Ignacio Alvarado Álvarez – Sígueme en X
El cinismo con el que Felipe Calderón reaparece en la escena pública no es un hecho fortuito ni una repentina cruzada moral. Refugiado bajo la protección del régimen parlamentario y las redes académicas de la derecha internacional en España —donde colabora con fundaciones atlánticas y centros de estudios vinculados al conservadurismo global—, el expresidente intenta reescribir la historia de un desastre que él mismo provocó. Su cruzada por la “moralidad” y la “democracia” soslaya el fondo estructural de su mandato: la entrega de concesiones mineras, contratos energéticos y megaproyectos de infraestructura a grandes consorcios privados e hispano-estadounidenses, mientras la población ponía los muertos. Al declarar recientemente que el ejército no opera sin las órdenes directas de su jefe supremo —en alusión al hecho de que su estatua permaneciera más de un año tirada en la Calzada de los Presidentes, antes de ser decapitada por ex trabajadores del SME—, Calderón selló su propia responsabilidad sobre una estrategia que sumió al país en la peor catástrofe social de su historia reciente.
Para dimensionar la magnitud de ese periodo, es indispensable revisar los episodios que marcaron el deterioro institucional y social entre 2006 y 2012.
La escalada trágica comenzó en diciembre de 2006 con el despliegue masivo del Operativo Michoacán, una decisión apresurada que inauguró formalmente la militarización del país sin contar con un diagnóstico preciso sobre el tejido social ni sobre las complejas dinámicas locales del crimen organizado. Lo hizo así, porque a Washington le importaba que así fuera. Para septiembre de 2008, el horror escaló de manera inédita durante las festividades patrias en el zócalo de Morelia, con la detonación de granadas contra una población civil indefensa. Ello marcó el inicio del terror masivo e indiscriminado en los espacios públicos de casi todo el país.
A principios de 2010, el sangriento patrón era ya cotidiano. En enero ocurrió la masacre de Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez, donde un grupo de jóvenes estudiantes fue acribillado mientras celebraba una fiesta escolar. La prisa intencionada de Calderón por criminalizar a las víctimas al calificarlas de “pandilleros” mientras se hallaba en el extranjero expuso no solo la falta de escrúpulos del jefe del Estado, sino la insensibilidad de un mandatario empeñado en justificar la barbarie. Apenas dos meses después, en marzo de 2010, elementos del Ejército Mexicano ejecutaron a Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo, dos estudiantes de excelencia del Tecnológico de Monterrey. Los militares alteraron la escena del crimen, les sembraron armas e intentaron hacerlos pasar —en una primera versión oficial— por sicarios armados hasta los dientes.
La descomposición territorial continuó extendiéndose hacia los sectores más vulnerables de la sociedad. En agosto de ese mismo año, el estremecedor hallazgo de 72 migrantes ejecutados en San Fernando, Tamaulipas, dejó al descubierto la complicidad estructural entre las autoridades locales, federales y los grupos criminales que disputaban las rutas del tráfico de personas. Pero la podredumbre dentro del propio aparato de seguridad del Estado rebasó todo control en febrero de 2011, cuando agentes de la Policía Federal se declararon en rebelión y protestaron públicamente en Ciudad Juárez para denunciar a sus propios mandos superiores por extorsión, secuestro y nexos directos con el crimen organizado, sacando a la luz pública la inviabilidad y la corrupción interna del modelo policial calderonista. Finalmente, en agosto de 2011, el cobarde atentado contra el Casino Royale en Monterrey, que derivó en un incendio provocado en el que murieron 52 personas, terminó por consolidar un patrón sistemático de cobro de piso, extorsión e impunidad absoluta contra comerciantes y ciudadanos a lo largo y ancho del territorio nacional.
Durante todo el sexenio, el impacto socioeconómico fue demoledor. Profesores, médicos, pequeños y medianos empresarios en entidades como Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y Michoacán sufrieron el embate cotidiano del secuestro y la extorsión. Detrás de la narrativa oficial de una “guerra entre cárteles”, investigaciones periodísticas y testimonios documentaron que, en casi todas las regiones, las propias fuerzas armadas y la Policía Federal perpetraron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y graves violaciones de los derechos humanos. Todo, como se ha encargado de aclarar en estos días el propio Calderón, con orden expresa del mando supremo.
La derrota del PAN en 2012 no derivó, pese a todo, de un debate ideológico abstracto, sino de la acumulación de dolor e indignación popular. Pero el retorno del PRI con Enrique Peña Nieto no alteró la lógica de fondo. Bajo su administración, la narrativa pública simplemente cambió de enfoque para ocultar la violencia tras una fachada de modernidad, mientras los indicadores delictivos continuaban en ascenso. El sexenio peñista profundizó la corrupción institucional mediante mecanismos opacos de contratación masiva y blindó los privilegios del gran capital a través de la Reforma Energética y las alianzas partidistas del Pacto por México.
El descontento generalizado de 2018 impulsó al poder a un movimiento que cimentó su discurso en la denuncia de las masacres y de la corrupción del pasado neoliberal. Sin embargo, la promesa de verdad y justicia naufragó hasta ahora en el pragmatismo político. Las grandes revelaciones sobre la complicidad estatal con el crimen organizado no surgieron de investigaciones de las fiscalías locales ni de la fiscalía federal: la detención y condena de Genaro García Luna, por ejemplo, ocurrieron en tribunales de Estados Unidos, y la captura del general Salvador Cienfuegos derivó incluso en una gestión diplomática para evitar su juzgamiento, devolviéndolo al país sin consecuencias penales ni persecución judicial efectiva. Y es más: hasta fue condecorado.
Por mucho que se diga lo contrario, estamos ante un espejo inquietante entre el pasado y el presente. Las mismas organizaciones de la sociedad civil, periodistas independientes, académicos y defensores de derechos humanos que documentaron los abusos del calderonismo son ahora objeto de descalificaciones sistemáticas desde el poder público. Los informes sobre opacidad en megaobras de infraestructura, adjudicaciones directas, desvíos en programas sociales y graves abusos militares cometidos en la actualidad sufren el mismo trato que en el pasado: el desdén, la estigmatización y el señalamiento de responder a intereses extranjeros.
Tanto en el sexenio de la “guerra” como en la administración actual, el uso deliberado de la polarización ideológica funciona como un escudo de impunidad. La narrativa del enemigo externo o del sabotaje político sirve para evadir la rendición de cuentas sobre la continuidad de la violencia urbana, el acoso al periodismo independiente y el uso discrecional de las instituciones de justicia. Mientras las cúpulas políticas apelan al fanatismo de sus seguidores para eludir explicaciones, la ciudadanía continúa expuesta a las consecuencias de un modelo de poder que antepone la propaganda a la verdad y el cálculo electoral a la justicia.
