Los pantanos de la violencia criminal

Por sexto año consecutivo, México sobrepasa la cifra de 30 mil homicidios. A un año de concluir, este es ya es el sexenio más violento de la era moderna. Además de asesinatos, se ha roto el registro histórico de feminicidios, desaparición de personas y hallazgo de fosas que dan cuenta del exterminio masivo y sistemático. ¿Se trata de una herencia maldita, o es el reflejo de una estrategia fallida?

*Este es el primero de una serie de contenidos periodísticos que dará cuenta de la condición que guarda el país, y la forma en que habrán de reconfigurarse los poderes y el mapa político de cara al proceso electoral de 2024.

Ignacio Alvarado Álvarez. Publicado en Vanguardia.
Ciudad de México-En mayo de 2022, Cecilia Patricia Flores, la fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora, disponía de un registro que rosaba las ocho mil personas desaparecidas en la entidad, más del doble de la estadística oficial. Año y medio después ese numero aumentó a más de nueve mil, pero sobre todo se ha invertido la proporción de víctimas, que hasta entonces fue predominantemente masculina.

“Ahora están desapareciendo más mujeres que hombres, y las estamos encontrando sin vida”, dice. “Pensábamos que las desaparecían por cuestiones de trata, pero no ha sido así”.

Cada día, el colectivo de búsqueda -que formó desde 2015 tras la desaparición de dos de sus hijos- incorpora a su lista un promedio de 30 nuevas víctimas, 70 por ciento de las cuales son mujeres de entre 16 y 30 años. “No entendemos la causa. Las autoridades no han llegado a la raíz de este asunto”, dice Flores. Aunque tiene una hipótesis: “Lo más seguro es que se trata de feminicidios”.

Desde 2015, el feminicidio en México ha crecido 127 por ciento. 2022 cerró con 968 casos y este año se contabilizaron 227 al cierre del primer trimestre. El feminicidio representa 40 por ciento del total de asesinatos que tiene como víctima a una mujer. La violencia contra el género es uno de los puntos sensibles en la crisis de seguridad que no ha podido resolver el actual gobierno. Pero no el único. En conjunto, la violencia homicida parece imbatible.

Si bien es cierto que las cifras oficiales reflejan un decrecimiento cercano al 19 por ciento si se compara, por ejemplo, 2023 con 2018 -el año con la mayor cantidad de asesinatos de la era moderna, con 35 mil 522- el país está lejos de ver contenida la ola criminal. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), México sufre 25,9 homicidios por cada 100 mil habitantes, casi tres puntos porcentuales por arriba de Colombia y Brasil, los otros dos grandes referentes del crimen latinoamericano.

El crimen y la violencia del último cuarto de siglo ha sido históricamente ligado al crimen organizado y a su poder corrosivo, que terminó por descomponer a las instituciones de seguridad pública. Bajo este segundo dictamen, los gobiernos encabezados por cinco presidentes han ejercido despidos masivos de elementos policiales, modificado nombres de sus corporaciones, pretendido reunir las fuerzas civiles bajo un miso mando, ampliado la colaboración con agencias estadounidenses, utilizado a las fuerzas armadas en tareas de seguridad e implementado la asistencia social para “atacar las causas” del fenómeno.

Bajo el mandato de Vicente Fox (2000-2006), la violencia homicida tenía sus puntos geográficos bastante bien definidos, sobre todo en entidades fronterizas del norte, en donde operaban organizaciones criminales que habían evolucionado un par de décadas atrás. Al término de sus funciones el país registró -en números redondos- 74 mil 500 asesinatos, una cifra que aumentaría drásticamente tras la “guerra contra el narco” instruida por su sucesor, Felipe Calderón.

A partir de entonces, el conteo homicida no ha hecho sino aumentar. El sexenio de Calderón dejó 103 mil homicidios. Con Enrique Peña Nieto se registraron 135 mil y con López Obrador esa cantidad ha sido superada a la mitad de su quinto año de gobierno, con 154 mil. A esos números hay que sumar otra estadística sombría, la que acumula más de 110 mil personas desaparecidas y el hallazgo de más de 50 mil cuerpos humanos en fosas clandestinas.

El solo recuento ilustra la impotencia de cada acción presidencial, si quiere verse en ese sentido. Pero los números entrañan una transformación profunda que trasgrede casi cualquier ámbito de la sociedad y de sus instituciones.

“La violencia delictiva ha permeado la realidad de la vida cotidiana no solo a nivel personal o social, sino institucional. Ha dejado una suerte de condiciones, algunas marcadas por su espectacularidad y otras que van formando una condición uniforme de nuestra propia realidad”, dice José Luis Cisneros, profesor investigador de la Universidad Autónoma de México (UAM)-Xochimilco), quien se ha especializado en temas de violencia y la construcción social del miedo.

En ese sentido, añade Cisneros, los actores públicos lejos de revertir la violencia criminal se han ido incorporando a ella, generando así el extravío social ante la injusticia. La corrupción y la impunidad, crecidas a la par de la estadística homicida, han contribuido entonces para que la inseguridad sea uno de los dos factores que mayor ansiedad provoca entre los mexicanos.

En septiembre, el Inegi dio a conocer su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. En ella da cuenta del volumen delictivo registrado en 2022, que marca un leve decrecimiento respecto a la estadística del año anterior. Sin embargo, la variación difícilmente puede atribuirse al éxito de alguna acción o política pública.

Con más de 10,5 millones de hogares con al menos uno de sus integrantes como víctimas de delito (casi la tercera parte de los que existen en el país) y casi una cuarta parte de cada 100 mil adultos violentados, la estadística de denuncia, investigación y castigo ofrece una fotografía de descontrol mayúsculo. Menos del 11 por ciento de casos fueron denunciados ante el Ministerio Público y de ellos más de 77 por ciento quedaron sin conclusión. La cifra negra indica que 92,4 por ciento de los delitos suscitados nunca fue investigado.

Es el testimonio de la vida cotidiana que impide la manipulación de los datos, dice Cisneros, el investigador de la UAM, quien data el comienzo de la orfandad de justicia desde la estrategia fallida de los gobiernos del PAN, es decir, de Fox y Calderón.

“Ahora tenemos más grupos criminales. El monopolio que existía terminó y se ha multiplicado. Si todo eso lo sabemos, si hay inteligencia para hacerlo, ¿por qué no respondemos? La respuesta debe ser que hay un punto de ganancia”, señala.
Al tiempo que la presencia criminal se reprodujo, el poder civil fue debilitándose. Y en ello tiene parte de responsabilidad la sociedad misma, según el investigador. Una sociedad “parasitaria, [que vive] de la dependencia, termina por convertirse en un problema muy serio. [Al final] es más fácil repartir [dinero] que hacer que la justicia se cumpla”, dice Cisneros.

La debilidad institucional efectivamente es la causa del grave problema de violencia criminal, coincide Guillermo Garduño Valero, uno de los referentes académicos en temas de fuerzas armadas, seguridad nacional, ejército y narcotráfico.

“Cuando hay debilidad institucional, el ejército también es débil”, dice. “Dicho en otros términos, el ejército mexicano es muy fuerte en tiempos de paz y muy débil en tiempos de guerra. Y ahora estamos en tiempos de guerra. Y ahora viene la otra parte. Se cree que hay un proceso de militarización y no es así. Lo explicaré de una manera muy cínica. Si con militarizar el país se lograra controlar al hampa organizada, se lograra establecer la paz, yo te diría: ¡Qué chingones son! Pero está pasando lo contrario”.

La Secretaría de la Defensa tiene hoy el mayor presupuesto concedido jamás. Pero, aclara Garduño, lo es para actividades fuera de sus funciones reales, como la construcción. En términos de seguridad, el fracaso es evidente y se avecina uno peor, con la Guardia Nacional, un órgano impedido constitucionalmente para investigar y aprehender criminales.

“Tenenos un polvorín espantoso por una razón: la gente está armada, por el narco o por lo que quieras, pero está armada”, dice Garduño, quien no prevé un mejor escenario para alcanzar la paz. “La inercia [de este gobierno] no tiene sentido. No tiene un punto al que sepa que llegará”.

Antes de terminar la primera semana de noviembre, Xóchitl Gálvez sostuvo un encuentro con las Madres Buscadoras de Sonora. Lo hizo en su calidad de senadora. Les dijo que como legisladora ha presionado para que las instituciones de gobierno emprendan acciones efectivas para atender la desaparición y búsqueda de personas. Escuchó a las madres quejarse de la indolencia de funcionarios y de la falta de respuesta inmediata cuando reportan nuevos casos.

“Ahorita andan los políticos a todo lo que da tras las madres para que les demos el voto, sabiendo que somos colectivos fuertes. Pero a las promesas se las lleva el viento”, dice Cecilia Patricia Flores, la madre buscadora de Sonora. “López Obrador también ofreció apoyo a miles de víctimas que hay en el país, pero no cumplió. Él dijo que el Palacio iba a ser un Palacio de puertas abiertas y que iba a tener en primer lugar de su agenda el tema de los desaparecidos, pero no fue así. Nos han cerrado las puertas a las madres, nos han dado de portazos en la cara y no hemos tenido ninguna respuesta”.