El Mencho y la gestión paramilitar del territorio

Tras la caída de Nemesio Oseguera, la violencia se revela como un mecanismo de gestión territorial para el extractivismo y el flujo de capital global. En la renegociación del T-MEC , el relevo de la “gerencia paramilitar” asegura el control de recursos estratégicos bajo una soberanía mexicana cada vez más asediada

Ignacio Alvarado Álvarez

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes suele interpretarse, bajo la narrativa dominante, como una victoria del Estado sobre el crimen organizado o como el inicio de una guerra de sucesión entre facciones del narcotráfico. Sin embargo, si se desplaza el foco de las siglas criminales hacia el control de los recursos estratégicos, el evento adquiere una dimensión distinta: la caída del líder del autodenominado Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) más que un síntoma de desarticulación, propone un relevo en la gerencia de campo de un territorio clave para la economía global.

Para comprender este cambio de paradigma es necesario abandonar la idea del “cártel” como una empresa aislada que desafía al Estado. En su lugar, la evidencia apunta a la consolidación de un sistema paramilitar cuya función principal no es solo el tráfico de sustancias, sino la limpieza y el control de corredores industriales, mineros y logísticos. La violencia que precede y sigue a estos personajes ha funcionado en todo caso como una herramienta de ordenamiento, en donde el grupo armado siembra el terror y provoca el desplazamiento forzado, la resistencia social se disuelve y deja el suelo libre para proyectos extractivos que el marco legal, por sí solo, no podría imponer con tal celeridad.

Este fenómeno, visto durante años en el llamado “Corredor del Hierro” que conecta el puerto de Lázaro Cárdenas con la Sierra Madre del Sur, revela que la seguridad de los activos estratégicos —minas, puertos y rutas ferroviarias— forma parte del despliegue armado, a la par que el negocio de la droga. Mientras la opinión pública observa la caída de un capo y su estela de violencia y crimen, los indicadores de Inversión Extranjera Directa (IED) han mostrado una estabilidad imperturbable: al cierre del tercer trimestre de 2025, Jalisco se consolidó como el tercer receptor de inversión a nivel nacional con 2,535 millones de dólares, mientras que Michoacán mantuvo un flujo constante de capitales destinados principalmente a la modernización logística portuaria y la agroindustria de exportación. Ambas líneas son vigentes tras el abatimiento del capo.

Las cifras sugieren que, para el capital transnacional, estas organizaciones no son un obstáculo ni una amenaza. Más allá del discurso, es posible verles como un regulador de orden que garantiza la continuidad de las cadenas de suministro. El impuesto criminal o el control territorial ejercido por estos grupos es asimilado por el sistema económico como un costo de operación que, a cambio, ha desarticulado cualquier resistencia social o sindical que pudiera frenar la productividad.

Este fenómeno de asimilación económica no es una novedad del presente, sino el perfeccionamiento de una mecánica ensayada desde el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico” en 2006. En la Cuenca de Burgos, que abarca porciones de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, la irrupción de Los Zetas no solo significó un aumento en el tráfico de drogas, sino que operó como una fuerza de choque

que facilitó la explotación de gas lutita (fracking) y el robo sistemático de condensados de gas natural. En ese contexto, la violencia terrorista sirvió para vaciar ejidos y silenciar cualquier oposición ambientalista o agraria a los proyectos energéticos derivados de la reforma sectorial.

De manera similar, en el Cinturón de Oro de Guerrero, la presencia de grupos como Los Guerreros Unidos o Los Rojos ha funcionado como un dispositivo de control social que beneficia indirectamente a las grandes concesionarias mineras trasnacionales. En municipios como Cocula o Eduardo Neri, la violencia criminal fragmentó el tejido social y desarticuló la organización de sindicatos independientes y defensores de la tierra, permitiendo que la extracción de metales preciosos continuara incluso en medio de masacres y desapariciones. Bajo esta lógica, el crimen organizado actúa como un contratista externo de seguridad que, mediante el terror, garantiza una “paz laboral” y una libertad de operación que el Estado mexicano, constreñido por leyes y tratados de derechos humanos, no podría imponer de forma directa sin enfrentar un alto costo político internacional.

El lado oculto del caos

En su tesis, plasmada en el libro Capitalismo Antidrogas, la investigadora y periodista canadiense Danw Marie Paley propone que la violencia no se traduce en caos, sino en una herramienta de reforma estructural que utiliza la militarización para facilitar la acumulación de capital. En el marco de esa visión, la muerte de El Mencho, a la par que un golpe al crimen, plantea un movimiento dentro de un sistema donde el terror paramilitar actúa como la vanguardia o de la inversión. La violencia “narca” se convierte así en el pretexto ideal para el control social y el vaciamiento de territorios ricos en recursos, permitiendo que, una vez desplazada la población y desarticulada la resistencia comunitaria (algo que se ha visto a través de los años en esa región), el capital transnacional pueda expandirse sin los obstáculos que imponen la democracia o los derechos agrarios.

Paley profundiza en esta relación simbiótica entre la fuerza pública y las estructuras irregulares, en el marco de la caída del Mencho, para colocar otra visión a lo sucedido. “Creo que lo que se vivió en Jalisco y en parte de Michoacán se puede entender en clave de represalias, pero en el resto del país no tiene ningún sentido, es otra cosa”, dice refiriéndose a la quema de vehículos y establecimientos que se registró en una veintena de estados. “Lo que es, es una demostración de la existencia de estructuras paracas, que pueden recibir una orden o que tienen alguna conexión con la estructura del Mencho.”

Pero, ¿quién se beneficia del vacío territorial que genera la desaparición de un líder en zonas de alta intensidad en proyectos de infraestructura, minería y agronegocio? Paley dice que, sin duda, la población no. Y hace una observación.

“Primero, creo que es importante reconocer que al momento que matan al Mencho hay 7,000 soldados en Jalisco, más Guardia Nacional, más Marina, más policías de todos los niveles. Entonces, aparte de una estructura criminal supuestamente liderada por el Mencho, hay una estructura militar y policíaca muy fuerte. Me atrevo a decir que es lógico que esa estructura militar y policíaca es mucho más fuerte que cualquier estructura criminal que pueda existir en cualquier estado”.

Para la investigadora, la estrategia de “descabezar” organizaciones no es una política de seguridad, sino en todo caso, un método que garantiza la continuidad del ciclo violento. “Descabezar una organización

criminal es una estrategia fallida. A mí, de hecho, ni siquiera me gusta llamarlo estrategia. Es un método que provoca más violencias. Eso no está en duda, lo hemos visto. Es una película que hemos visto muchas veces. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener esa estructura criminal volviendo a reorganizarse para seguirse dedicando a sus actividades de siempre… ¿Quién se beneficia de ese arreglo? Los poderosos, los terratenientes, empresas con intereses de controlar la mano de obra o ciertos recursos, ciertos territorios estratégicos. Los poderosos se benefician de lo que yo cada vez más estoy llamando un sistema militar-paramilitar”.

Los bloqueos y las quemas simbólicas, según Paley, sirve a un propósito mayor: generar un nuevo momentum para la militarización del país. En este contexto, la palabra “seguridad” deja de ser una garantía ciudadana para convertirse en un eufemismo del control territorial armado.

El lado oscuro del tráfico

En el marco de la revisión del T-MEC y la reciente designación de estos grupos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) por parte de Washington, la muerte de Oseguera Cervantes sirve como el pretexto perfecto para una nueva arquitectura de intervención. Bajo la urgencia de combatir el “terrorismo”, se oculta un asedio geopolítico por el control del litio, las tierras raras y la soberanía energética de México. El verdadero poder no es que haya perdido un líder. En todo caso, ha renovado un contrato de seguridad en una de las zonas de extracción más rentables del continente.

El despliegue operativo del CJNG no ha sido errático. Ha seguido con precisión quirúrgica las rutas del movimiento de mercancías lícitas e ilícitas que sostienen la economía de la región.

Lázaro Cárdenas es el segundo puerto más importante de México en movimiento de carga total (más de 30 millones de toneladas anuales). Sin embargo, su relevancia reside en su conexión con el interior del país a través de la infraestructura ferroviaria y carretera que conecta con el “Diamante de México”, es decir, el Bajío y Centro. Durante el periodo de mayor expansión de esta organización paramilitar, el puerto registró incrementos sostenidos en el manejo de contenedores de carga contenerizada, superando los 1.3 millones de TEUs (unidad de medida estándar en el transporte marítimo para calcular la capacidad de carga de barcos, terminales portuarias y el flujo de mercancías a nivel global) anuales.

Así mismo, el control de las aduanas y las zonas de amortiguamiento portuario si bien sirve para el tráfico de precursores químicos (fentanilo y metanfetaminas), lo hace por igual para el control del mercado negro de acero y mineral de hierro, donde se estima que la extracción ilegal en minas de Michoacán llegó a representar pérdidas millonarias para concesionarias legítimas, o bien, funcionó como un sistema de “outsourcing” de seguridad y extracción para las mismas.

La tesis del extractivismo se vuelve tangible al observar la actividad minera en Michoacán, estado donde el CJNG consolidó su hegemonía mediante la absorción o eliminación de las autodefensas. Michoacán posee importantes yacimientos de hierro, cobre y oro. De acuerdo con datos del Servicio Geológico Mexicano (SGM), la entidad aporta cerca del 14% de la producción nacional de hierro. Un análisis de los municipios con mayor índice de homicidios y desapariciones —como Aquila, Coahuayana y Coalcomán— revela una correlación directa con zonas de alta densidad de concesiones

mineras. En Aquila, por ejemplo, el conflicto en torno a la mina de Ternium ha estado marcado por la desaparición de activistas y líderes comuneros.

La presencia del grupo armado desarticula la organización comunitaria que se opone a la expansión minera o al pago de regalías. Al eliminar la resistencia civil bajo el pretexto de “combate al narco”, el terreno queda libre para la operación industrial sin fricciones sociales. A diferencia de la narrativa del “Estado fallido”, los datos de Inversión Extranjera Directa (IED) sugieren un escenario de estabilidad para el capital.

La paradoja se impone en las regiones teóricamente controladas por el “cártel más peligroso del mundo”, porque la inversión privada no se retrae, sino que se especializa. Y esto puede iluminar un fenómeno sistrematicamente soslayado: que la organización criminal opera como un regulador de orden, garantizando que las cadenas de suministro globales (desde el aguacate hasta los semiconductores que transitan por sus puertos) no se interrumpan, cobrando por ello una “tasa de seguridad” o impuesto paralelo que el Estado no puede recaudar formalmente.

La muerte de Oseguera Cervantes no altera estas cifras de exportación ni las concesiones otorgadas por la Secretaría de Economía. Por el contrario, la muerte del líder permite al sistema de poder limpiar la imagen del territorio, atribuyendo toda la violencia pasada a un solo hombre, mientras la estructura paramilitar se reorganiza bajo un nuevo mando, posiblemente más discreto y más integrado a la estructura formal de los negocios regionales.

Y ello adquiere un sentido mayor, si se considera el gran marco de referencia que significa la doctrina Donroe.

Geopolítica de la violencia

La narrativa oficial en Washington ha dado un giro definitivo. El 20 de febrero de 2025, la administración de Donald Trump formalizó lo que por años fue una amenaza retórica: la designación del CJNG, el Cártel de Sinaloa y otras facciones como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO). Esta etiqueta, sin embargo, no es solo un cambio de vocabulario sino una llave jurídica que redefine la soberanía mexicana bajo el pretexto de la seguridad nacional estadounidense.

Para el ciudadano común, “terrorista” evoca grupos religiosos o ideológicos. En el contexto binacional actual, la designación FTO cumple funciones legales específicas que superan el combate al narcotráfico: Permite a Estados Unidos perseguir no solo a los miembros del grupo, sino a cualquier entidad (bancos, empresas o gobiernos) que les proporcione “apoyo material”. Bajo la doctrina de seguridad de Trump, la presencia de terroristas en la frontera sur justifica el uso de capacidades militares y presión diplomática directa, eliminando la distinción entre seguridad pública y defensa nacional.

Detrás de la urgencia por ayudar a México a pacificar sus territorios, subyace un interés superlativo por los recursos del futuro. En 2026, los minerales críticos ya no son una posibilidad teórica, sino el eje de la seguridad económica de Norteamérica. Elementos como el litio (Sonora) y las tierras raras (indispensables para semiconductores y tecnología militar) son el nuevo petróleo. Estados Unidos busca reducir su dependencia de China, y México es la reserva más próxima.

El asedio hacia la política energética mexicana busca revertir la soberanía sobre hidrocarburos para integrarlos plenamente al flujo industrial estadounidense. La riqueza natural de una nación es parte de su soberanía, pero bajo la narrativa del ‘Estado fallido’ por el narco, esa soberanía se presenta como una incapacidad que requiere intervención externa.

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se ha convertido en el escenario de una tormenta perfecta. La administración Trump ha vinculado sistemáticamente la seguridad fronteriza con las preferencias arancelarias.

Con este marco, Guillermo Garduño, investigador de la Universidad Autónoma de México (UAM) y experto en Fuerzas Armadas, sugiere que la eliminación de Oseguera Cervantes no representa necesariamente un triunfo de la justicia, sino una operación de “exclusión” que clausura cualquier posibilidad de entender los vínculos entre la estructura criminal y el poder político. En su análisis, el hecho de que la resultante fuera la muerte y no la captura testimonial del líder sugiere una decisión de silenciar la memoria operativa de la organización.

“La captura tiene un valor testimonial. Pero la eliminación sencillamente la excluye y ahí termina toda narrativa posible. El sujeto ya no podrá hablar y, por lo tanto, no podrá revelar nada de la estructura que él presidía”.

Garduño sostiene que el Estado mexicano, lejos de fortalecerse con este golpe, queda en una posición de vulnerabilidad profunda ante el exterior. La falta de una respuesta inmediata por parte de las fuerzas federales frente a la reacción violenta de los grupos paramilitares —acciones que el académico califica como “esperadas”— evidencia una desconexión en la cadena de mando. “Yo veo que los agarraron dormidos a todos”, dice, señalando que la población es quien termina absorbiendo el impacto de una estrategia que previó el descabezamiento, pero no la protección de la ciudadanía.

Esta fragilidad institucional es el escenario ideal para el avance de los intereses geopolíticos de la administración de Donald Trump. La insistencia de Washington en designar a estas organizaciones como grupos terroristas y su constante oferta de ayuda de ninguna manera pueden entenderse como gestos de cooperación desinteresada, sino herramientas de presión para asegurar el control de recursos en el marco de la revisión del T-MEC. Garduño advierte sobre la naturaleza del liderazgo estadounidense actual: “Trump es una figura insaciable. Le gusta que le sirvas y le gusta mucho servirse, pero él nunca va a dar idea ni siquiera de que va a recompensar. Usa gente, usa y prescinde de ella”.

De esta forma, el Estado mexicano se encuentra atrapado en una pinza. Por un lado, la operatividad paramilitar que despoja y controla el territorio para el extractivismo. Por el otro, la presión de un socio comercial que utiliza ese mismo caos como moneda de cambio para imponer condiciones arancelarias y asegurar el acceso a minerales críticos como el litio. “Si se cree que nosotros estamos haciendo méritos en el régimen actual, eso no representa nada para Trump. Siempre habrá algo más que negociar”, advierte Garduño. La muerte del Mencho, en este complejo tablero, no es el fin del conflicto, sino el inicio de una transición hacia un modelo de control donde la soberanía nacional parece ser el recurso más prescindible de todos.