Discursos baratos para un país en llamas

Xóchitl Gálvez eligió Acámbaro para cerrar su precampaña presidencial y lo hizo con un tema sensible, la seguridad pública. En la entidad con mayor registro de asesinatos durante el actual sexenio, la abanderada del bloque PAN-PRI-PRD atribuyó la desgracia a una estrategia que prefirió “abrazar a los delincuentes” en vez de combatirlos. Guanajuato ha estado bajo gobierno de Acción Nacional desde 1991 y tiene en la figura del fiscal Carlos Zamarripa a uno de los funcionarios a quien el presidente López Obrador atribuye el alto índice criminal de la zona. Pero el andamiaje de la violencia se compone de algo mucho más sofisticado que la línea discursiva que reparte culpas o incapacidades.

La descalificación, así nomás, no requiere de argumentos y mucho menos de explicaciones profundas cuando se dice ante fieles, sean de un bando o del otro. Lo expresado por Gálvez es lo mismo que se ha dicho desde que el crimen abraza al país. La promesa de hacer frente a los grupos delictivos se deforma, sin embargo, en el instante mismo que se proclama. En este caso concreto, no solo porque el último de los presidentes del PAN emprendió una operación de Estado para hacerlo (de manera selectiva), sino porque en torno de “los cárteles de la droga” existe un sistema económico y financiero compuesto por empresarios y políticos.

En nombre del “crimen organizado” se han tejido negocios altamente lucrativos, que van de la extracción de minerales a la obra pública. En un ámbito operativo, el de la seguridad, las corporaciones policiales hace mucho que toman parte no solo del tráfico de drogas, armas e individuos, sino del concierto homicida, el secuestro y la extorsión. La industria criminal es tan vasta como poderosa y tiene, en cada entidad o municipio, sus propias ramificaciones. Hablar en abstracto de la corrupción y del “narco” no pasa de ser un cliché. Lo cierto es que el país está desbordado y ante ello, a quienes gobiernan o aspiran gobernar, solo les queda la negación.

Al hacerlo, la clase política se preocupa por el futuro electoral o el de sus propios intereses. ¿Existe otra razón para que el gobierno de Tabasco niegue la operación criminal detrás de la desaparición de un grupo de mujeres colombianas? La entidad, que a finales y comienzos del año vivió motines en cárceles y ataques simultáneos en las calles de su capital, está entre las cinco con mayor registro de secuestros y es enclave de organizaciones dedicadas a la trata de personas. Pero de ello no habla ni el actual mandatario ni quien con toda seguridad habrá de sucederlo, Javier May, el abanderado de Morena, PT y Verde Ecologista, quien aventaja por 40 puntos a cualquiera de sus adversarios. En juego están 35 diputaciones, 15 alcaldías, sindicaturas y regidurías, y por encima de todo la continuidad de un gobierno central. Demasiado para perderlo en oscuros vericuetos.

La negación o la superficialidad con la que se aborda el fenómeno de la violencia y el crimen tiene muestras en cada una de las entidades, y no importa la filiación partidista. En Jalisco, donde más desaparición de personas suceden, Enrique Alfaro, el gobernador saliente de Movimiento Ciudadano, insiste en que dejará un estado con menor índice delictivo, y para ponerlo en claro la emprende contra medios de información y periodistas que dan cuenta del volumen de las cifras que abruman a la población, y los tilda de mentir y de ser “apologistas de la violencia”. Las mismas palabras que suelen emplearse en cada mañanera del presidente.

Es una fórmula que se repite en voz de quienes gobiernan Baja California, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas. Cualquiera de los estados. Si se ponen profundos, hacen referencia a la ruptura del tejido social, la pérdida de valores, la manera en la que la falta de oportunidades para los jóvenes terminó por nutrir a los grupos criminales. Ninguno habla de la corrupción interna, de los negocios de las élites regionales; tampoco aluden a sus cuerpos de policía, fiscales o fuerzas armadas, ni a los poderes fácticos. En tanto, ciudades y pueblos, caminos rurales, autopistas y carreteras son escenario diario de hechos violentos, impunes. ¿Es falta de inteligencia y determinación gubernamental? No. El trasfondo es algo que evadió Xóchitl Gálvez en su cierre de precampaña. Se concretó a decir que el gobierno de López Obrador es tímido y mansito con quienes asesinan y extorsionan, agresivo y bravucón con empresarios y ciudadanos, y obsesionado por atribuirle a sus antecesores las condiciones del presente. Bisutería pura.