Sinaloa: Recursos, Control y la Nueva Doctrina de Seguridad

Ignacio Alvarado Álvarez

Los hechos ocurridos esta semana en El Salado, Sinaloa, donde un enfrentamiento dejó once personas muertas y la retención de una de las hijas de Ismael Zambada, no deben ser leídos como un evento aislado de la dinámica criminal mexicana. Este suceso, que se suma a la caída de figuras como Nemesio Oseguera en Jalisco, revela una reconfiguración forzada del mapa delictivo que no responde únicamente a la inercia interna de los grupos en pugna, sino a una presión externa que ha transformado la seguridad pública en una herramienta de alta política internacional. La tesis central que une estos puntos es que la violencia en territorio mexicano está siendo utilizada por Washington como el catalizador de una estrategia de seguridad nacional que busca asegurar el suministro de recursos estratégicos y desplazar la influencia de China en el continente, utilizando a un mismo tiempo la renegociación del T-MEC como el mecanismo de coacción definitiva.

Para comprender este diseño geopolítico, es necesario analizar primero la gestión del actual gobierno mexicano en materia de combate al crimen. Se ha mantenido una operatividad que, en términos de detenciones y desarticulación de nodos logísticos, ha superado en diversos indicadores a administraciones pasadas. Sin embargo, este esfuerzo no ha logrado reducir la presión política desde Estados Unidos. La razón de esta insaciabilidad radica en que el objetivo de Washington no es la erradicación del tráfico de sustancias per se, sino la construcción de una narrativa de amenaza que justifique una intervención más profunda en la soberanía mexicana.

Al colocar a los cárteles como el eje de una estrategia hemisférica, Estados Unidos replica con precisión quirúrgica el modelo utilizado en Oriente Medio a principios de siglo. En aquel entonces, la etiqueta de “terrorismo” permitió a Washington saltarse la soberanía de naciones enteras para asegurar el flujo petrolero y rediseñar mapas políticos bajo la bandera de la seguridad global. Hoy, la mutación hacia el concepto de “narcoterrorismo” cumple la misma función: otorga una licencia moral y jurídica para que el vecino del norte proyecte su fuerza militar y tecnológica sobre México, no para detener el consumo de drogas en sus calles, sino para vigilar los territorios donde se encuentran los activos del futuro. Si en Irak el argumento fue la “democracia” y el fin del terror, en México es la “guerra contra los cárteles”. En ambos casos, el trasfondo es la administración de la energía y los minerales.

Detrás de este velo de seguridad subyace una realidad económica pragmática. América Latina posee reservas críticas para la transición tecnológica. El litio, las tierras raras y el cobre son hoy los activos que definen la autonomía de las potencias en la carrera por los semiconductores y la movilidad eléctrica. Esto sin olvidar, desde luego, el petróleo y el gas. México, por su geografía y su riqueza mineral, es visto por la administración de Donald Trump como un suministrador de seguridad nacional que no puede quedar en manos de la influencia china. La narrativa radical contra los grupos criminales sirve por lo tanto para justificar una actualización de la Doctrina Monroe, donde el hemisferio occidental queda blindado ante la presencia de capitales y tecnologías de Pekín. El control de las zonas donde estos recursos se encuentran —muchas veces coincidentes con territorios de alta presencia criminal— se vuelve una prioridad para el capital transnacional que requiere estabilidad garantizada por estándares estadounidenses.

Este escenario se manifiesta con mayor agresividad en el concepto del “Escudo de las Américas”. Bajo esta lógica de seguridad, la soberanía de la región se vuelve “compartida” o, más bien, tutelada. Esto implica que México —así no forme parte de ese pacto— debe aceptar condiciones de vigilancia, intercambio de inteligencia y presencia de agencias externas que vulneran la toma de decisiones soberanas.      Los escenarios previsibles incluyen una narrativa que vincule directamente la actividad delictiva con potencias extranjeras rivales de Estados Unidos, creando un escenario de “guerra fría” regional. En este esquema, cualquier brote de violencia interna será (y es) aprovechado mediáticamente para exigir concesiones o supervisión en el manejo de aduanas, puertos y la explotación de recursos naturales, presentando la intervención extranjera como la única solución al caos.

Esta presión encuentra su punto de ejecución real en la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Washington ha transformado este acuerdo comercial en un instrumento de alineación geopolítica obligatoria. La revisión, que ha iniciado una primera etapa formal este marzo, no se centrará únicamente en aranceles, sino en cláusulas de “seguridad estratégica” que obliguen a México a adoptar posturas restrictivas frente a las inversiones de China. Se utiliza la fragilidad de la seguridad interna para debilitar la posición negociadora de México: el mensaje es que la permanencia en el mercado más lucrativo del mundo tiene como precio la entrega del control territorial y la subordinación de la política minera a las necesidades de defensa de Estados Unidos.

La condición geográfica de México coloca al país en una situación de vulnerabilidad estratégica. Esto nunca sobra recordarlo. Al ser el principal socio comercial de Estados Unidos y poseer los minerales necesarios para que el bloque norteamericano compita contra la hegemonía china, el país se ha vuelto el epicentro de una disputa que sobrepasa por mucho el ámbito de la justicia criminal. La violencia en El Salado es, en este sentido, un síntoma de una fricción mayor: la de una nación que intenta mantener su autonomía mientras una potencia vecina redefine las reglas del juego hemisférico basándose en la seguridad militarizada y la extracción de recursos.

Finalmente, es imperativo entender que la pacificación de México no vendrá de una mayor intervención externa ni de la simple caída de capos criminales, sino de la capacidad del Estado para desarticular la narrativa que utiliza el caos interno como moneda de cambio. Algo que de momento se antoja imposible. Mientras la opinión pública permanezca colonizada por la idea de una guerra simplista entre “buenos y malos”, fascinada por la narrativa de grandes capos y “poderosos cárteles” no podrá ver que el verdadero botín son las tierras raras y el litio. El desafío para México es evitar que su riqueza geológica y su posición estratégica se conviertan en su mayor condena en este nuevo orden mundial, donde los cárteles son solo el pretexto para un nuevo tipo de intervencionismo extractivista.