Corrupción, mentira y cinismo: una mezcla perfecta para desaparecer y matar

 Ignacio Alvarado Álvarez

La espiral de violencia electoral no cesa. El martes 9, el candidato del PRI a la presidencia municipal de Amatenango del Valle, Chiapas, fue asesinado a tiros mientras esperaba la luz verde del semáforo. Bautista es hermano del actual alcalde, un cargo que él mismo ocupó de 2018 a 2021. En el extremo opuesto, Sinaloa, el secretario de organización del Partido Sinaloense (PAS), Luis Alonso García Corrales y su acompañante Juan Francisco Cerón Beltrán, fueron privados de su libertad. La dirigencia del partido dice que en el hecho participaron agentes de la policía estatal. El atentado ocurrió dos días antes de que iniciaran las campañas. Ante ello, PRI, PAN y PRD, además del PAS, anunciaron la suspensión de todo acto público, en demanda de seguridad y justicia.

La consecución de ataques ha dado al traste con el discurso oficial. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha debido aflojar un poco la cuerda que él mismo se ha encargado de tensar, insistiendo en que  el manejo informativo sobre la violencia tiene un carácter de propaganda negra y no de objetividad. En su conferencia matutina del lunes declaró que, de ser necesario, eliminará la burocracia del trámite para volver más expedito el apoyo de seguridad de candidatas y candidatos “Con esto no se puede titubear”, dijo. Pese a ello, el presidente está lejos de abrir las puertas a la crítica. Tanto él como la candidata Claudia Sheinbaum sostienen que la jornada electoral del 2 de junio no está amenazada por ningún grupo criminal y que existen garantías plenas a la ciudadanía para ejercer su derecho al voto libre. Pero los números que alimentan diariamente la estadística delictiva no es lo único que ensombrece las campañas. También lo hace la selección de varias candidaturas y el oportunismo del resto de los actores políticos.

En diciembre 20, un grupo de ex priistas dio a conocer la creación de una plataforma de apoyo a la candidatura de Sheinbaum. La llamaron Alianza Progresista. Entre sus creadores figuran los ex gobernadores de Estado de México y Oaxaca, Eruviel Ávila y Alejandro Murat. El caso de Ávila es quizá el más significativo, no solo por los ocres señalamientos hechos en su contra por López Obrador -que se cachorro de la mafia política no lo bajó- sino por su largo historial de supuestos actos de corrupción, no solo como mandatario estatal, sino como alcalde de Ecatepec. El dirigente de Morena, Mario Delgado, se refirió a esa y otras adhesiones de ex miembros del PRI y del PAN como parte de una estrategia para garantizar la mayoría calificada en el Congreso, el llamado Plan C.

Este lunes, Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, informó que tanto ellos como el PAN y el PRD han interpuesto demandas penales en contra de Ávila y del ex alcalde de Toluca, otro notable ex priista, Raymundo Martínez. Los tres partidos los acusan de peculado y desvío de recursos durante el ejercicio de sus gobiernos. Para el caso concreto del ex gobernador (sucesor de Enrique Peña Nieto), la malversación de fondos asciende a más de 1 mil 300 millones de pesos. Ese dinero pertenece a fondos federales de los que jamás demostró destino final. Moreno estuvo acompañado por Marko Cortés, el dirigente del PAN, y por Jesús Zambrano, del PRD. Es posible es que el peculado haya tenido lugar, pero en todo caso habría sucedido cuando Eruviel Ávila y Raymundo Martínez eran figuras destacadas del Nuevo PRI. Por otro lado, al dirigente del PAN lo anima un oportunismo tan común como corriente. Por él, dos figuras prominentes de Acción Nacional retornarán al país gracias al fuero que les dará pertenecer al próximo Congreso: Ricardo Anaya y José Francisco Cabeza de Vaca.

Anaya, ex dirigente nacional del PAN y candidato presidencial en 2018, puso tierra de por medio una vez que la Fiscalía General de la República anunció que abriría una investigación en su contra por lavado de dinero (2021), y posteriormente lo acusó de recibir un soborno por 6.8 millones de pesos para votar a favor de la Reforma Energética de Peña Nieto mientras fue diputado federal (2023). Junto con el propio Marko Cortés, Anaya encabeza la lista plurinominal al Senado. A su vez, García Cabeza de Vaca tiene asegurado un escaño en la Cámara de Diputados, por obra y gracia del mismo Marko Cortés. Sobre él pesa una orden de aprehensión por encabezar una supuesta red de lavado, efectuar operaciones con recursos de procedencia ilícita y por delincuencia organizada. El ex gobernador de Tamaulipas, pese a todo, volverá sin riesgo judicial. 

La política, quizá como nunca, se ha envilecido. El domingo, el antecesor de García Cabeza de Vaca, el recién excarcelado Eugenio Hernández, estuvo de gira por Xicoténcatl, al sur de Tamaulipas, en su condición de candidato al Senado del Partido Verde. Alguien en un mercado le prestó un machete para que partiera una cabeza de vaca, con la que se prepara la barbacoa en el norte del país. “¡¿Qué es esto?!”, se le escucha preguntar a Hernández en un video que corre por internet. “¡Es cabeza de Vaca!”, le responden. Entonces atiza un par de machetazos a la cabeza del animal.

La relación entre lo corrupto y lo criminal, tiene todo que ver con la violencia electoral. Puede que una custodia personal a las candidatas y candidatos prevenga nuevos ataques. Pero es difícil confiar en que habrá un ejercicio democrático pleno, exento de coerción y con “cero impunidad” cuando -como ha sucedido en Sinaloa con el coordinador del PAS- quienes lo secuestran son aquellos llamados a proteger su integridad.