Tercer debate: Los laberintos de Sheinbaum, Gálvez y Máynez

Ignacio Alvarado Álvarez

El 4 de julio de 2021, dos días antes de las elecciones, fue asesinado de ocho disparos René Tovar, el candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones de Herrera, Veracruz. En sustitución entró Omar Ramírez, su jefe de campaña, quien terminaría por ser electo. Dos semanas más tarde Ramírez sería acusado del asesinato por la fiscalía estatal. El escándalo apenas comenzaba. En diciembre, el senador de MC, José Manuel Del Río, entonces secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y brazo derecho del líder de la cámara, Ricardo Monreal Ávila, sería arrestado por ser el presunto autor intelectual del crimen. Monreal entró entonces en una confrontación abierta con el gobernador Cuitláhuac García, de Morena, y el pleito incluyó también al dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, y al actual candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez, en aquel tiempo coordinador de los diputados federales de ese partido. El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció apoyo total al gobernador de Veracruz quien, según él, es incapaz de cometer un acto arbitrario, tal y como señalaban Monreal, Delgado y Máynez. Durante esos meses aparecieron varios cuerpos de individuos asesinados, tanto en Veracruz como en Zacatecas, el feudo de los Monreal. Los asesinatos, que llevaban sello de entrega, nunca han sido aclarados. En contraparte, Del Río terminaría por ser liberado 170 después de su detención, ante la falta de evidencias. ¿Puede aspirarse a una coordinación entre autoridades para hacer frente al crimen organizado, emprender un proceso de pacificación nacional y reformar el sistema de justicia con una realidad así? Claudia Sheinbaum cree que sí, y en ello basa parte de su propuesta en materia de seguridad, expuesta en el tercer debate.

En Baja California, Chihuahua y Tamaulipas, por citar solo tres de las entidades con mayor registro histórico de violencia, cualquier intento por coordinar operaciones mixtas no solo fracasó, sino que terminaron secuestrándose y asesinándose entre los propios activos involucrados, fueran civiles o militares. El grado de participación e interés en las redes delictivas que tienen tanto policías municipales, estatales, federales y, a la postre, castrenses, ofrece una muestra de la complejidad del fenómeno. No se trata, como afirmó en el mismo debate Xóchitl Gálvez, de regresar a los militares a sus cuarteles, meterle dinero al salario de los policías y dotarles de tecnología para que el país recupere la seguridad. Tampoco que, como agregaría en el posdebate Santiago Creel, convoque a una lucha regional con Estados Unidos y Canadá en contra de las estructuras que mueven el tráfico de drogas y de armas. Difícilmente un personaje como Creel, o como José Ángel Gurría, ambos ex secretarios de Estado -el primero con Vicente Fox y el segundo con Ernesto Zedillo-, pecan de inocencia. Creel es el coordinador de campaña de Gálvez y Gurría el hacedor del Proyecto de Nación. Saben lo que dicen, y lo que proponen es regresar al modelo que hace 30 años, que fue el inicio del México desigual y violento. La militarización del país, por otro lado, no ha sido un ejercicio de soberanía mexicana, sino parte de una política hemisférica concebida e impuesta por los Estados Unidos.

Jorge Álvarez Máynez centró su apuesta por la pacificación en atender a las infancias, a reformar el sistema de justicia, legalizar el consumo de drogas y, también, a fortalecer los cuerpos de seguridad ciudadana e iniciar una gradual desmilitarización. En un país con 400 mil personas asesinadas y más de 150 mil desaparecidas, cicatrizar el trauma de las niñas y niños [muchos de ellos ahora adultos] es operativamente imposible. En principio porque no se les tiene ubicados, y segundo porque jamás se intervino desde ninguna instancia de gobierno para tratarlos. Puede iniciarse con una cuenta nueva, pero el daño estructural que ya se tiene, es enorme. Legalizar el consumo de drogas no deja de ser un acto deseable, aunque igualmente imposible debido a los grandes intereses -no solo criminales- que envuelven el negocio. Elevar el estatus de los cuerpos de seguridad pública raya también en la utopía. En cada una de esas estructuras reposa el poder operativo de presidentes municipales y de gobernadores, y eso es algo que la evidencia de los años recientes demuestra que no están convencidos a ceder. Pero, si así fuera, ¿elevar el salario cinco mil o 10 mil pesos bastaría para sustraerlos de las redes criminales? Las grandes ciudades guardan una realidad distinta al de los pueblos pequeños, en donde las corporaciones cuentan si mucho con equipos de 20 elementos. Ya sea por intereses corporativos y políticos o por sometimiento, los policías locales necesitan algo más de presupuesto para cambiar su condición.

Los expertos en materia de seguridad y sistemas políticos que analizan el tema sin pasiones partidistas lo han dicho desde el principio: Ni las candidatas ni el candidato tienen una idea que valga para comenzar a solucionar el violento enjambre en el que vivimos.