LO QUE NADIE DICE SOBRE EL ACCIDENTE EN LA SIERRA DE CHIHUAHUA

Ignacio Alvarado Álvarez

La caída de una camioneta blindada en un barranco de doscientos metros de profundidad en el municipio de Morelos, en la entraña de la Sierra Tarahumara, ha desnudado una estructura de cooperación extralegal que sobrepasa por mucho el discurso del accidente fortuito. Los hechos se suscitaron entre el 18 y el 19 de abril pasados. Durante el sábado, una fuerza operativa de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua incursionó en un complejo de laboratorios destinados a la producción de sustancias sintéticas. Apenas unas horas después de concluir la destrucción de estos centros de producción, durante la madrugada del domingo, el vehículo que transportaba al director de la corporación estatal y a dos agentes de inteligencia estadounidenses se precipitó al vacío. La distancia entre el último punto de operación y el sitio del siniestro desmiente la versión de una simple jornada de capacitación, tal y como lo expuso con inmediatez el gobierno del Estado. El convoy regresaba de una incursión táctica en una zona donde la soberanía nacional parece ser un concepto elástico, sujeto a pactos que se firman fuera de las oficinas del gobierno en la capital del país.

El fondo de esta controversia, más allá de la pérdida de vidas humanas, radica en la decisión deliberada del Gobierno de Chihuahua, de extracción panista, de gestionar la seguridad pública como una entidad autónoma de la Federación. Bajo la administración de la gobernadora Maru Campos, se han institucionalizado mesas de trabajo con agencias de inteligencia de los Estados Unidos que operan bajo un esquema de intercambio de información sensible. Estas reuniones –de las que me han hablado en meses pasados fuentes de alto nivel dentro del gobierno estatal– operan bajo un criterio de exclusión política y operativa. En ellas no tienen asiento figuras clave de la administración local, como el alcalde de Ciudad Juárez o su mando de seguridad, bajo el argumento de una profunda desconfianza derivada de sus propios escándalos de gestión. Cruz Pérez Cuéllar, el alcalde juarense, repite en el cargo bajo las siglas de Morena y se apresta desde hace años a contender por la gubernatura, así que no se trata de cualquier político. Lo que esto implica, entonces, es la creación de un archipiélago de inteligencia donde un estado fronterizo negocia directamente con una potencia extranjera, fragmentando la unidad del mando federal y estableciendo un precedente de balcanización de la seguridad nacional.

Chihuahua no es un escenario nuevo para este tipo de dinámicas. Geográficamente, la entidad ha sido el pivote de las estrategias de control territorial bajo la máscara del combate al tráfico de estupefacientes. Desde la existencia del Triángulo Dorado, esto en su colindancia con Sinaloa y Durango, hasta el histórico caso del rancho El Búfalo en Jiménez, la narrativa oficial ha insistido en colocar a los grupos criminales como los únicos gestores del comercio ilícito. Sin embargo, la realidad histórica indica que el control real del territorio ha estado siempre en manos de una simbiosis entre mandos militares, agentes federales y estructuras estatales. El crimen organizado, bajo esta óptica, no es un ente ajeno al Estado, sino una extensión operativa que ha servido para justificar presupuestos, despliegues armados y, fundamentalmente, el control de las rutas y los recursos naturales.

Las reuniones actuales de las autoridades de Chihuahua con agencias estadounidenses se dan en un contexto de debilidad institucional y ambiciones políticas locales. El fiscal estatal, con la mirada puesta en la alcaldía de la capital, y una gobernadora cuestionada por la laxitud de su mandato, han permitido que un andamiaje fiscal y policiaco que arrastra medio siglo de vínculos con redes criminales se convierta en el interlocutor directo de Washington. Es el mismo aparato que sobrevivió al desmantelamiento saturado de violencia ocurrido durante el sexenio de Felipe Calderón, un periodo que, lejos de ser una guerra contra el crimen, funcionó como una reingeniería del territorio mediante masacres y ejecuciones extrajudiciales donde las fuerzas armadas y los agentes federales fueron los principales ejecutores. Algo que documentaron profusamente defensores de los derechos humanos, varios de los cuales fueron igualmente asesinados y otros se vieron forzados al exilio.

La presencia de agentes extranjeros en Chihuahua tiene antecedentes sangrientos y constantes en las últimas dos décadas. Desde la DEA y la CIA hasta operativos encubiertos del ICE y contratistas privados, la frontera norte ha sido un cementerio de agentes que operan en las sombras. A finales de 2006, un supuesto informante del ICE fue asesinado y su cuerpo se arrojó, amortajado, en las inmediaciones del parque El Chamizal, muy cerca de las garitas de cruce internacional. Sus victimarios  le habían pegado en el rostro las tarjetas de presentación de dos agentes: Raúl Bencomo yTod Johnson. Otros incidentes, como el ataque a agentes en la carretera a San Luis Potosí o las operaciones de la CIA en los puntos de fusión de inteligencia en la capital del estado, confirman que la muerte de los operativos John Dudley y Richard Leiter son el desenlace de una presencia recurrente que el derecho mexicano prohíbe, pero la práctica política fomenta.

El hecho de que esta operación se realizara de espaldas al Gobierno Federal y a la Secretaría de la Defensa Nacional revela el colapso de los pactos federales. Esta opacidad remite inevitablemente a episodios recientes como la entrega pactada o secuestro de Ismael Zambada, en la que los servicios de inteligencia militar y el gobierno estatal omitieron informar sobre ello al entonces jefe del Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador. En términos prácticos, esto indica que existen zonas de la administración pública que ya no responden a la jerarquía constitucional, sino a acuerdos transnacionales que consideran al Gobierno Federal como un obstáculo para sus objetivos tácticos. El control del territorio se está negociando en despachos locales con la asesoría de agencias externas, dejando a la Presidencia de la República en una posición de espectador ante hechos consumados.

Finalmente, este episodio ha servido de combustible para que el ala más radical del gobierno de Trump presione por una intervención directa en territorio mexicano. Con la nueva categorización de los grupos criminales como entidades que requieren una respuesta militar transfronteriza, el accidente en la Sierra de Chihuahua se convierte en el pretexto ideal para cuestionar la capacidad y la voluntad del Estado mexicano para controlar su espacio. La implicación real es la normalización de la presencia armada estadounidense en campo, bajo la cobertura de una cooperación estatal que ya no reconoce límites legales ni soberanos. Lo sucedido en el municipio de Morelos, dejémoslo en accidente de tránsito, representa en todo caso el choque de una política de seguridad fragmentada contra la realidad de un territorio que sigue siendo administrado bajo las mismas lógicas de control y violencia que han definido a Chihuahua durante el último medio siglo.