¿Qué pasa cuando se confronta a una empresa minera?

Ignacio Alvarado Álvarez

El 8 de mayo la colectiva ¡Cambiémosla Ya! Emitió un comunicado para recordar que existe una ley minera vigente desde exactamente un año antes, inaplicable ante el alud de amparos promovidos por las principales empresas, que hoy se encuentran bajo revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La colectiva, compuesta por académicas y ambientalistas de renombre, interpelan directamente a los ministros, así como a las y el candidato presidenciales. Básicamente les pide no retornar a las condiciones establecidas por el marco jurídico de 1992, a partir del cual la industria ha dañado profundamente ecosistemas y poblaciones enteras, un compromiso al que ninguna de las figuras públicas ha dado respuesta.

Las razones pueden ser varias e inclusive válidas. Lo cierto es que en los hechos las grandes industrias mineras enfrentan juicios por despojo, daño ambiental y acciones violentas. En buena parte de esos juicios se ha documentado la corrupción enorme que existe en áreas de gobierno como la Comisión Nacional del Agua o la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por citar solo dos. “La corrupción es mucho mayor. Al congreso y al gobierno les vale pura chingada. Así que ni se tienen finanzas sanas ni justicia social. Por eso estamos jodidos”, me dice Mario Valdés Lomas, uno de los líderes del ejido Tenochtitlán, en Ocampo, Coahuila.

El grupo de campesinos del que forma parte Valdés lleva años en disputa legal con la industria minera. Entre 1978 y 2009 lo hicieron en contra de Grupo Peñoles, y de entonces a la fecha mantienen la lucha en tribunales con la canadiense First Majestic Silver Corp. La historia de los conflictos tiene expresiones casi idénticas en cualquier entidad donde opera la industria en su conjunto.

En 1973, un decreto presidencial concedió el título de propiedad sobre un polígono de 10 mil 100 hectáreas a un grupo de 36 campesinos del municipio de Ocampo. Llamaron al ejido Tenochtitlán. Lo que desconocían tanto campesinos como autoridades era que esa tierra contiene el segundo yacimiento de plata del país. Peñoles maniobró para hacerse de mil 300 hectáreas e iniciar la explotación en 1978. Los ejidatarios sostienen que la adquisición de esas tierras se hizo fuera de todo marco legal. Como sea, en 1980 el polígono de los campesinos quedaría reducido formalmente a 8 mil 765 hectáreas.

Las batallas legales en contra de las mineras suelen extenderse de manera casi infinita, debido en parte a la incansable labor de sus asesores jurídicos. Así, por ejemplo, en 2004 Grupo Peñoles buscó que el Tribunal Agrario de Torreón invalidara los planos originales que le confieren la propiedad de las 10 mil 100 hectáreas a los campesinos. El tribunal rehazó tal solicitud. Ante ello, cinco años más tarde, en 2009, Peñoles ofrecería a los campesinos un polígono de mil 300 hectáreas en compensación. Pero ni la maniobra fue legal, dice el ejido, ni tampoco se trataba de tierras fértiles. Es probable, sin embargo, que se haya tratado más que nada de una operación estratégica, porque ese mismo año Peñoles vendió la mina a la canadiense First Majestic.

No es que tuvieran muchas esperanzas con el cambio de propietario, pero los campesinos buscaron el diálogo. Nunca fueron atendidos y, en un gesto que creyeron conveniente, bloquearon el único acceso terrestre, un camino de terracería que atraviesa parte del ejido. La respuesta de la minera fue contundente. Llamaron a las oficinas del gobierno del estado y desde ahí se giró la instrucción de desalojar a los ejidatarios. Los agentes estatales enviados procedieron con violencia. Golpearon y privaron de la libertad a varios de ellos, todos adultos mayores de 60 años. El acto fue reseñado por la periodista Kowanin Silva en “La historia de los 14 viejitos”.

First Majestic es una de las mineras que mayores estragos socioambientales ha provocado en México en la última década, de acuerdo con la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema). A la empresa se le acusa también de ser una de las grandes evasoras de impuestos, con una deuda acumulada de 500 millones de dólares.

De vuelta al ejido Tenochtitlán, el volumen de extracción mensual ronda las 200 mil onzas, lo que convierte a la mina como la segunda más productiva en plata. “Hay mucho dinero y mucha corrupción”, me repite Mario Valdés. El ejido logró un fallo favorable hace tres años, pero no se ha dictado sentencia. La sentencia obliga a regresar la tierra o a pagar lo que se exige por los años de explotación. Los campesinos creen firmemente que en el gran entramado de corrupción se hallaba la anterior titular del Tribunal Superior Agrario, Maribel Concepción Méndez de Lara, quien terminó gestiones en diciembre pasado. Este mes pretenden reunirse con Larisa Ortiz Quintero, la nueva magistrada presidenta.

“Lo que buscamos es justicia, nada más”, dice Valdés. Hace tres años la empresa quiso pagar medio millón de pesos a cada ejidatario a cambio de quedarse con el polígono. “Una cantidad ridícula y que nos agravia”, me cuenta el campesino. Las aguas que descarga la mina, con altas dosis de cianuro y de plomo, hacen imposible el pastoreo y el cultivo. Hace una década, los ejidatarios pedían una compensación de 1.5 millones para cada uno, así como el pago de una renta mensual por el uso del territorio. La minera les dijo que no. En la antesala de la jornada electoral, los ejidatarios buscarán nuevamente cambiar su destino.