Ignacio Alvarado Álvarez – Sígueme en X
La pedagogía del terror en México no ha cambiado de sintaxis desde el sexenio de Felipe Calderón, y su funcionalidad política tampoco se ha sofisticado. Cuerpos colgados en puentes, decapitados en picos de carretera y videos coreografiados donde hombres embozados con vestimenta táctica se adjudican la carnicería en turno. La puesta en escena cumple siempre el mismo objetivo: infundir pavor, paralizar a la comunidad y, sobre todo, garantizar que la narrativa pública no se desvíe del dogma oficial. La premisa es tan vieja como conveniente: en este país los cárteles mandan, la violencia es el producto automático de la “disputa de plaza” y cada muerto es el resultado ineludible de una purga entre criminales.
Al margen de los gráficos que el Gabinete de Seguridad exhibe para certificar la contracción de los homicidios dolosos, el miedo no se evapora. Tampoco la desesperanza. A esa zozobra contribuye la mancha indeleble de la corrupción institucional, la impunidad casi absoluta y una justicia que actúa con celo selectivo. El verdadero problema radica en cómo se siguen contando los hechos. La crónica dominante insiste en el fantasma del “Estado fallido” o el “Narcoestado”, una simplificación que borra de golpe el fondo del fenómeno: la dimensión extractivista, la codicia geopolítica y los intereses financieros de las élites locales.
¿Quién certifica con certeza que el secuestro y ejecución de los diez empresarios en Zacatecas o el asesinato de los dos informadores en esta última racha fueron perpetrados de manera autónoma por el crimen organizado? La etiqueta del “narco” funciona como la gran coartada del sistema. Permite carpetazo rápido y disuelve responsabilidades. ¿Cuál es la probabilidad real de que una fiscalía estatal o la FGR investigue a un gobernador en funciones o a los magnates que operan las concesiones de obra pública, la especulación inmobiliaria y los mecanismos de lavado? En el registro judicial mexicano, los empresarios jamás figuran como autores intelectuales de la violencia letal ni del blanqueo de capitales, salvo cuando caen en desgracia por razones de estricto encono político.
El episodio del traslado de Ismael “El Mayo” Zambada retrata a la perfección este circo mediático y la contienda entre agencias gubernamentales. De un lado de la frontera lo ensalzan como el último gran barón de las drogas, atribuyéndole una fortuna mítica de 15 mil millones de dólares que jamás le van a demostrar en un tribunal. Del otro lado, la discusión pública se pierde en nimiedades procedimentales: si la nave despegó de una pista clandestina o si el piloto debió ser entregado a la justicia estadounidense. Nadie señala lo evidente: ninguna aeronave cruza el espacio aéreo nacional ni aterriza en la frontera de Nuevo México sin el conocimiento, la traza radar o la autorización táctica de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Geopolítica del despojo: Recursos, virreyes y la sombra de Trump
Detrás del mapa de la violencia homicida subyace una cartografía mucho más precisa: la de la riqueza mineral y la infraestructura extractiva. Los estados que hoy concentran los picos de letalidad o las crisis de gobernabilidad son los mismos que resguardan los insumos estratégicos para la transición tecnológica y la soberanía industrial del siglo XXI.
Zacatecas, Chihuahua y Guerrero articulan la columna vertebral de la producción de plata, oro, zinc, plomo y cobre, al tiempo que albergan yacimientos potenciales de litio y tierras raras en sus cuencas serranas.
En el primero de los territorios, la dinastía de David Monreal acumula expedientes por desvíos en el sector ganadero e inconsistencias patrimoniales, mientras la administración de Maru Campos en Chihuahua arrastra la sombra del expediente de la “nómina secreta” y la opaca adjudicación directa de la Torre Centinela. En el sur, el gobierno de Evelyn Salgado, quien gobierna Guerrero, opera bajo la injerencia directa del cacicazgo de su padre, Félix Salgado Macedonio, en una entidad donde las mineras canadienses conviven con la imposición de cuotas criminales a toda la cadena de suministros.
El patrón se repite en el Bajío y el Pacífico. Guanajuato, gobernado por la continuidad panista de Libia Dennise García, mantiene la impunidad de sus aparatos de procuración de justicia en el corazón del corredor industrial del país. Michoacán, con Alfredo Ramírez Bedolla, administra la bisagra logística de Lázaro Cárdenas, nodo por donde transita el hierro e insumos químicos esenciales para el comercio transpacífico. En Puebla, Alejandro Armenta —heredero de la vieja estructura del marinismo— asume la conducción de un estado con reservas clave de litio en la Sierra Norte, mientras que en Veracruz, Rocío Nahle enfrenta investigaciones patrimoniales y señalamientos por el multimillonario sobrecosto de la Refinería Dos Bocas, corazón de la infraestructura energética nacional.
Esta radiografía de debilidad institucional y corrupción en las gubernaturas locales encaja a la perfección en la agenda geopolítica de la administración de Donald Trump. Para la Casa Blanca, la fragilidad de los mandatarios estatales y la penetración delictiva son el ariete ideal para elevar la presión diplomática y económica sobre el Ejecutivo federal. Cada escándalo de impunidad regional y cada masacre sirve a Washington como justificación para amenazar con designaciones de grupos terroristas, imponer aranceles de castigo o exigir concesiones bilaterales en materia comercial y migratoria.
La estrategia apunta a minar el proyecto de Morena, identificándolo como el último bastión latinoamericano que sostiene un discurso de soberanía sobre sus recursos naturales en abierta contradicción con los intereses de las corporaciones estadounidenses.
La trampa de las estadísticas y el núcleo intacto
Con este escenario, la exhibición periódica de cifras a la baja en materia de homicidios resulta una respuesta insuficiente para detener la erosión del Estado. Los números oficiales pueden registrar días con mínimos históricos de violencia medible, pero la estadística no altera la realidad estructural de las comunidades. Mientras el núcleo del negocio criminal —el control del mercado de trabajo local, la extorsión a los sectores productivos, la captura de las tesorerías municipales y la impunidad de las élites políticas que permiten todo ello— permanezca intocado, los indicadores cuantitativos son un mero espejismo analítico.
El error de la estrategia oficial ha sido aceptar el terreno de juego impuesto desde el sexenio de Calderón: discutir la seguridad en términos de bajas, patrullajes y capturas mediáticas, dejando intactas las redes de protección política y financiera que hacen posible la reproducción de la violencia. La insistencia en reducir el conflicto a un simple choque entre bandas rivales neutraliza cualquier intento de auditar la responsabilidad de los gobernadores, de los magnates de la construcción o de los fondos de inversión que absorben las ganancias del despojo.
La perseverancia de la vieja narrativa del “Narcoestado” favorece a todos los actores del poder real. A los gobiernos locales les otorga la excusa perfecta para justificar su inoperancia; a la administración norteamericana le proporciona la herramienta de chantaje ideal para acorralar al gobierno mexicano; y a los poderes económicos les garantiza la continuidad de la extracción minera y energética en zonas en las que el terror social abarata los costos de la tierra y anula la resistencia comunitaria. Mientras no se desmonte este entramado de complicidades, los datos estadísticos seguirán siendo un consolador de cifras vacías, y la violencia continuará cumpliendo su función primordial: servir de garrote para el despojo y de pretexto para la subordinación geopolítica de la nación.
