topo chico: LOS MOTIVOS TRAS LA VIOLENCIA

MONTERREY, NL.— El gobernador Jaime Rodríguez Calderón parece tener un diagnóstico claro sobre el estallido violento que terminó con la vida de 49 internos del Cereso de Topo Chico, al mes exacto de ocurrido. Considera que fue un combinado de corrupción entre autoridades penitenciarias, la falta de criterio de dos jueces y la convergencia —debido a ello— de dos criminales cabeza de células pertenecientes al cártel de Los Zetas.

“Trajiste a dos que iban a competir adentro, y los dos habían asesinado personas”, dice en referencia a Jorge Iván Hernández Cantú, el Credo, y Juan Pedro Saldívar Farías, el Z-27. “Y en esa competencia, evidentemente la atrocidad del descontrol, el hecho de que la propia autoridad penitenciaria se haya coludido para dejar pasar droga, para dejar pasar privilegios, pues hizo que la competencia en el interior se diera de manera encarnizada”.

El Bronco se expresa sin apremios sobre lo que hasta hoy le ha sido marcado como el episodio más crítico en sus seis meses de gestión. Sentado en uno de los sillones de su privado, en total relajación, se formula él mismo la pregunta que ha corrido des-de el 11 de febrero, el día de la masacre: ¿se pudo o no prevenir?

“Nosotros estábamos previniendo, porque estábamos despresurizando el penal —responde—. Nuestra prevención implicaba que fuéramos sacando, poco a poco, a los que en cierta medida generaban conflicto. Pero nos pescó el tema de la explosión demográfica que tiene el penal, y quizá debimos haber sido más rápidos en el proceso, pero yo tengo cinco meses. No es excusa, es decir, sacábamos a diez por semana, los estábamos enviando a otros penales, pero eso es una bu-rocracia también”.

La posibilidad de un estallido en Topo Chico, sin embargo, estaba presente desde mucho antes de la coincidencia del Credo y el Z-27. Un análisis elaborado por Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) rememora diagnósticos sobre la crisis que desde 2012 efectuó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En ellos se establecen la falta de control sobre el penal y la ausencia de mecanismos para garantizar la integridad física y moral de los internos como posibles detonantes de violencia.

“Tenemos otras alertas de Naciones Unidas, de la Co-misión Interamericana de Derechos Humanos, además del de la CNDH”, dice Consuelo Morales, directora de Cadhac. “Todo el mundo sabía y era del conocimiento público que se trataba de una prisión muy delicada; eso era sabido por autoridades locales, porque al pasar de un gobierno a otro hay informes que se les entregaron, pero también hubo organizaciones civiles que se acercaron para decirles cómo estaban las cosas. En síntesis, se sabía que la situación era un infierno, que había un autogobierno y que la directora —ahora presa— lo sabía”.
Al mes del motín, el organismo que dirige Morales sostie-ne que la investigación oficial es turbia, y enumera violaciones a los derechos humanos de internos —que van desde la tortura hasta la ilegalidad con la que fueron transferidos 233 de ellos a otros penales fuera del estado.

La atrocidad con la que se operó las horas que siguieron al enfrentamiento incluye también ataques sexuales a buena parte de las 32 prisioneras al momento de ingresar en el Cefereso 19 en Morelos, y la forma en que se disponía carnalmente de ellas mientras se mantuvieron cautivas en Topo Chico.

Un escenario como ese sucede sólo al amparo de las autoridades, dice Elena Azaola, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), quien ha estado inmersa en el análisis del sistema penitenciario desde hace 30 años.

“Aquí es una complacencia, una connivencia entre autoridades y jefes internos manteniendo un equilibrio muy precario”, explica.

En el fondo de la crisis, no sólo en Topo Chico, sino en una mayoría de prisiones mexicanas, yace un vacío deliberado del derecho en el contexto de la privatización parcial del sistema carcelario, deducen Morales y Azaola. Y al menos, en el caso del penal de Monterrey, no se equivocan.

El gobernador Rodríguez Calderón dice que debe irse a la privatización del sistema para solucionarlo. “El Estado no puede, no ha sido capaz (de controlar los penales). Hay ejemplos en Estados Unidos que tenemos que copiar. Es demasiado caro el sistema penitenciario mexicano. Hay demasiadas libertades para los presos”.

El problema es que eso derivaría en más brutalidad y número de prisioneros, señala Morales. Un fenómeno que de hecho se ha visto desde que comenzó a inyectarse capital privado al régimen carcelario. A finales de 2015, el magistrado de un Tribunal Unitario de Matamoros ordenó la transferencia a Topo Chico de Juan Pedro Saldívar Farías, el Z-27. En Monterrey, Jorge Iván Hernández Cantú, el Credo, se hallaba a la cabeza de la red que mantenía el control de la cárcel. Este último vivía con privilegios que ningún otro interno disfrutaba, como una cama king size, una pantalla de plasma de 50 centímetros, baño sauna, minibar y sistema de refrigeración, según describió a la prensa el procurador estatal Roberto Flores.

El Z-27 decidió entonces disputarle el control y los pri-vilegios. Con ese propósito, la madrugada del 11 de febrero ordenó el ataque a su rival, que de acuerdo con la versión oficial, se hallaba en su habitación acompañado de una mujer. Lo que siguió entonces fue un desplazamiento de internos de un área a otra, que a su paso saqueaban y pren-dían fuego al área de víveres. De los 49 presos asesinados, 48 murieron a golpes de martillo y pala, o heridos con armas punzocortantes. Sólo uno recibió un disparo, y fue a manos de un celador. Ninguno de los presuntos artífices del enfrentamiento resultó herido.

Jaime Rodríguez dice que su gobierno operaba en consecuencia. La insensatez de dos jueces y la burocracia del sistema penitenciario hicieron, sin embargo, que su estrategia no alcanzara para evitar la desgracia.

“Hubo una falta de criterio en los jueces. Uno de ellos amparó a uno de los generadores de la masacre, el llamado Credo, que iba a ser trasladado de Topo Chico desde hacía tiempo. Yo había solicitado su traslado. Era un reo federal, y se ampara. Le otorgan el amparo y hay que dejarlo ahí”, cuenta.

Pero con presos de ese nivel o sin ellos, el control penitenciario es impensable, dice. El gobierno simplemente no tiene capacidad para ello. “O cuidas las calles, o te dedicas a cuidar los penales”.

El consumo de drogas, por ejemplo, establece un desafío imposible. El tráfico en el interior se produce como efecto de la corrupción, y ello entraña forzosamente violencia. En un contexto que incluye la mezcla de reos de alta peligrosidad con delincuentes menores, se establecen sistemas de autogobierno en el que la regiduría del estado se pierde porque también ca-rece de fuerza y capacidad operativa.

“Te doy un ejemplo: aquí los custodios son los que no querían ser policías. A todos los mayores de 40 años los mandamos de custodios, o a aquel que no hace ejercicio o que siempre se incapacita. Empezamos a hacer eso. Esa es la verdad, esa es nuestra realidad y no la tenemos que esconder. Si enfrentamos la realidad tal cual podremos encontrar soluciones. Yo nunca escondo la realidad. Eso es lo que encontramos, eso es lo que existe”.

En los reportes que recibe Consuelo Morales en Cadhac, hay datos pormenorizados de lo que sufre un interno de Topo Chico. Entre las torturas registradas, el organismo incluye los azotes con tablas, toques eléctricos, inyecciones de sustancias desconocidas, clavos en los pies y sumergimiento de la cabeza en recipientes de agua.

“Son actos cometidos por la delincuencia organizada, pero definitivamente la autoridad no tenía capacidad de hacer nada. O lo permitía o los mataban”, dice Morales.

Cadhac es la organización que más informes posee sobre la vida en el interior de los tres penales de Nuevo León, donde, además del de Topo Chico, operan los de Apodaca y Cadereyta. Morales no solamente es una cono-cedora del sistema carcelario y criminal del estado, sino una defensora de los derechos humanos reconocida dentro y fuera del país.

En Topo Chico, dice, el sistema de autogobierno que se afianzó obtenía ganancias mínimas de 5 millones de pesos semanales de la extorsión a internos y la venta de alcohol y droga. “El problema ahí no era por una sobrepoblación, el problema es el autogobierno que se gesta con la anuencia de las autoridades”.

En un reporte de 2014, el penal registraba una sobre-población de 10 por ciento. El número aumentó al 30 por ciento en 2016, de acuerdo con cifras del gobierno. Con una población que ronda los 4000 internos, el penal contaba con 300 custodios —100 para cada turno— al momento de ocurrir el motín de febrero.

“El problema se fue agravando desde que esta realidad se combina con este populismo legislativo que incrementa las penas y que permite un abuso de la prisión preventiva —explica Morales—. Entonces hay mucha más gente adentro, que si logra salir lo hace con mucha dificultad”.

Lo que se ha generado con ello es una pérdida del sentido penitenciario, añade. “Con penas tan elevadas, de 40, 50, 60, 100 años, la idea de la reinserción se pierde por completo. ¿Y qué pasa con ello? Bueno, se afianza el poder interno de la delincuencia”.

La población interna y el número de prisiones ha crecido en los últimos 20 años, dice Elena Azaola, la investigadora del Ciesas. Actualmente existen 252 000 reos, contra 191 000 que había en la década de 1990. La población masculina aumentó en un 40 por ciento, pero es la femenina la que duplicó su presencia. También las condiciones de vida interna se transformaron para mal durante ese periodo.

El que dos cabezas de células delictivas se confrontaran es entonces el detonador último de la crisis en Topo Chico, expone Azaola.

“Hay una falta de cuidado e inversión, una crisis que venía alargándose durante varios años y que se sabía que en cualquier momento podía explotar. Y como nadie la atendió, pues explotó. Y esto es lo mismo que continuará explotando en otros penales”.

México posee 392 prisiones. En la abrumadora mayoría, las condiciones operativas de Topo Chico se repiten. Hay una proporción de un guardia por cada 100 reos, y además son elementos que carecen de capacitación, son mal pagados y terminan, por lo tanto, subordinados al poder de la delincuencia. “Se trata de condiciones tan precarias y con equilibrios frágiles que en cualquier momento se rompen, como se rompió esta vez”, sintetiza Azaola.

En Topo Chico se vio claramente el olvido que tiene el gobierno sobre los centros penitenciarios, “una cadena extraviada”, dice la investigadora, que engendra “condiciones verdaderamente degradantes, infrahumanas, despersonalizadas, que devuelve a la sociedad individuos con esas mis-mas condiciones”.

La claudicación del Estado al control de las cárceles encamina a la privatización.

La manutención de los tres centros penitenciarios cuestan al gobierno de Nuevo León 800 millones de pesos. De ellos, 320 millones se van en dotar de alimentos a cerca de 9000 internos, 120 millones para el salario de los 900 custodios, que devengan 10 000 pesos mensuales cada uno, y los restantes 360 millones se van en mantenimiento y medicinas.

“Y no estamos haciendo rehabilitación”, dice el Bronco. “Evidentemente nomás los tenemos confinados”.
Ante ello, el gobernador pretende operar para convertir la entidad en la primera en mudar a un sistema penitenciario operado por particulares.

Hace poco, Rodríguez Calderón cuenta que viajó a Houston, Texas. Llegó al condado de Harris, en donde opera un sistema penitenciario mixto, es decir, con inversiones privadas y de gobierno. Conversó con el sheriff sobre la experiencia que se tiene, y regresó convencido de que ese es el camino a seguir.

“No tenemos que tenerle miedo a poder hacer las cosas —afirma—. Gastamos mucho dinero porque no sabemos cómo manejar un penal. (…) Tenemos que cambiar rápido, migrar de lo costumbrista a lo atrevido si tú quieres, pero para buscar soluciones positivas, no necesariamente desde el punto de vista económico.

“No se trata solamente de ahorrar, se trata de bien utilizar los recursos que tenemos, que si invertimos ese dinero sirva para la rehabilitación. Que aquellos que han pagado sus condenas puedan salir con condiciones diferentes a integrarse a la vida económica del país, a la vida emocional de sus familias, de su entorno”.

El gobernador dice que para ello cuenta con empresarios dispuestos a aportar capital para resolver el problema.

“Si seguimos con el tradicionalismo, de nada sirve que yo haya llegado a este gobierno”, sentencia.

Al día siguiente del motín en Topo Chico, 233 prisioneros fueron transferidos a seis centros penitenciarios fuera del estado, entre ellos los supuestos líderes zetas. Se cuenta también a 32 mujeres que terminaron en el Centro Federal de Readaptación Social número 16, de Coatlán, Morelos.

“Hemos recibido, a través de familiares, reportes de que en estos centros penitenciarios, los internos fueron recibidos a golpes —dice el informe de Cadhac en referencia a los internos transferidos—. Fueron recibidos a golpes y vejaciones. Nos alarma especialmente el caso de las 31 mujeres llevadas al Cefereso de Morelos. De acuerdo con testimonios de familiares y fuentes cercanas, se nos ha reportado que estas 31 mujeres fueron violadas a su arribo, golpeadas, desnudadas y humilladas”.

La referencia a sólo 31 internas excluye a la exdirectora de Topo Chico, también transferida al mismo Cefereso de Morelos.

Ese centro penitenciario se construyó recientemente con una mezcla de capital privado. Consuelo Morales dice que lo que ahí sucede es una muestra del futuro que aguarda si se privatiza el sistema en su conjunto.

“Hay una capacidad para 2500 mujeres, pero como hay inversión privada, esté llena o no, de todas formas se tiene que pagar como si estuviera a su máxima capacidad”, explica.

“¿Qué pasa en Estados Unidos? En las cárceles que están privatizadas, cuando una persona ya va a salir, significa que esa prisión va a recibir menos dinero y entonces se le inventa un nuevo delito y la persona se queda. Es un comercio vivo, es generar esclavitud de personas. Se trafica con la libertad”.

El modelo ya probó su fracaso, dice a su vez Elena Azaola.

“En Estados Unidos están revirtiendo todo eso, y nosotros estamos imitando un modelo que ellos ya han juzgado que es dañino. Se trata de un modelo totalmente infortunado, en el que esas compañías mantendrían la administración como un negocio y eso es todo un incentivo para continuar llevando más presos y llenar las cárceles porque con cada preso el gobierno está obligado a pagar una cuota a los contratistas”.

Lo que se requiere es un ánimo de respeto a los derechos humanos, dice Azaola, porque lo que hoy se tiene es un Estado vengativo, en cuyas cárceles no se hace justicia.

“Se ha construido toda una imagen del delincuente como un enemigo que no pertenece a la misma comunidad política que el resto de la sociedad, cuando forma parte de ella. Y en la medida que estamos socavando y expulsándolos de la sociedad, esa gente regresará más dañada a producir más daño”.