130,000 Desaparecidos: El sistema que administra el olvido

Ignacio Alvarado Álvarez

La prevalencia de un sistema que permite todavía la operación discrecional, corrupta y negligente de las fiscalías estatales constituye el eje central de la crisis de desapariciones en México. Esta estructura de impunidad alcanza también a la fiscalía federal y se refleja en un registro de 130,000 personas desaparecidas que hoy da cuenta de la podredumbre gubernamental que se busca limpiar bajo criterios administrativos. El intento del Estado por depurar este padrón puede verse como el reconocimiento de un inventario de omisiones acumuladas donde la cifra oficial es el testimonio de un colapso ético y técnico. El argumento oficial señala que dos terceras partes de esos registros carecen de base suficiente para permanecer en el listado, pero esta deficiencia informativa es la prueba documental de décadas de abandono institucional. Durante el periodo de las antiguas procuradurías estatales, la integración de las averiguaciones previas se realizaba bajo una lógica de simulación cuya prioridad era no generar indicadores de violencia que afectaran la imagen de los gobernadores en turno. Esta práctica institucionalizó el registro incompleto de las denuncias, omitiendo datos biométricos, nombres correctos y circunstancias de modo, tiempo y lugar. Lo que hoy se presenta como una inconsistencia de datos es el resultado de una política deliberada de ocultamiento que permitió que miles de expedientes nacieran muertos administrativamente.

El ejercicio del ministerio público en México se ha consolidado históricamente como un espacio donde se tejen intereses políticos y privados que condicionan la acción de la justicia. Las fiscalías operan como filtros con los que se decide qué casos avanzan y cuáles se detienen en función de lealtades externas o beneficios económicos. En el ámbito local, los ministerios públicos han funcionado como estructuras de poder que responden directamente a las necesidades del Ejecutivo estatal o de grupos fácticos con control territorial. La discrecionalidad en el manejo de las carpetas de investigación permite que los agentes del ministerio público negocien la libertad de los perpetradores o la parálisis de las búsquedas a cambio de prebendas. Este modelo de gestión del delito ha convertido a la procuración de justicia en una industria de protección de intereses particulares, donde la víctima es vista como un obstáculo burocrático que debe ser gestionado a través del cansancio y la desinformación. La corrupción en estas instancias es la base operativa que permite la supervivencia de un sistema que se alimenta de la opacidad.

Esta inercia criminal se traslada de manera natural al ámbito judicial, en donde el legado de corrupción se vuelve infranqueable para la mayoría de la población. La cadena de impunidad inicia con la mala fe o la incapacidad técnica del ministerio público al presentar pruebas débiles o mal integradas ante los jueces. En este escenario, el sistema judicial termina por validar la ineficiencia de las fiscalías, cerrando un círculo de protección que coloca a México entre los países con mayores índices de impunidad en el mundo. El tránsito de las procuradurías hacia fiscalías supuestamente autónomas no ha alterado la esencia de este sistema. Los cuadros operativos, los vicios en la toma de declaraciones y la falta de protocolos científicos de investigación permanecen incólumes. La supuesta autonomía ha servido en muchos casos para blindar a los fiscales frente a la rendición de cuentas, permitiéndoles operar con una independencia que solo beneficia a las estructuras de poder que los colocaron en el cargo. El resultado es un aparato de justicia que simula modernidad en sus leyes mientras mantiene prácticas casi coloniales en su aplicación cotidiana.

El fenómeno de las desapariciones debe comprenderse como un gran lastre social que ataca el corazón de la vida nacional, más allá de cualquier visión partidista o apasionamiento ideológico.   Una nación que registra decenas de miles de personas cuyo paradero se ignora es una nación con un contrato social roto. La incertidumbre sobre el destino de los ciudadanos genera un estado de ansiedad colectiva que impide la reconstrucción del tejido social. El daño no se limita a las familias afectadas directamente, sino que se extiende a toda la ciudadanía que percibe al Estado como un ente incapaz de cumplir con su función primordial de protección. La cifra de 43,000 personas que se consideran registros sólidos es, por sí sola, una catástrofe humanitaria sin paralelo en la historia moderna del continente fuera de contextos de guerra declarada. La persistencia de esta cifra y la negligencia histórica de las instituciones de justicia nos sitúan en un escenario de vulnerabilidad permanente, en el que la ley es una herramienta discrecional que se aplica según la conveniencia del momento político.

La inercia de este sistema corrupto augura un futuro de estancamiento en la búsqueda de la verdad si no se producen alteraciones reales en el funcionamiento de las fiscalías. El país se enfrenta a una crisis forense sin precedentes, con miles de restos humanos que saturan los servicios periciales sin que exista la voluntad política para procesarlos de manera digna y eficiente  (basta recordar el ofensivo caso de Jalisco).   La falta de inversión efectiva en tecnología, capacitación científica y supervisión ciudadana sobre los ministerios públicos garantiza que la cifra de desaparecidos continúe, alimentada por la misma impunidad que permitió su origen. El modelo actual se ha especializado en la administración del tiempo como una forma de olvido. Las autoridades apuestan a que el paso de los años diluya la presión de las familias y que las cifras puedan ser reducidas a través de métodos estadísticos en lugar de búsquedas efectivas. Este enfoque administrativo de la tragedia humana revela una profunda desconexión entre las instituciones y la realidad de violencia que vive el país.

El gran fenómeno social que enfrentamos es el de un Estado que ha delegado la justicia a un sistema de ministerios públicos capturado por intereses ajenos al bien común. Se ha privilegiado la cosmética de las cifras sobre el imperativo ético de la localización. Ante ello, lo que puede esperarse es la consolidación de un sistema de justicia de dos velocidades: una para quienes tienen el poder o los recursos para comprarla, y otra de abandono absoluto para el resto de la población. Es decir, lo mismo de siempre acaso con otra retórica. Esta desigualdad ante la ley es el combustible que mantiene vivas las inercias criminales en todos los niveles del gobierno. Mientras el sistema de procuración de justicia siga operando bajo las mismas lógicas de opacidad y corrupción que caracterizaron a las procuradurías del siglo pasado, México seguirá lastrado por una deuda histórica con sus desaparecidos. La depuración de padrones y el ajuste de cifras son medidas superficiales que no tocan la raíz del problema: la necesidad de una refundación total de las fiscalías que las arranque de las manos de la corrupción y las ponga al servicio de la verdad y la justicia.