su responsabilidad constitucional terminó por fracturar su propia defensa.

En un intento desesperado por no quedar exhibidos como burda comparsa de una estrategia de control de daños, algunos de los entrevistadores apretaron los márgenes del cuestionamiento, obligándola a trastabillar. Fue entonces cuando el discurso naufragó: al verse acorralada, pasó de sugerir que la federación la había dejado en el desamparo frente a los carteles a negar tajantemente que su administración tuviera conocimiento de la incursión binacional, contradiciendo el posterior cinismo con el que pretendió normalizar la injerencia operativa en otros espacios de la misma gira. Las fisuras de su argumentación quedaron expuestas no por la agudeza crítica general de la mesa, sino por la necesidad de los propios comunicadores de salvar un decoro periodístico mínimo ante una audiencia que observaba la burda manufactura de la impunidad.

La retórica del desvío y las urnas de 2027

El nerviosismo político de la administración chihuahuense no solo responde al desastre operativo en la Sierra Tarahumara, se alimenta directamente de la proximidad del relevo constitucional. Incapaz de sostener una discusión técnica sobre seguridad o soberanía, Campos Galván optó por la descalificación abierta y sin matices en contra de las figuras del oficialismo federal que encabezan las preferencias rumbo al proceso electoral de 2027. Sin aportar un solo elemento de prueba, formuló acusaciones directas de vínculos con el crimen organizado en contra de la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y de la senadora Andrea Chávez Treviño. La maniobra carece de profundidad jurídica, pero retrata con nitidez el uso del miedo y la difamación como herramientas de contención frente a un avance opositor que las encuestas locales comienzan a consolidar.

Durante las transmisiones, el semblante de la mandataria se convirtió en un factor de análisis conductual. Esa risa nerviosa, transmutada en sonrisa burlona, funcionó como el mecanismo predilecto para encubrir la vacuidad de sus argumentos y evadir la gravedad de los fenómenos delictivos que asuelan a la entidad. El momento más álgido de esta ligereza conceptual ocurrió en el espacio de Adela Micha, donde la gobernadora justificó la presencia de agentes norteamericanos argumentando, palabras más o menos, que su incursión operativa era preferible a permitir que los narcotraficantes penetraran en los hogares de las familias chihuahuenses. La declaración es de una gravedad extrema: asume la renuncia implícita a la soberanía del Estado y desborda un cinismo que ignora deliberadamente la responsabilidad de su propio gobierno en el avasallamiento criminal, la descomposición del tejido social y la rampante corrupción que carcome a las policías estatales y ministeriales de Chihuahua.

Para complementar el cuadro de evasión, la estrategia contempló la inserción forzada de un tema ajeno a la crisis: los supuestos logros en materia de salud pública. El viraje temático resultó no solo torpe, sino abiertamente artificial. En medio de los cuestionamientos sobre laboratorios clandestinos y agentes extranjeros caídos, Campos Galván pretendió erigir una narrativa de eficiencia médica que nadie estaba pidiendo y que la realidad desmiente en las clínicas rurales del estado.

El diseño de la gira buscaba perfilarla como la gran alternativa de la derecha frente al proyecto centralizador de la llamada Cuarta Transformación. Sin embargo, el pésimo manejo de su propio discurso y la carencia de una estructura ideológica sólida terminaron por sepultar cualquier aspiración de liderazgo nacional, reduciendo la millonaria inversión a un mero berrinche mediático de alcance regional.

El colapso de las instituciones y el juego del fango

El trasfondo de esta puesta en escena es un estado sumido en una profunda crisis financiera, política y social. Chihuahua arrastra una deuda pública que asfixia sus márgenes de maniobra, un lastre heredado y profundizado por administraciones que ven en el crédito bancario la única salida a la insolvencia. Los escándalos de corrupción vigentes, al margen de su resolución en los tribunales, configuran el verdadero ecosistema del ejercicio del poder en la entidad.

Aquí se manifiesta el mal endémico que hermana al gobierno panista con el régimen central: la propensión a la acusación mediática sin el sustento de la evidencia, o en su defecto, la activación de redes de protección e impunidad cuando los elementos de prueba son lo suficientemente sólidos como para abrir carpetas de investigación criminal. La justicia en Chihuahua no se imparte, se negocia por igual en las oficinas del Palacio de Gobierno.

Esta desesperada travesía por los estudios de televisión de la capital ocurrió inmediatamente después de la movilización organizada por Morena en la capital del estado para exigir el juicio político y desafuero de la mandataria. El aparato estatal no dudó en activar mecanismos de sabotaje, instrumentando retenes e intentando estrangular los accesos viales para mermar la afluencia.

El boicot oficialista funcionó a medias, pero la contraparte no entregó mejores cuentas: la marcha de la izquierda se quedó muy por debajo de las expectativas de sus propios dirigentes, evidenciando que el conflicto se reduce a una disputa de cúpulas partidistas que poco o nada conecta con las demandas genuinas de seguridad de la población.

En este tablero de simulaciones, la gobernadora pretendió jugar la carta de la superioridad moral al introducir en la discusión el colapso institucional de Sinaloa y los señalamientos que pesan sobre el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Campos Galván criticó con dureza la protección federal hacia el mandatario sinaloense, pero lo hizo desde el mismo pantano retórico que busca instrumentalizar el enojo social.

Su discurso reduce la capacidad intelectual de la ciudadanía al odio partidista elemental. Es combustible de bajo octanaje que se consume rápido en la discusión pública, pero que es incapaz de generar una propuesta de cambio estructural. Al señalar la viga en el ojo ajeno, la gobernadora evade la autocrítica elemental sobre los fallos de su propia estrategia, la colusión de sus instancias de procuración de justicia y el estado de vulnerabilidad en que mantiene a los ciudadanos de Chihuahua, confirmando que por más millones que se paguen a los consorcios de la comunicación, la realidad territorial siempre termina por imponerse al libreto.