Camila Gómez: el asesinato de la niña y los lodos de la política

Ignacio Alvarado Álvarez

En su conferencia mañanera del 1 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha referido al secuestro y asesinato de la niña de 8 años Camila Gómez, cometido el miércoles 27 en Taxco. En esencia lamentó lo sucedido y dijo que su gabinete de Seguridad investiga la secuencia de hechos para determinar si el caso es atraído por la Fiscalía General de la República, lo que pudiera suceder este martes. Es la segunda ocasión en menos de un mes que el mandatario alude a un crimen del orden común, y los dos han tenido lugar en Guerrero. Previamente lo hizo con el asesinato del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta, a manos de un agente estatal. Aquella ocasión se dijo dolido y refutó la versión oficial de las autoridades de esa entidad, al declarar que hubo “abuso de autoridad” y no un enfrentamiento a tiros.

El hecho de que el presidente de la nación intervenga en asuntos que no corresponden siquiera a su esfera de gobierno puede verse como gesto de un enorme compromiso y sensibilidad, de no ser por el momento político en que han sucedido ambos casos y a la falla institucional de un movimiento que personalmente impulsó contra viento y marea. Evelyn Salgado se convirtió en gobernadora después de que el INE inhabilitó la candidatura de su padre, el senador Félix Salgado Macedonio, por no entregar a tiempo un informe sobre los gastos de campaña. Detrás, sin embargo, Salgado contaba con acusaciones por la violación sexual de al menos dos mujeres, una de ellas menor de edad. Las acusaciones provocaron que un grupo de políticas de Morena se manifestara en contra de la candidatura del senador, no así López Obrador, que enmarcó todo en una supuesta maniobra de la oposición y llegó a calificar la nulidad del registro de Salgado como “un agravio a la democracia”.

El relevo en la candidatura no puede verse sino como lo que fue: un acto de claro nepotismo. El presidente evitó en su momento declarar sobre ello, pero no son pocas las veces en las que ha brindado un respaldo total a Evelyn Salgado. En agosto pasado, después de informar que en Guerrero disminuyó la pobreza en siete por ciento, López Obrador la calificó como “muy buena gobernadora” y, en un exceso discursivo, dirigiéndose a las ciudadanas y ciudadanos de Guerrero, prosiguió: “Se rayaron”. Bajo el mandato de Salgado, la entidad ha ofrecido un retrato justo de lo opuesto. No solo buena parte del territorio vive bajo asedio criminal, sino con el ejercicio de funcionarios corruptos en alcaldías, cuerpos de seguridad y la fiscalía, un combinado que la coloca a la cabeza en número de candidatos asesinados en en el marco de la actual contienda electoral, con seis de 22.

De vuelta al asesinato del estudiante de la normal de Ayotzinapa, las autoridades emitieron las horas posteriores un comunicado con la versión oficial. En él sostenían que Yanqui Kothan y su compañero de estudios, Osiel Faustino Jimón Dircio, pretendieron burlar un retén policial y que abrieron fuego contra los agentes. La prueba de rodizonato de sodio dio negativa para ambos estudiantes, pero la posición institucional no varió sino hasta que López Obrador habló del hecho en su conferencia mañanera. Aún así, el agente señalado por el asesinato huyó con anuencia de sus superiores, lo que obligó al presidente a señalar los intereses detrás que impedían la dilación de la justicia. Ante ello, la gobernadora debió aceptar las renuncias del secretario de Gobierno y del de Seguridad, un general Brigadier que contó con el respaldo presidencial y del secretario de Defensa apenas cuatro semanas antes, cuando entró en sustitución de Evelino Méndez, bajo cuya gestión de dos años aumentó el crimen en Acapulco, Chilpancingo y Taxco.

El día anterior a su muerte, Yanqui Kathan fue parte de los estudiantes que derribaron una de las puertas de Palacio en demanda de una audiencia con López Obrador, quien terminaría por descalificar la protesta por ser un acto de manipulación en contra de su gobierno, según él. Entre el asesinato del estudiante de la normal y el de la niña Carina Gómez median 20 días, y la misma negligencia criminal. Lo ocurrido el 27 y 28 de marzo en Taxco se cuenta por sí mismo. Ante el primer reporte de desaparición de la menor, nadie atinó a aplicar la Alerta Amber. En vez de ello, el alcalde, el secretario de Gobierno, el encargado de la seguridad municipal, el de la estatal y la misma gobernadora fueron causantes de lo que vino después, el linchamiento que provocó la muerte de la principal sospechosa del secuestro y homicidio, porque ninguno actuó.

Mario Figueroa Mundo, el presidente municipal de Taxco, lo mismo que la gobernadora, es un improvisado de la política que llegó al cargo en su segunda contienda, tras una alianza de Fuerza por México y Morena. En 2023, la revista C&E (Campaigns and Elections México) lo nombró como uno de los mejores alcaldes del país. Bajo esa premisa le concedió la portada y una entrevista en la que Figueroa se autoelogia. Presumió de encabezar un gobierno que recupera “la grandeza” del municipio, que su gestión es un “95.02” por ciento transparente y que en dos años ha realizado 661 obras. No habló en ningún momento, ni tampoco fue cuestionado, sobre el tema de la seguridad. La entrevista es claramente un gacetillazo.

En un municipio en el que la fuerza policíaca está compuesta por 40 elementos, las células del crimen extorsionan, secuestran y asesinan sin ser confrontadas. El propio alcalde ha sido blanco de tres atetados desde 2020, ninguno de los cuales ha sido explicado ni por él ni por ninguna autoridad. Pese a todo, Figueroa ha dicho que la inseguridad es tan solo un “bachecito” en su gestión. Aun en la tragedia que rodea al caso de la niña, el alcalde se mantiene firme en la idea de que ha fortalecido la imagen del municipio. El linchamiento, sostiene, fue por la falta de respuesta de las autoridades estatales, incluida la gobernadora, y no suya. Lo hace porque busca reelegirse en el cargo, esta vez como abanderado de Movimiento Ciudadano. Morena lo rechazó justo por su mal manejo de la seguridad. Como sea, un caso de estricto orden local no tendría porqué ser abordado por el presidente, y menos buscar la atracción del caso al ámbito federal. Pero son tiempos de campaña y en el centro del debate público se encuentra la violencia criminal que envuelve no solo a Guerrero, sino a buena parte del país. Y casos como el de Camila debilitan el discurso de que estamos mejor, de que se tiene cero impuni