México ante la ONU: ¿Crímenes de lesa humanidad en la gestión de Sheinbaum?

Ignacio Alvarado Álvarez

Es fundamental sostener la mirada sobre el drama de las desapariciones en México, a pesar de las respuestas exacerbadas de quienes prefieren descalificar o agredir desde una posición ideológica, y no desde la brutal realidad de quienes buscan a un ser querido, pues frente al vacío del Estado, el silencio es la forma más insidiosa de la complicidad. La reciente determinación del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) de elevar la situación de México ante la Asamblea General de la ONU marca un punto de ruptura histórico. Al señalar la existencia de indicios fundados de que se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas bajo la categoría de crímenes de lesa humanidad, el organismo ha retirado el velo de la “excepcionalidad” o del “problema focalizado” para situar al Estado mexicano en un escenario de escrutinio global que no admite salidas retóricas simples.
El tono discursivo del Comité de la ONU ha mantenido una consistencia técnica y de preocupación ascendente que trasciende los colores partidistas. Desde el sexenio de Felipe Calderón, cuando la estrategia de seguridad militarizada detonó las cifras de violencia, el CED ha señalado que la desaparición no es un daño colateral, sino una práctica estructural. Durante el mandato de Enrique Peña Nieto, tras la tragedia de Ayotzinapa, el organismo endureció su lenguaje al notar que la impunidad era casi absoluta. Con la llegada de la denominada Cuarta Transformación, el tono no ha variado en su rigor. Lo que ha cambiado es la expectativa internacional. Si bien el Comité reconoció inicialmente una mayor apertura al diálogo por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la persistencia de las desapariciones y la resistencia militar han provocado que el organismo pase de la recomendación al señalamiento de crímenes de lesa humanidad. La narrativa de la ONU no se ajusta a los tiempos electorales de México, sino a la acumulación histórica de expedientes sin resolver.
Elevar este asunto a la Asamblea General de la ONU tiene implicaciones profundas. Externamente, coloca a México en una lista de países bajo observación internacional por violaciones graves a los derechos humanos, lo que erosiona el capital político de una administración que se presenta como progresista y defensora de las libertades. Internamente, este señalamiento valida la lucha de los colectivos de familiares y les otorga una herramienta jurídica internacional para presionar por justicia fuera de los tribunales locales, a menudo cooptados o ineficientes. El concepto de “crímenes de lesa humanidad” implica que los delitos son generalizados, sistemáticos y dirigidos contra la población civil, lo cual anula cualquier intento oficial de minimizar el problema como una serie de eventos aislados o derivados únicamente de pugnas entre cárteles.
Frente a estos señalamientos, la postura de los gobiernos mexicanos ha mostrado matices en la forma, pero una preocupante uniformidad en el fondo: la defensa de la soberanía como escudo contra la crítica. El gobierno de Felipe Calderón desestimó las críticas apelando a la necesidad de una guerra contra el crimen. Enrique Peña Nieto adoptó una postura de simulación burocrática, creando instituciones que carecían de presupuesto y voluntad política. Por su parte, la administración de López Obrador y la actual gestión de Claudia Sheinbaum han introducido una variante argumentativa basada en la superioridad moral. Sostienen que, a diferencia del pasado, hoy no existe una orden superior para desaparecer personas. Sin embargo, el rechazo a la decisión del Comité tildándola de “tendenciosa” repite el patrón de administraciones previas: se acepta la ayuda internacional solo cuando es elogiosa y se descalifica cuando es crítica. La diferencia radica en que el gobierno actual utiliza la reducción administrativa del padrón de desaparecidos como una prueba de éxito, cuando las familias denuncian que dicha reducción es una estrategia para invisibilizar la crisis.
El ajuste de cifras, ya sean 43 mil o 130 mil, resulta una maniobra estéril frente a la evidencia del abandono estatal. El Estado mexicano se mantiene como un actor pasivo que ha delegado la función de búsqueda en las víctimas. Son los colectivos de madres quienes, con palas y picos, recorren predios y fosas clandestinas, enfrentando amenazas directas y ataques letales que han cobrado la vida de decenas de buscadoras. Esta transferencia de responsabilidad es la prueba más contundente de la abdicación del Estado en su deber primordial de proteger y procurar justicia. Mientras el discurso oficial se concentra en la limpieza de la imagen institucional, la realidad en el territorio es una de terror persistente donde la búsqueda de un hijo puede costar la vida.
Para la sociedad, que el gobierno actual mantenga la línea discursiva de atribuir el volumen de desapariciones al pasado es una señal de alerta sobre la continuidad de la impunidad. Insistir en que “ya no se dan órdenes” desde la cúpula para asesinar civiles es insuficiente si no se acompaña de investigaciones formales, procesos judiciales y sentencias condenatorias contra los responsables, incluyendo a miembros de las fuerzas armadas. La falta de castigo para los perpetradores de sexenios anteriores y la protección institucional que se percibe hacia los mandos militares actuales sugieren que el pacto de impunidad permanece intacto. Si no hay una persecución activa del delito, la “falta de órdenes” se convierte en una licencia por omisión para que las estructuras criminales y los agentes estatales sigan operando en la penumbra.
Este fenómeno exhibe en toda su magnitud un Estado que ha colapsado en sus funciones básicas. La desaparición forzada en México –lo hemos dicho con anterioridad– no es una anomalía del sistema, sino la herramienta que demuestra que la estructura de justicia está diseñada para el encubrimiento y la administración del dolor, donde la corrupción profunda y la incapacidad ejecutiva se entrelazan para garantizar que la verdad sea siempre una aspiración inalcanzable. El Estado no es incapaz por falta de recursos, sino por una decisión política de mantener la opacidad que protege a sus propios engranajes, confirmando que la crisis de las desapariciones es, ante todo, una crisis de legitimidad del poder público frente a la vida humana. Y eso es algo que no debe perderse de vista.