Armas, corrupción y doble moral: Desapariciones y feminicidios en Nuevo León

Texto: Ignacio Alvarado Álvarez. Link original. 

Fotos: Cuartoscuro y Obed Campos

MONTERREY, NUEVO LEÓN.-La noche en la que fue hallado el cuerpo de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa había un país pendiente de su destino. La joven de 18 años llevaba 12 días desaparecida, después de haber asistido a una fiesta privada que se celebró en una quinta próxima al hotel Nueva Castilla, en cuyo conjunto de cisternas fue finalmente localizada el 21 de abril. Antes de su muerte, sin embargo, la desaparición de cientos de mujeres –la mayoría menores de edad– había impactado la estadística que registra Nuevo León, mayor a la media nacional, y revelado una alerta que grupos de feministas y académicas activaron cuatro años atrás, sin que las autoridades acusaran de recibo.

Se trata de un registro ligado a otro igualmente crítico, el del feminicidio. El gran cúmulo radica en el Área Metropolitana de Monterrey, donde reside 95 por ciento de la población. La línea ascendente de casos tiene comienzo en 2015 y alcanza un pico en 2018, año en el que casi empareja la cifra de homicidio de varones, hasta entonces abrumadoramente mayor. Durante medio siglo, las mujeres vivieron aquí en un entorno ausente de acecho criminal. El cambio de esa realidad coincide con la ramificación de la violencia que dispara la militarización de la seguridad pública en 2010, el auge del supuesto combate a las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en la región.

“Se nos olvida lo que significó armar, responder de forma armada, a lo que se consideró un reto, que es el narcotráfico o delincuencia organizada”, dice Séverine Durin, profesora-investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) de Monterrey.

Durin, quien ha documentado los últimos 20 años las causas detrás de las violencias en Nuevo León, no tiene dudas al exponer sus conclusiones:

Estamos ante una práctica que se masificó. Es una práctica que te permite sostenerte en la impunidad y entonces se transformaron los perpetradores y también las personas que son víctimas de desaparición. […] Se transformó el tipo de violencias ejercidas hacia las mujeres. Es decir, con la estrategia militarizada, México se volvió un país armado. Tenemos un país altamente armado y eso tiene consecuencias muy puntuales. Es muy distinto cuando [cita como ejemplo], en el contexto que fuese ejercida una violencia en el ámbito de la pareja, había gritos, jaloneos, pero no amagues con un arma [como ocurre hoy]”.

La estrategia de combate proclamada a finales de 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, alcanzó a Nuevo León tres años más tarde. Para entonces, el despliegue de fuerzas armadas tenía un solo indicador en aquellas entidades que la antecedieron: el extraordinario registro de homicidios, desaparición y tortura, tanto de hombres como de mujeres. Entre 2010 y 2011, Nuevo León sobrepasó por primera vez la cifra de 2 mil 500 asesinatos. Esos números decrecieron de forma gradual conforme fueron retirándose militares y marinos, aunque se mantienen muy por encima de los años previos. El daño social es tan profundo como silencioso. O lo era hasta hoy.

El hotel Nueva Castilla se ubica a un lado de la carretera que conecta Monterrey con Nuevo Laredo, en el municipio de Escobedo. En un mismo trazo lineal, no mayor a cuatro kilómetros, se encuentran una base militar y las sedes de Fuerza Civil, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República. Al lado y detrás de ellas, operan bodegas y patios de camiones de carga comercial y quintas, casas dotadas de amplios jardines que en años recientes se popularizaron para celebrar fiestas privadas. De una de ellas salió Debanhi Escobar la madrugada del 9 de abril. Su muerte, a la fecha, sigue envuelta por el misterio y la duda, no solo por el marco del poder institucional que existe ahí, sino porque es una zona con fuerte presencia de células criminales.

“Hay una mezcla de un tejido –yo no diría tejido–, pero es social, un tejido muy especial”, expresa Aldo Fasci, secretario de Seguridad Pública de Nuevo León. “Esta es la realidad de la construcción de nuestras ciudades, no solo en México sino en todo Latinoamérica. La riqueza es vecina de la pobreza más extrema, los divide una calle. Se construyen instalaciones de seguridad para tratar de balancear… En ese marco sucedió esto [la desaparición y muerte de Debanhi] y ni siquiera sabemos qué pasó.

Tenemos una mezcla -y voy a hablar aquí de lo que dice el presidente- del conservadurismo y el liberalismo, y hay un choque evidente. Pero también hay liberales y conservadores de doble moral que se mezclan en el libertinaje, en las drogas, en el alcohol, en el sexo, donde se mezclan todo tipo de relaciones sin importar ninguna división de ningún tipo».

“Existe –añade Fasci–, la polarización, pero aquí lo único que no nos divide es lo ilegal: todos los tráficos ilegales, todas las ventas ilegales, todo el comercio de cosas ilegales. Porque hay que reconocer que para que haya venta de droga es porque alguien la compra. Para que haya tráfico de órganos, es porque alguien lo compra. Para que haya tráfico de menores, tráfico sexual, es porque alguien compra ese servicio”.

Pese a lo dicho, el funcionario ha cosechado críticas de grupos feministas por insistir en que las desapariciones y feminicidios que registra el estado, no son diferentes a los del resto del país.

“Aquí todos los casos de muerte violenta de mujeres se investigan como feminicidio- argumenta Fasci. Si los otros estados no lo hacen, eso nos pone en una situación peor respecto a los demás, pero no es nuestro problema. […] Al margen de que nos encontremos en una mala posición nacional, es como pensamos que deben tratarse las cosas. Toda esta suma de lo real, más cómo manejamos los registros, nos crea este punto de percepción. Aquí, cualquier persona no localizada, perdida, se da de alta como desaparecida porque se activan las alertas. Entonces apareceremos con números monstruosos”.

El arte de la simulación

En marzo de 2019, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, hizo pública la adquisición de una aeronave no tripulada. El dron de 54 millones de pesos, dotado con dispositivos que permiten ubicar e interceptar objetivos criminales sin ser detectado, se entregó a Fuerza Civil, el cuerpo estatal de seguridad. Rodríguez, hoy preso por supuesto desvío de recursos públicos, presumió la adquisición como una más de las herramientas dispuestas para reducir los índices delictivos. Adicionalmente, el ex gobernador había elevado el número de cámaras de vigilancia operadas por el estado, de 560 a 835. En teoría, el Área Metropolitana de casi seis millones de habitantes, era una de las más vigiladas del país.

Al equipo táctico del Bronco se sumaban cuatro mil cámaras dispuestas para el municipio de Monterrey. Pero la racha de asesinatos se mantuvo creciente, con más de 3 mil 350 desde entonces, lo mismo que la desaparición extraordinaria de niñas y niños adolescentes, además de mujeres, en su mayoría menores de 24 años. Una evaluación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública concluyó en 2020 que de las 835 cámaras de vigilancia operadas por el estado, sólo 306 eran funcionales, y a los pocos días de tomar posesión el nuevo alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, informó que de los cuatro mil sistemas de videovigilancia adquiridos por su antecesor, dos mil estaban inservibles.

“Todos los días en Nuevo León hay personas ejecutadas. Tienen una forma de hacerse: personas que llegan en un auto, tumban una puerta, matan a uno o matan a dos, huyen y se acabó. No son riñas, no son pleitos entre vecinos. Son ataques directos”, dice Enrique Barrios, ex diputado local y ex Secretario de Vialidad y Tránsito de Monterrey, un cargo que ocupó una década atrás y que le valió ser secuestrado por una célula criminal.

Es verdad que ya no hay tantos colgados en los puentes-prosigue. Es cierto que ya no hay personas desmembradas que se arrojan en la vía pública, ni se bloquean avenidas con vehículos incendiados. Pero lo que es totalmente vigente, es que todos los días asesinan a tres o cuatro personas. Tenemos una paz libre de enfrentamientos, pero no de violencia. El estado está lleno de drogas y de armas. Eso todos lo sabemos, pero hemos decidido voltear la cara hacia otro lado por una cuestión de imagen. Y ese es el contexto que explica la desaparición y la muerte de cientos de muchachas y de niñas”.

La instalación de cámaras de vigilancia coincide con la particularidad de esa paz descrita por Barrios. Desde entonces, en los municipios conurbados dejaron de verse “halcones”, esa suerte de vigilantes empleados por grupos criminales que solían merodear sin gran disimulo. En cambio, los robos a mano armada, los homicidios y feminicidios, las desapariciones de niñas, niños y mujeres mantienen un ritmo imbatible sin que ninguno de los dispositivos de videovigilancia haya capturado una sola de ellas. A menos que la misma autoridad oculte evidencia.

“Es como si nada sucediera. Por eso estamos valorando irnos a [manifestar] a los diferentes municipios, también”, dice Claudia Muñiz, integrante de la Asamblea Feminista y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León [Fundenl], nacida justo en el hervor de la estrategia federal anticrimen de 2011.

“El alcalde de Escobedo [Andrés Mijes Llovera] por ejemplo, ofreció una declaración que da pena ajena. Ese discurso de ‘Aquí vamos a cuidar a las mujeres, esto no se vuelve a repetir…’ Está bien lo de la No repetición, pero debes hablar de lo que realmente pasó: ¿Qué está haciendo tu policía?”.

Afluentes de terror

Sabinas Hidalgo es el último poblado de importancia que existe al norte de la carretera 85, la ruta federal que conecta a Monterrey con Nuevo Laredo. Es un pueblo de 35 mil habitantes con casas de una sola planta, que vive de la crianza de ganado y el cultivo de sandía y algunos cereales. En su extremo surponiente opera el parque La Turbina, concebido para atraer turismo regional, algo que no ha ocurrido del todo. En esa ruta han desaparecido más de 300 personas en poco más de un año, y entre agosto y octubre de 2021 la secuencia de 11 mujeres llevadas por la fuerza terminó por convertir al municipio en uno de los agujeros negros que se han abierto en Nuevo León.

En caso de las 11 desaparecidas de Sabinas puso en acción inmediata a la Asamblea Feminista donde milita Muñiz. El perfil de las víctimas dejó en claro que no fue coincidencia sino un conjunto de  operaciones criminales vinculadas entre sí. Se trataba de mujeres con edades entre 18 y 23 años, la mayoría amigas o conocidas. Los cuerpos sin vida de algunas de ellas fueron localizados en diciembre y enero pasados, al lado de la ruta 85. Al resto se le sigue buscando.

“En marzo de 2021 comienza una escalada horrible de desapariciones en esa carretera, más de 300. Ahí podemos ver que son hombres, mujeres, familias enteras-cuenta la activista. Las familias nos mandaban sus casos y los subíamos en redes. Comenzamos a denunciar lo que estaba sucediendo, pero siguió escalando hasta que llega el mes de agosto y nos llegan los casos de estas chicas”.

Se manifestaron entonces frente a la Fiscalía. La idea, dice Muñiz, era atraer la atención de los medios masivos porque la lejanía del poblado lo mantiene fuera del ojo público.

“No creas que hubo interés de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Si se le está dando seguimiento es porque seguimos presionando”, cuenta.

Existe un problema desde hace muchos años en cuanto a desaparición de personas. Pero el año pasado comienza este repunte de desaparición de mujeres y así llegamos a 2022 y ocurren estos casos, primero el de María Fernanda Contreras. El caso logró un boom mediático, pero llega el de Debanhi Escobar y estalla todo. Sentimos entonces que ahí es cuando la Fiscalía decide hacer como que trabaja y simula una investigación. Y a final de cuentas, vemos cuál fue el resultado”.

En 2011, cuando se creó Fundenl, el grueso de víctimas de desaparición eran varones, varios de ellos, agentes de policía. Solo en dos de cada 10 casos se tenía reporte de una mujer. Fundenl es una réplica de Fundec, el colectivo nacido en diciembre de 2009 en Saltillo, Coahuila, 86 kilómetros al poniente de Monterrey. Lo que guardaba una desproporción mayúscula eran las tablas comparativas entre homicidio de hombres y mujeres. Para exponerlo mejor, en junio de 2021, Verificado elaboró una gráfica con datos del Inegi, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Hasta 2016, la brecha que separaba el feminicidio del asesinato de hombres era abismal, pero fue cerrándose hasta que entre 2018 y 2019 estuvo casi a la par.

Séverine Durin, la investigadora del Ciesas, no tiene una explicación precisa de lo que detona ese indicador casi al mismo tiempo que el de las desapariciones que ocurre con las niñas, niños, adolescentes y mujeres jóvenes, el terrorífico afluente abierto en Nuevo León. Le queda claro, eso sí, que no obedece a un registro a destajo de las violencias, como alude el secretario de seguridad.

“Ocurre algo; y es solo una hipótesis lo que te voy a decir. Se crea el Grupo Especializado en Búsqueda Inmediata, y hay que entender quiénes son los actores a cargo de la búsqueda, de investigación, que es Fiscalía. Dentro de la Fiscalía está la Agencia Estatal de Investigaciones, que es la Policía Ministerial y dentro hay este otro grupo especializado que tiene a un comandante al frente con Ministerios Públicos. Entonces, son ellos que concentran realmente la investigación desde los primeros momentos para saber qué está pasando con esas personas desaparecidas”.

Durin describe un monopolio al que se suma la Comisión Local de Búsqueda en 2018 que, contrario a la lógica, coincide con el alza del fenómeno.

Hace un año la investigadora publicó uno de sus varios textos académicos que analizan la crisis. La desaparición de niñas y adolescentes en Nuevo León tiene sexo y causal principal: la trata para fines de explotación sexual. En él expone números que debieron llamar la atención de cualquier autoridad. Por ejemplo, la creciente desaparición de menores de entre 10 y 17 años y el aumento en un 80 por ciento de averiguaciones previas por sospecha de trata de personas. Todo a la vez. En una década, contada a partir de 2012, la entidad tiene registro de seis mil personas desaparecidas [mil 700 son mujeres]. Desde entonces solo se han dictado tres sentencias por ese delito, dos de las cuales fueron absolutorias. La impunidad es total.

De 2018 a 2022, la estadística nacional de mujeres y hombres desaparecidos se mantuvo sin alteraciones notables. No significa que el delito decrece, solo que mantiene un porcentaje estandarizado. Lo destacable es que Nuevo León despunta por el porcentaje de mujeres incluidas en el conteo institucional. Primero en el registro mayor, que abarca de 2000 a 2022 [23.90 la media nacional por 28.72 en el estado] y luego en el más concreto, de 2018 a 2022 [24.87 nacional por 32.56 estatal]. La tabla fue elaborada por Séverine Durin con los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Una sociedad altamente armada y con códigos de impunidad en completo arraigo, forman el maridaje que explica buena parte de lo que sucede. Pero la investigadora del Ciesas enfocó su trabajo más reciente en coordinar un conjunto de investigaciones que arrojan luz sobre un fenómeno más atroz, el que toca a la población menor de edad. Se trata del libro, aún en proceso de impresión “Infancias amputadas, adolescencias en riesgo. Militarización y violencias en el noroeste de México”. Los números que se rescatan en él, indican por ejemplo que Monterrey es el municipio con mayor proporción en casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, con tres por cada 10 mil habitantes. Eso es el doble que el resto que compone el Área Metropolitana.

En su análisis, Durin apunta a las fallas del sistema en general. Nuevo León es una réplica exacta de lo que sucede en el país, en donde fallan los tres poderes que conforman el Estado. No hay investigación ni sentencias condenatorias y tampoco se llama a rendición de cuentas en el Congreso, que en la entidad está dominado por el PRI y el PAN. En una de las gráficas que contiene el libro que coordina, figura la del comparativo de casos de menores desaparecidos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Entre 2015 y 2017 los casos guardan similitud, pero el repunte aquí es extraordinario a partir de 2018, cuando se dispara hasta 80 por ciento por encima de los estados vecinos.

“¿Cómo es que se emprendió la militarización de la seguridad pública? ¿Por qué? Bueno, pues en el contexto postelectoral complicado y la intromisión de los Estados Unidos en la implementación de esa política. El objetivo en sí no estaba mal: la lucha en contra de la delincuencia organizada. El problema es el cómo se decidió hacerlo: No por la vía de la justicia, sino por la vía de las armas” –reflexiona Durin–. “Hay un problema enorme. No hay apuesta por la justicia. No hay apuesta por desmantelar la delincuencia organizada en México. ¿Qué es la delincuencia organizada? Esto funciona siempre con la participación de funcionarios públicos y no hay ninguna política en México de lucha contra esa delincuencia organizada”.

La dama inmutable y el gobernador

Temprano, el mismo día que fue localizado el cuerpo de Debanhi Escobar, un grupo de feministas y activistas por los derechos de la mujer sostuvieron un encuentro con el gobernador Samuel García, su esposa Mariana Rodríguez y parte del primer círculo del gabinete estatal. Entregaron un pliego petitorio al gobernador con el que buscaban evitar el nivel represivo que sufrieron durante la marcha del 10 de abril a manos de agentes policíacos. García y su esposa salían de un encuentro de dos horas con los padres de Debanhi Escobar. El gobernador, sobre todo, lucía fastidiado.

“Estaba muy incómodo, muy muy incómodo. Se le veía la cara así como No, no quiero estar aquí. Muy grosero al principio de la reunión”, cuenta de ese momento inicial Paola González, del colectivo ¡Ya Basta Nuevo León! Pero la actitud de Samuel García pasó a segundo término al momento en el que habló su esposa.

De pronto habla Mariana y nos dice: ‘Es que yo necesito que me conmuevan. Yo necesito, o sea, yo me quiero sumar a su lucha pero necesito que me conmuevan, porque a mí necesitan conmoverme. Yo me puedo sumar… Claro, estaba esta intención de, si me llaman, entro, pero no me están conmoviendo. Y además de esto siempre me están, o sea, siempre me están atacando y yo soy, o sea, y yo quiero estar con ustedes, pero necesito que me conmuevan…’. Fue una cuestión muy, muy brutal para las que estábamos ahí, porque además habían salido ellos dos de estar con los papás de Debanhi; ¿y no estaba conmovida?”.

Para González, aquella es una escena que sintetiza bien la falta de empatía y comprensión de lo que pasa, no tanto con la esposa, sino con el gobernador y su gabinete. Desde ellos emerge una idea que, en principio, busca minimizar la profunda crisis social bajo el impulso de una narrativa institucional que, o no se sostiene con hechos reales, o revictimiza y descalifica la evidencia que aportan asociaciones y colectivos feministas apoyadas en los propios registros oficiales.

“Es una narrativa que no se justifica, que ya no es válida”, dice Ivonne Bustos, la secretaria ejecutiva del Instituto Estatal de la Mujer.

“Hemos visto cómo se ha ido incrementando este tema de desapariciones relacionados con redes de trata, con redes de tráfico de órganos. Y no, aquí simplemente  seguimos culpando a la manera en cómo se hace o cómo se establece, cómo se debe hacer la contabilización de cada delito y no al tratamiento independiente de un fenómeno terrible. Lo que la gente ha expuesto, de acuerdo con base en todo lo que ha sucedido, es este incremento tan alarmante en temas de desapariciones”.

La posición de Bustos, una internacionalista con especialidad en temas como el derecho de la mujer y desarrollo urbano, es otra cuerda que revienta dentro de un gobierno que simuló interesarse en los casos  de desaparición y feminicidio. En la entrevista, Bustos anticipó su renuncia al IEMujeres ante lo que ella misma considera una farsa institucional. Previamente, Alicia Leal, fundadora de Alternativas Pacíficas, una asociación civil que atiende a mujeres violentadas, dimitió por causas similares como titular de la Secretaría de la Mujer.

“Tenemos casos como el de Sabinas Hidalgo en donde diez mujeres desaparecen en un solo episodio. Y, ¿qué pasó? Nada. Ahí la justificante [de las autoridades] es que a lo mejor estaban relacionadas con el crimen”, prosigue Bustos. Y agrega:

En la zona metropolitana las cosas no son diferentes. Hemos visto todas estas desapariciones cada mes, cada año y van pasando los años, los meses y los días sin que pase nada. El gobierno simplemente parece que lo ve desde otra perspectiva que no empatiza con el de las familias de las víctimas. Y mientras no lleguemos a esa comunión de ideas, vamos a seguir con el problema a la alza”.

En el fondo de esa discrepancia, dice Bárbara González de Mujeres+Mujeres, yace la frivolidad. “Para el gobierno esto es un problema de imagen, por eso responden de esa manera automática, ese discurso de ‘Aquí sí contamos bien’. Fijar esta idea de que no se sepa, que no se hable de esta crisis. ¿Quiénes y cómo se decide que este es un tema importante? ¿En qué momento esto trasciende y escala a estos niveles? Es hasta los casos de María Fernanda [Contreras] y Debanhi [Escobar] que esto se convierte en un tema importante en Nuevo León. Por eso es importante también ver quiénes o cuáles son las fuerzas que pretenden mantener esto como algo que no tiene relevancia. Y por qué”.

La teoría del gansito

El último día de marzo, un padre se aproximó a la escuela preparatoria donde estudia su hija, en Juárez, uno de los municipios del área metropolitana. Solía esperarla diariamente a unos 300 metros de distancia, en un parador de autobuses, para evitar avergonzarla. Nunca llegó. La Fiscalía registró su desaparición a las 13:30 horas y fijó tres líneas de investigación que tenían como escenario igual número de colonias. Ninguna convenció a los padres de la menor. La familia entera se puso a buscarla en donde las autoridades no lo hicieron. La hallaron deambulando por las calles mes y medio después, a mediados de mayo. Llevaba puesto el uniforme escolar, sucio. Ella en estado de shock, ultrajada.

La zona donde se localizó a la menor es la misma en la que, el 9 de mayo, se halló el cuerpo sin vida de Yolanda Martínez. La joven de 26 años desapareció el mismo 31 de marzo. La mañana de ese día fue a visitar a su abuela, que vive en el municipio de San Nicolás de los Garza. Lo último que se supo es que bajó en el mismo parador de autobuses cercano a la escuela preparatoria, alrededor de las 13:00 horas. El cuerpo de Yolanda había entrado en descomposición. A un lado, las autoridades rescataron un vaso de unicel, impecable a pesar de las lluvias, la maleza y basura del baldío. Los fiscales dicen que en él escribió un mensaje antes de quitarse la vida.

El caso de Yolanda ofrece un retrato de la época criminal. Al menos es lo que piensa Claudia Muñiz, de la Asamblea Feminista y el Fudenl. Para ella y el resto de sus compañeras es clara la intención de manipular a la opinión pública y ofrecer, como en el caso de Debanhi, el resultado de una necropsia poco creíble enmarcada por narrativas estigmatizantes. Por eso han solicitado que se realice una segunda necropsia, esta vez de manera independiente.

“Existe también desde hace años una presión de las autoridades para que se incineren los restos de las mujeres y hombres hallados”, dice la activista.

Nos pasó con nuestra compañera Brenda Damaris. Le entregan los restos de su hija, parte de ellos, en una bolsa de basura y le pidieron cremarlos. Por fortuna consultó con el grupo y le dijimos que no. Un años después se exhumaron los restos para confirmar que en realidad se trataba de Brenda [2012]. Las autoridades siguen sin credibilidad, pero las familias ya no necesitan atravesar por todo eso. Saben ahora que existen otras formas de emprender el camino de búsqueda y de identificación”.

Armas, corrupción y doble moral envuelven el propósito de justicia que exigen los deudos. Pero en lo profundo del sistema y de la sociedad puede hallarse algo que arroje claridad o que ayude a la comprensión de uno de los fundamentos que animan la criminalidad y la violencia. Al menos es lo que piensa Aldo Fasci, el Secretario de Seguridad Pública. Para explicarlo, pone como ejemplo la comisión de un delito común, menor.

“En el robo a comercio. Llega alguien y se lleva unos gansitos. Si no le ponemos atención a ese delincuente que se llevó los gansitos, al rato se va a llevar una caja y al rato la caja, pero con efectivo. Y luego va a llegar con un arma porque no lo detuvimos a tiempo. Pero detenerlo por unos gansitos no es meterlo a la cárcel, es cambiarle sus condiciones-dice Fasci. Y ahí hay impunidad, con los gansitos. Existe porque no lo detuvimos, pero detenerlo no necesariamente debe implicar cárcel. La misma constitución y sistema acusatorio te impide que haya cárcel para todos. De hecho, es la última ventana. Prisión oficiosa, es para estos y lo demás es valoración individual. Ahora, los penales del país están a reventar. Y qué sucede en la mente. Esto es percepción. Acuérdate que la percepción es realidad, en esa mezcla entre números, casos no resueltos, resueltos, no se siente que haya justicia. Tenemos una mezcla muy nociva, muy dañina porque la gente se queda con el No hubo justicia”.

Más allá de la teoría, radica la ausencia real de prevención, de investigación y de resolución del delito, señala Enrique Barrios, el ex titular de Vialidad y Tránsito que fue víctima de secuestro.

“¿Por qué se pierde una persona dentro de un municipio? Porque no hay policía. Si va caminando una muchacha, pasa un carro y se la lleva, puede salir del estado y nadie se lo impide. [Las autoridades] se llenan la boca diciendo que hay seguridad, protección, lo cual es falso. Nunca he sabido de un policía que detenga a un secuestrador o que lleve a una muchacha. Desaparecen pero nadie ve. Eso pasa en una ciudad de este tamaño, con esta fuerza económica. […] La palabra clave es el engaño”.